España se encuentra inmersa en una guerra ilegal que viola no sólo el Derecho Internacional sino también su propia Constitución. El Magistrado Joaquín Navarro nos explica en qué consiste esta ilegalidad.

-¿Por qué esta guerra es ilegal?
-La única posibilidad de que una guerra sea declarada legal y pueda tener el paraguas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que cumpla uno de los dos requisitos que señala el Capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas: que exista una agresión de un país a otro de la Comunidad internacional, lo que daría lugar a una legítima defensa por parte del país agredido. O que exista un peligro grave, objetivo e inminente para la paz y la seguridad internacional. Ninguno de estos casos ha tenido lugar por mucho que se diga que la Resolución 1441 autoriza el uso de la fuerza. Los que argumentan esto saben que mienten. La propia letra de la Resolución dice con toda claridad que en el supuesto de que Irak no cumpla con su obligación de desarmarse de forma incondicional y total, daría lugar a consecuencias graves. Pero no dice cuáles son esas consecuencias ni quién está legitimado para designar cuáles serían esas consecuencias (sin duda sólo el Consejo de Seguridad y no tres miembros de ese Consejo). Por otro lado, conectar la Resolución 1441 con otras dictadas en 1991 con motivo de la guerra del Golfo, es sólo producto de una mente antijurídica y maliciosa. Cuando oigo al presidente Aznar hacer esto pienso sinceramente que no tiene ni idea de lo que es el Derecho y que es un cínico. Porque un gobernante que en 1997 ordena la reanudación de relaciones diplomáticas con Irak, envía una embajada para potenciar las relaciones económicas y culturales con aquel país y se compromete a hacer todo lo posible para levantar el embargo al que está sometida la población, ¿cómo después puede decir que según la Resolución 687, ese país se encuentra todavía en un estado de guerra suspendida pero sometido a cumplir estrictamente la condición del desarme?

-¿Por qué el presidente Aznar habla de la intervención en Kosovo como un precedente?
-Sí, esos tres forajidos que han declarado la guerra a Irak, dicen que se actúa como se hizo en Kosovo: sin autorización de la ONU. Pero no podemos olvidar que allí se actuó ilegalmente, por lo menos al principio. Luego la ONU dio su bendición. No es éste el caso.

-Abogados progresistas y otras formaciones hablan de querellarse contra Aznar por estos hechos. ¿Sería legalmente posible?
-Se ha roto el orden internacional basado en el Consejo de Seguridad de la ONU y además, en el caso de Irak, se está cometiendo un crimen de agresión muy claro que podría ser competencia, como me dice, de la Corte Penal Internacional. Podría ser... pero yo no soy optimista en este sentido. Estos forajidos son impunes por naturaleza. Quien tiene el poder es siempre impune ante el Derecho. Que el Sr. Aznar o Blair se sienten un día en el banquillo de los acusados del Tribunal Internacional de La Haya, es una situación muy remota y menos el Sr. Bush.
Decía Cicerón que sólo hay dos causas posibles para una guerra justa, repeler una agresión o expulsar a un invasor. Según esto sería Irak quien tendría todos los derechos para hacer una guerra justa.

-El presidente Aznar dijo el otro día en el Parlamento que actúa amparado por la Constitución y por la mayoría absoluta con la que cuenta. Si esto es así, ¿un grupo parlamentario o un dirigente podría actuar a expensas del pueblo, amparándose sólo en esa mayoría absoluta? ¿Qué tipo de Constitución tenemos entonces?
-La Constitución dice en su art. 63.3 que es función del Jefe del Estado (Rey), declarar la guerra y después declarar la paz. Y en este sentido tiene que verse respaldado por las Cortes Generales, tanto Congreso como Senado en sesión conjunta. Lo que dice ahora Aznar -algo sorprendente y peregrino-, es que por una parte no hay declaración de guerra y por otra que el desarrollo de las normas relativas a la organización armada y a la dirección de la política de defensa por parte del presidente del Gobierno, le legitima para poder hacer lo que hace. Eso es una barbaridad. Y también lo que han dicho algunos ministros del Gobierno, cuyo nombre no sabemos todavía, que aconsejaron enviar a un contingente de soldados en funciones que no fuesen de agresión, para evitar que luego les dijesen que infringían la Constitución. Cuestión que está siendo vulnerada desde el momento en que el Sr. Aznar viola directamente el Capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, que forma parte de nuestra Constitución según el artículo 10 (tiene valor de tratado y es incorporado como tal a nuestro ordenamiento).

-Me está usted repitiendo una tras otra, las ilegalidades en las que está incurriendo el presidente Aznar y me señala su pesimismo. ¿Es que estas ilegalidades no pueden llegar a ser punibles?
-La responsabilidad criminal del presidente del Gobierno se exige por vía penal a través del Tribunal Supremo, y yo le aseguro que no existe desde el TS la más mínima intención ni tan siquiera de plantearse esto como una posibilidad. Por otro lado, la Constitución también prevé la exigencia de responsabilidad política del presidente del Gobierno en un asunto de esta índole que podría conducir al cese, pero claro, dada la mayoría absoluta con la que cuenta el Sr. Aznar en el Congreso de los Diputados, eso no ocurriría nunca. Decía Leonardo Sciascia que el poder es el gran delincuente impune.