bundante documentación, testimonios y
hechos como el despido de las profesoras Resurrección Galera, Francisca
Urbano y María del Carmen Galayo, han sido presentados a los medios de
comunicación por la Federación Española de Profesores de Enseñanza Religiosa
(FEPER). Con ello pretenden dar a conocer a la opinión pública la situación
que de forma continuada viene sufriendo este colectivo como consecuencia del
Acuerdo firmado en 1979 entre el Ejecutivo y la Santa Sede. Este Acuerdo
reconoce al Obispado la potestad de proponer y cesar a los profesores de
religión, y al Estado la de contratarles y pagarles. Contratos basura,
presiones, falta de transparencia, impuestos "voluntarios", arbitrariedad,
atentados contra la intimidad, etc. son algunas de las cuestiones que
denuncia este colectivo. Por otro lado, la Conferencia Episcopal niega estas
acusaciones al considerarlas carentes de fundamento.
Hablamos con el presidente de FEPER, Luis Guridi.
-Desde el Ministerio aseguran que la Iglesia es la única capacitada para
elegir a los profesores de Religión, pero en cambio es el Gobierno quien les
contrata y paga el sueldo. Entre ambas actuaciones ustedes denuncian que se
vulneran sus derechos constitucionales. ¿Cómo es posible esta situación?
-Nosotros hemos creído siempre que los Acuerdos Iglesia-Estado deben
ser constitucionales. Si lo son, dentro de ellos estaría la solución y no
habría que hablar de revisiones. Si la interpretación de esos Acuerdos se
hace de forma interesada, entonces se llega a una situación de injusticia
social que es ante la que nos encontramos, y por lo tanto es obligado hacer
esa revisión. Los profesores de Religión de la enseñanza privada -la mayoría
pertenecen a la Iglesia- gozan de un contrato fijo e indefinido. En cambio,
nosotros estamos en una situación de precariedad a expensas de que el Obispo
cada año te considere idóneo y te proponga para esa plaza. Exigimos que haya
razones para un cese, no que sean decisiones arbitrarias que en un momento
determinado se saquen de la manga. Me recuerda al derecho de pernada de la
Edad Media, donde una persona podía hacer lo que le diese la real gana con
otras. Hoy en día, en un Estado de derecho, eso no se puede admitir.
-¿Qué requisitos exigen a un profesor de Religión para impartir clases en
un centro público?
-Para enseñanza primaria exigen la diplomatura de maestro y para
secundaria, ser licenciado en Ciencias de la Religión o bien en cualquier
otra materia (filosofía, literatura, etc.) además de tres años de Teología.
Además de esta titulación, los Acuerdos Iglesia-Estado nos exigen la DEI
(Declaración Eclesiástica de Idoneidad) que asegura que posees créditos en
Teología y Pedagogía y estás capacitado para dar clases de Religión. Por
último, debe proponernos el Obispo. Y es ahí donde vemos una arbitrariedad
ya que entendemos que te proponen una vez, no te tienen en sus manos toda la
vida. No hay que olvidar que existen clases de Religión en la enseñanza
pública, no por los Acuerdos del 79, sino por el art.27.3 de la
Constitución.
-En sus declaraciones denuncian una connivencia entre Administración y
Jerarquía.
-¿Cómo es posible que ante la existencia de una relación laboral
(profesor-Administración) que hasta los propios tribunales, -incluido el
Supremo-, reconocen, al final sea la Iglesia quien, saltándose todas las
normas, determine nuestra situación laboral? Nosotros entendemos que eso va
contra el derecho y contra la Constitución. Creemos que existe una dejación
de funciones de la Administración en manos de la Jerarquía, por lo que esta
última no hace más que aprovechar la situación. Nos parece normal que se
empleen criterios de selección, pero una vez seleccionado no pueden jugar
con las personas y sus derechos. Como cualquier trabajador, si encuentran
razones para un cese, tendrían que abrir un expediente, cosa que actualmente
no ocurre.
-Hemos leído que algunas Diócesis pedían a los profesores un porcentaje
de su sueldo. Ellos insisten en que se trata de un "donativo voluntario",
mientras que ustedes lo califican de "impuesto revolucionario". ¿Cuál es el
fin de estas aportaciones?
-Lo piden para ayudar a la delegación diocesana. Y es cierto que
aquellas personas que no lo pagan, luego son presionadas. Llevan un control
de quién paga y quién no, y hay profesores que están en el paro por negarse.
Algunas Diócesis van más allá y exigen al profesor de Religión que haga un
juramento de fidelidad a su Obispo como requisito para desempeñar su
trabajo. Todo ello lo corroboramos con pruebas documentales, circulares y
comunicaciones. En general existe una situación de miedo y muchos profesores
han firmado papeles -requisito indispensable para ser propuestos para el año
siguiente-, con los que no estaban conformes. Hace tiempo, cuarenta y cuatro
profesores de Madrid iniciamos una serie de protestas y manifestaciones que
terminaron en una huelga de hambre durante 28 días para denunciar la
situación que vivíamos y explicar nuestra negativa a firmar unos contratos
"basura". Hoy seguimos siendo profesores de Religión, gracias a aquella
huelga.
-¿Qué creen ustedes que pretende la Conferencia Episcopal con este tipo
de actuaciones?
-Tener adeptos. Por ejemplo, este año nos obligan a realizar un
curso de reciclaje sobre Evangelización. Yo no puedo hacer eso en un centro
público, pagado con dinero público donde el Estado es aconfesional y donde
existen creyentes y no creyentes a los que hay que respetar. Eso va contra
la Constitución.
-Está usted hablando de trato discriminatorio, arbitrariedad, de atentado
contra los derechos de las personas por parte de la Iglesia. Todo esto
parece chocar con lo que dejó demostrado Cristo con su vida y lo que tanto
se predica.
-La jerarquía de la Iglesia busca el servilismo de los profesores. A
mí me han llamado radical por defender posturas y decir la verdad. ¿Cómo se
llama entonces a esa persona que actúa abusando de su poder, con
prepotencia, amenazas, chantajes y represalias...? Yo creo que el mensaje de
Cristo en aquella sociedad también era radical. Precisamente por eso le
mataron, no porque fuera Dios. ∆