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NUEVA LEY DEL MENOR
La Ley que nació sin medios

Texto: Marta Iglesias / Fotos: Nan

Hay un epíteto que se ajusta perfectamente a la Ley: innovadora. Y es que con la nueva Ley del Menor varias son las novedades introducidas, como el que sea educadora más que castigadora, buscando la reinserción real de los menores más que el castigo de encerrarles en cárceles. Otro cambio sustancial es a nivel legislativo, donde en lugar de instruir los jueces -como hasta ahora se venía haciendo- lo hacen los fiscales. Con ello se elimina la acusación particular y se equipara España al nivel europeo legislativamente hablando. Además, con esta ley aparecen nuevas figuras en el panorama: los equipos técnicos formados por psicólogos, pedagogos y sociólogos que aconsejarán al fiscal cuál es la medida más adecuada para imponer al menor; por otro lado están las Comunidades Autónomas (CCAA) que son las encargadas, por primera vez, de poner los medios para que se cumplan las medidas indicadas por el juez. Con ello la justicia española da un vuelco y es probable que esto marque un nuevo modelo a seguir para próximas leyes que se aprueben.

  Cambios legales 

Aunque a nivel legal el que sean los fiscales los que instruyan nos equipara a la UE, las consecuencias han generado malestar en la sociedad. En concreto se quejan los familiares de las víctimas, ya que el nuevo sistema les impide participar como acusación en un juicio a un menor, a menos que exijan responsabilidades tales como indemnizaciones. Este papel acusador ha quedado en manos del fiscal que, de todos modos, ha de tener en cuenta las sugerencias del equipo técnico para pedir la pena. Éstos deben evaluar el caso y valorar si la medida que el fiscal va a pedir es adecuada o no para el menor al que se le va a aplicar. La nueva Ley se convierte así en algo personalizado, que valora cada caso por independiente y se ajusta a las necesidades del menor juzgado.
Una vez que los equipos técnicos valoren el caso y sugieran lo más adecuado, el fiscal instruya y el juez indique la pena, queda la aplicación de la misma. Competentes para ello son ahora las CCAA, y aquí empieza la confusión mediática. Podemos leer casi a diario cómo los responsables de las autonomías alegan falta de medios para poder edificar y contratar el personal necesario para los Centros de Menores donde se llevarán a cabo las medidas de seguridad impuestas a los chavales. ¿Es posible que se haya aprobado una ley sin poner medios físicos para ello? ¿Es real que las CCAA no tengan partidas presupuestarias dedicadas a hacer cumplir la Ley, o realmente no hay voluntad política para ello? "Creo que las dos cosas, aunque cuando se necesitan medios para otras cosas sí aparece dinero. A mi entender, falta voluntad política y aparte se escudan en que no tienen medios", opina el Fiscal Jefe de León, Félix Herrero. Por su parte, el Procurador del Común de Castilla y León -Defensor de los Derechos Humanos de la Comunidad- prepara acciones sobre el terreno: "Es de temer que los medios con los que actualmente cuenta la Administración autonómica para la ejecución de las medidas acordadas judicialmente no resulten suficientes. De comprobarse esta circunstancia, así como la inactividad administrativa de cara a la previsión de futuras actuaciones, adoptaré las resoluciones oportunas para contribuir a que el órgano administrativo competente corrija, en la medida en que sea posible, tales deficiencias".
Una de las acciones legales que avivó la polémica en las calles y el motivo número uno de que llegase el tema a la opinión pública es la salida de las cárceles de más de cien menores que estaban en prisión preventiva, en espera de juicio, o cumpliendo penas en la cárcel. Sin tener en cuenta el delito cometido por cada uno de los jóvenes, todos quedaron en libertad, lo que causó alarma social y un rechazo a la nueva Ley, principalmente por parte de los familiares de las víctimas y de diferentes asociaciones. Esteban Ibarra, presidente de Movimiento contra la Intolerancia, señalaba en esos días al semanario Tiempo que "Todos estamos por la rehabilitación. Pero me parece que el nuevo texto es injusto con las víctimas. Se basa en el interés superior del menor, pero no puede ser que un padre a cuya hija han matado, no pueda ejercer la acusación particular en el caso".

  Los beneficiarios de la nueva Ley 

La excarcelación de estos menores se debió a la laguna legal que se produce al pasar de una ley a otra: "Estos menores, antes de que entrara en vigor la Ley, estaban enjuiciados como si fuesen mayores y por lo tanto estaban en prisión preventiva o cumpliendo pena en prisión. Como conforme a la nueva Ley no se les puede tener en prisión preventiva más que dos o tres meses, ni pueden cumplir penas en prisión superiores a cinco años, todos los que ya habían rebasado el límite tuvieron que salir. Ni más ni menos. Por la pura práctica y mecánica de la aplicación de la Ley", aclara el Fiscal Jefe. Ahora los procesos tienen que solucionarse más rápido, y por tanto no volverán a dar lugar a estos casos que surgen del acople entre un procedimiento antiguo y otro nuevo. Y como punto final, pero más olvidado que nunca, está el objetivo de la Ley, que persigue reinsertar más que castigar. Es por ello que se aplica a los que cometen el delito siendo menores y no habla de penas, sino de medidas de seguridad. Como cada caso es personalizado, éstas pueden ir desde el internamiento en un centro en el que va a desarrollar actividades educativas, hasta realizar trabajos para la comunidad, o vivir en su propia casa y permanecer vigilado por un guardia de seguridad. Con ello se pretende bajar definitivamente ese porcentaje del 80% que son los jóvenes que recaen en la delincuencia al salir de la cárcel. Leyes similares ya se están aplicando en Europa con muy buenos resultados, según confirma Félix Herrero "En Alemania, por ejemplo, ha descendido muchísimo la delincuencia de los menores. O sea, que funciona el sistema. Pero si esa medida se aplica donde casi ni existen agentes de libertad vigilada, como es España, pues el resultado no será el mismo. La medida se impondrá porque es la que establece la Ley, pero el resultado variará siempre en función de los medios que existan para cumplirla". Los que pueden realizar acciones para solucionar esta falta de medios ya se ponen manos a la obra. El Procurador del Común de Castilla y León nos informa: "He iniciado una actuación de oficio sobre los menores desprotegidos e infractores en Castilla y León. En relación con estos últimos estoy llevando a cabo, entre otras cosas, las gestiones de investigación oportunas con la Administración autonómica, a fin de determinar los medios existentes y las actuaciones normativas realizadas, o prevista, para asegurar la ejecución de las medidas adoptadas por los órganos judiciales competentes, al amparo de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores".
Con todo ello parecería que estamos ante una ley apresurada, y surgen dudas sobre dónde salió la ocurrencia de cambiarla. La respuesta está en la UE, ya que todos los derechos del niño y los derechos humanos a los que se ha adscrito hacen variar las leyes de todos los países miembros que no sean acordes a esos tratados internacionales. Y de prisa nada, ya que esta Ley tuvo mucho consenso parlamentario de todas las fuerzas políticas y lleva publicada desde enero de 2000, lo cual dejó un plazo de un año para la preparación de toda la infraestructura.
De modo que nos encontramos ante una ley teóricamente perfecta y prácticamente inaplicable, donde todas las partes tienen algo que decir. Plagada de dudas como en qué centros inexistentes se internará a los menores, de qué servirá la Ley sin medios, o si las víctimas han perdido sus derechos, la Ley del Menor pone a los españoles ante una única pregunta: ¿reeducar o castigar? La primera respuesta se espera por parte de una plataforma ciudadana de víctimas de delitos, que pedirá la modificación de la Ley del Menor. ∆

 
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Última revisión: abril 07, 2011.  FA