TEMA DEL MES - CONFLICTO DE PODERES
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"Veo
muy amenazada la libertad de expresión en este país, cada vez más
alejada la libertad política y esto es algo que me alarma"
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Asistimos
desde hace tiempo a un pulso entre el Gobierno y la Judicatura. Los hechos
así lo demuestran y parece que tendrá que ser el Tribunal de Conflictos de
la Jurisdicción quien ponga punto y final a estas tensiones.
Por un lado el Tribunal Supremo rechaza el reingreso del Juez Gómez de
Liaño, recientemente indultado por el Gobierno. Por otro, la Audiencia
Nacional dicta una sentencia que anula la congelación de salarios a los
funcionarios, decretada por el Ejecutivo en 1997. En medio de todo esto, se
habla de la necesidad de una reforma en la justicia.
El Juez Navarro Estevan, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid,
nos aporta su visión sobre estos y otros temas de actualidad dentro del
mundo de la justicia.
-A juzgar por estos casos -indulto al Juez Gómez de Liaño y
congelación salarial a los funcionarios- parece que nos encontramos ante un
"duelo entre titanes". ¿Me podría explicar qué está pasando?
-Bueno ambas cuestiones son cosas diferentes. Yo no creo que exista
una ofensiva judicial contra el Gobierno, como en algún sitio se ha
comentado. En el caso de la sentencia del Supremo -afín al PSOE que aún no
ha olvidado el caso Sogecable- contra la readmisión de Gómez de Liaño en
la carrera judicial una vez indultado por el Gobierno, me parece algo
inadmisible. Creo que patentiza una actitud obsesiva de algún sector del
Supremo contra Gómez de Liaño. No existe ningún precedente histórico ni
institucional donde el Tribunal Supremo cuestione un indulto concedido por
el Gobierno ejerciendo el derecho de gracia. Aquí el Supremo invadió
competencias del Ejecutivo, y eso dejando claro que personalmente no estoy
de acuerdo con que exista el derecho de gracia -secuela de la vieja
prerrogativa regia, cuando el rey era juez supremo e impartía justicia-,
pero está contemplado en la Constitución que ese poder, hoy por hoy, esté
en manos del Ejecutivo, y además la propia ley señala que no tiene por
qué estar motivado.
Ante este hecho, hay asociaciones de jueces, como Francisco de Vitoria, que
están muy preocupados con lo que se ha dado en llamar la doctrina Liaño,
porque puede sentar un precedente. Imagínese que se empieza a aplicar en
las provincias por los Tribunales Superiores de Justicia, entonces se
condenaría a los jueces como churros. Estoy convencido de que el Tribunal
Constitucional va a anular la sentencia del Supremo por contaminación de
este Tribunal, por falta de imparcialidad en el caso. Porque muchos de esos
Magistrados han intervenido en fases intermedias o preliminares, y eso es
estar contaminado. Al final el Gobierno acudirá al Tribunal de Conflictos
de la Jurisdicción, que posiblemente le dé la razón y se la quite al
Supremo.
En cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el tema de los
funcionarios, le tengo que confesar que personalmente no la he leído.
Conozco el tema por la prensa. Aunque creo que se ha formado un escándalo
donde no lo hay. La Audiencia ha dictado una sentencia que el Supremo
revocará o confirmará, y nada más. En ello no veo ningún tipo de
animosidad por parte de los magistrados hacia el Gobierno. Lo que ocurre es
que esto ha generado unas consecuencias no esperadas en nuestro país
(huelgas, manifestaciones) que están dañando la imagen del Gobierno en el
mundo de la justicia.
-Nuestra Constitución recoge que la justicia emana del pueblo y que
nuestro Estado de derecho es protegido por jueces y magistrados
independientes que están sometidos únicamente al imperio de la Ley.
¿Cómo se puede unir a todo esto, las últimas declaraciones del Ministro
Acebes en las que amenaza con utilizar la mayoría absoluta para llevar a
cabo una reforma en la Justicia?
-Entiendo la postura de Acebes y el Gobierno porque si ellos
consideran necesaria una reforma en la Justicia -cuestión con la que estoy
totalmente de acuerdo- dirigida a cambiar el sistema de elección de los
doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es imposible
negociar con el PSOE e IU, pues tendrán que pensar otras vías. Hay que
tener en cuenta que este sistema les es muy conveniente a todos, ya que les
permite repartirse el botín, al contar cada grupo político con una serie
de Vocales que permite controlar una porción del Consejo que es el órgano
encargado de nombrar a los puestos fundamentales de la justicia: Supremo,
Presidentes de Sala, Presidentes de Audiencias Provinciales, etc. Lo
realmente constitucional sería que esos doce magistrados fuesen elegidos de
entre jueces y magistrados, por jueces y magistrados en activo. Lo que hizo
el PSOE en el 85, cambiando el sistema de elección, fue un golpe de estado
dirigido a mediatizar el mundo de la justicia, para poder utilizarla como
instrumento al servicio del ejecutivo. Cambiar este sistema de elección no
va a solucionar todos los problemas que existen en la justicia, pero sí
harían más difícil la politización partidista. Ahora bien, no estoy de
acuerdo con otras propuestas que incluye el Ministro Acebes, como eso de
querer hacer a los jueces funcionarios públicos -dependientes de un
superior- ¿Qué se implanta entonces, una dictadura según la cual los
tribunales no son independientes para dictar una sentencia que le parece
justa, por miedo a que el Gobierno pueda tomar cartas en el asunto y le
retiren el sueldo? Esto es inconcebible y demuestra que se está regresando
a situaciones totalitarias. Veo muy amenazada la libertad de expresión en
este país, veo cada vez más alejada la libertad política y esto es algo
que me alarma muchísimo.
-Y mientras, el ciudadano de a pie ¿qué puede hacer?
-El ciudadano no entiende lo que está ocurriendo y nadie se lo
explica. Sólo le llegan los escándalos. Si no se le informa, ¿cómo va a
opinar? Ante este lamentable espectáculo sabe que algo está ocurriendo,
que no es sano, pero tampoco sabe cómo solucionarlo.
-Deduzco de sus palabras que nos enfrentamos a algo que no es
exclusivo de este Gobierno, sino de todos los que detentan el poder en un
momento determinado, sean del partido que sean.
-El Gobierno Aznar se ha dado cuenta de la brutalidad que ha
supuesto aquella ley del año 85 introducida por el PSOE que ha significado
la politización partidaria de la justicia. Lo que ocurre es que es muy
difícil eliminar algo de lo cual ellos también se benefician. Este es el
problema que tienen ahora planteado y dicen que quieren negociar el sistema
de elección. Mire usted, eso no se puede negociar porque sólo existe una
fórmula constitucional, la otra es fraudulenta. En cambio sí se puede
negociar la Ley de Inmigración... ∆
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