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TEMA DEL MES - CONFLICTO DE PODERES

El Juez Navarro Estevan, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid
"Veo muy amenazada la libertad de expresión en este país, cada vez más alejada la libertad política y esto es algo que me alarma"

 

Asistimos desde hace tiempo a un pulso entre el Gobierno y la Judicatura. Los hechos así lo demuestran y parece que tendrá que ser el Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción quien ponga punto y final a estas tensiones.
Por un lado el Tribunal Supremo rechaza el reingreso del Juez Gómez de Liaño, recientemente indultado por el Gobierno. Por otro, la Audiencia Nacional dicta una sentencia que anula la congelación de salarios a los funcionarios, decretada por el Ejecutivo en 1997. En medio de todo esto, se habla de la necesidad de una reforma en la justicia.
El Juez Navarro Estevan, Magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, nos aporta su visión sobre estos y otros temas de actualidad dentro del mundo de la justicia.

-A juzgar por estos casos -indulto al Juez Gómez de Liaño y congelación salarial a los funcionarios- parece que nos encontramos ante un "duelo entre titanes". ¿Me podría explicar qué está pasando?
-Bueno ambas cuestiones son cosas diferentes. Yo no creo que exista una ofensiva judicial contra el Gobierno, como en algún sitio se ha comentado. En el caso de la sentencia del Supremo -afín al PSOE que aún no ha olvidado el caso Sogecable- contra la readmisión de Gómez de Liaño en la carrera judicial una vez indultado por el Gobierno, me parece algo inadmisible. Creo que patentiza una actitud obsesiva de algún sector del Supremo contra Gómez de Liaño. No existe ningún precedente histórico ni institucional donde el Tribunal Supremo cuestione un indulto concedido por el Gobierno ejerciendo el derecho de gracia. Aquí el Supremo invadió competencias del Ejecutivo, y eso dejando claro que personalmente no estoy de acuerdo con que exista el derecho de gracia -secuela de la vieja prerrogativa regia, cuando el rey era juez supremo e impartía justicia-, pero está contemplado en la Constitución que ese poder, hoy por hoy, esté en manos del Ejecutivo, y además la propia ley señala que no tiene por qué estar motivado.
Ante este hecho, hay asociaciones de jueces, como Francisco de Vitoria, que están muy preocupados con lo que se ha dado en llamar la doctrina Liaño, porque puede sentar un precedente. Imagínese que se empieza a aplicar en las provincias por los Tribunales Superiores de Justicia, entonces se condenaría a los jueces como churros. Estoy convencido de que el Tribunal Constitucional va a anular la sentencia del Supremo por contaminación de este Tribunal, por falta de imparcialidad en el caso. Porque muchos de esos Magistrados han intervenido en fases intermedias o preliminares, y eso es estar contaminado. Al final el Gobierno acudirá al Tribunal de Conflictos de la Jurisdicción, que posiblemente le dé la razón y se la quite al Supremo.
En cuanto a la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el tema de los funcionarios, le tengo que confesar que personalmente no la he leído. Conozco el tema por la prensa. Aunque creo que se ha formado un escándalo donde no lo hay. La Audiencia ha dictado una sentencia que el Supremo revocará o confirmará, y nada más. En ello no veo ningún tipo de animosidad por parte de los magistrados hacia el Gobierno. Lo que ocurre es que esto ha generado unas consecuencias no esperadas en nuestro país (huelgas, manifestaciones) que están dañando la imagen del Gobierno en el mundo de la justicia.

-Nuestra Constitución recoge que la justicia emana del pueblo y que nuestro Estado de derecho es protegido por jueces y magistrados independientes que están sometidos únicamente al imperio de la Ley. ¿Cómo se puede unir a todo esto, las últimas declaraciones del Ministro Acebes en las que amenaza con utilizar la mayoría absoluta para llevar a cabo una reforma en la Justicia?
-Entiendo la postura de Acebes y el Gobierno porque si ellos consideran necesaria una reforma en la Justicia -cuestión con la que estoy totalmente de acuerdo- dirigida a cambiar el sistema de elección de los doce Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y es imposible negociar con el PSOE e IU, pues tendrán que pensar otras vías. Hay que tener en cuenta que este sistema les es muy conveniente a todos, ya que les permite repartirse el botín, al contar cada grupo político con una serie de Vocales que permite controlar una porción del Consejo que es el órgano encargado de nombrar a los puestos fundamentales de la justicia: Supremo, Presidentes de Sala, Presidentes de Audiencias Provinciales, etc. Lo realmente constitucional sería que esos doce magistrados fuesen elegidos de entre jueces y magistrados, por jueces y magistrados en activo. Lo que hizo el PSOE en el 85, cambiando el sistema de elección, fue un golpe de estado dirigido a mediatizar el mundo de la justicia, para poder utilizarla como instrumento al servicio del ejecutivo. Cambiar este sistema de elección no va a solucionar todos los problemas que existen en la justicia, pero sí harían más difícil la politización partidista. Ahora bien, no estoy de acuerdo con otras propuestas que incluye el Ministro Acebes, como eso de querer hacer a los jueces funcionarios públicos -dependientes de un superior- ¿Qué se implanta entonces, una dictadura según la cual los tribunales no son independientes para dictar una sentencia que le parece justa, por miedo a que el Gobierno pueda tomar cartas en el asunto y le retiren el sueldo? Esto es inconcebible y demuestra que se está regresando a situaciones totalitarias. Veo muy amenazada la libertad de expresión en este país, veo cada vez más alejada la libertad política y esto es algo que me alarma muchísimo.

-Y mientras, el ciudadano de a pie ¿qué puede hacer?
-El ciudadano no entiende lo que está ocurriendo y nadie se lo explica. Sólo le llegan los escándalos. Si no se le informa, ¿cómo va a opinar? Ante este lamentable espectáculo sabe que algo está ocurriendo, que no es sano, pero tampoco sabe cómo solucionarlo.

-Deduzco de sus palabras que nos enfrentamos a algo que no es exclusivo de este Gobierno, sino de todos los que detentan el poder en un momento determinado, sean del partido que sean.
-El Gobierno Aznar se ha dado cuenta de la brutalidad que ha supuesto aquella ley del año 85 introducida por el PSOE que ha significado la politización partidaria de la justicia. Lo que ocurre es que es muy difícil eliminar algo de lo cual ellos también se benefician. Este es el problema que tienen ahora planteado y dicen que quieren negociar el sistema de elección. Mire usted, eso no se puede negociar porque sólo existe una fórmula constitucional, la otra es fraudulenta. En cambio sí se puede negociar la Ley de Inmigración... ∆

   

   
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Última revisión: abril 07, 2011. 
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