-Cuando surge un problema alimentario ¿qué capacidad de reacción está demostrando tener el Gobierno?
-Por lo visto, bastante limitada. Uno de los desencadenantes es la evidente descoordinación de la Administración en general, y sobre todo, la que administra la Salud Pública, que está transferida prácticamente en su totalidad a las comunidades autónomas, lo que dificulta esa capacidad de reacción. A veces las distintas comunidades autónomas actúan en sentidos diferentes, y con respuestas absolutamente dispares.
Fruto de las diversas crisis, ya se ha aprobado la Agencia de Seguridad Alimentaria que en el futuro será quien directamente lleve esa política de coordinación.

-¿Pero de quién puede fiarse el consumidor, si las noticias ofrecen informaciones contradictorias, hablando de sustancias perjudiciales que al parecer se están consumiendo?
-Es complicado. Básicamente, para tratar una crisis de seguridad alimentaria hay dos pilares fundamentales que sirven al derecho de los consumidores. Por una parte está el principio de precaución, que es una gran conquista de los consumidores europeos en el siglo XX, que viene a salvaguardar el derecho a la salud de los consumidores y, que está recogido en la Constitución y en la Ley General de Defensa a los consumidores. Este principio dice que basta que algo pudiera llegar a ser razonablemente pernicioso para la salud, para actuar en consecuencia. Es decir, no hace falta la constatación científica, con la mera sospecha científica de que algo es malo ya se puede actuar de forma cautelar. Por otro lado está, el derecho a la información de los consumidores, reconocido en el artículo 2 de la Ley General. Es aquí precisamente donde se muestra otra crisis, en la forma en que la Administración informa al consumidor, porque evidentemente es la Administración quien debe tener los medios adecuados y tiene que dar los mensajes de forma unívoca. Esto es importante. No sólo existe crisis de coordinación entre Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Gobierno Central, sino también dentro del propio Gobierno Central hay polémicas públicas entre departamentos diferentes, me refiero en concreto a Agricultura y Sanidad y Consumo. Como consecuencia la ciudadanía recibe mensajes diferentes de uno y otro signo, y esto no debiera ser así. Hay que dar informaciones veraces, claras y precisas sobre el alcance de los riesgos.

-¿El consumidor debería conocer los efectos de determinadas sustancias como los casos de las dioxinas, o el benzopireno, etc.?
-No en general, porque no son temas fáciles de explicar. El consumidor no tiene por qué tener un grado de formación en general, entre otras cosas porque se trata de cuestiones técnicas que no son precisamente simples. Al consumidor hay que explicarle las cosas de forma clara para que lo entienda. El consumidor debería poder comer todo lo que hay disponible en el mercado. No tiene por que preocuparse de saber qué puede comer o qué no. La cuestión es que alguien tiene que garantizar que lo que llega al mercado está en condiciones. Y quien tiene esa responsabilidad es el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Sanidad y Consumo.

-¿En qué falla la normativa? ¿Dónde está el fallo en el sistema de seguridad alimentaria?
-Es curioso, porque España, y los quince países de la UE, tienen la mejor normativa del mundo en cuanto a protección de la salud de los consumidores. Si comparamos las legislaciones que existen en la UE y en el resto de países del mundo vemos que no hay una legislación tan buena. Lo que falla es la aplicación efectiva de esa ley. Fallan las inspecciones, el control, el cumplimiento de esa ley. Las inspecciones son vitales para la seguridad alimentaria.

-¿Son suficientes los recursos que la Administración destina a la investigación en materia alimentaria?
-La ONU y multitud de instituciones internacionales de reconocido prestigio sitúan muy mal a España. Ahora mismo la investigación deja muchísimo que desear, porque se destinan pocos recursos a ella. Recientemente ha habido polémicas sobre el tema de los investigadores y eso afecta también a los investigadores sobre la seguridad alimentaria. No se les puede acusar de ser malos investigadores: es que no tienen medios, por tanto no pueden demostrar si son buenos o malos. Aún así es curioso que en un país donde se mira poco por la investigación tengamos de los mejores. Esto se puede extender a la investigación en general.