as
agresiones a mujeres son la primera causa de muerte entre la población
femenina entre quince y cuarenta y cuatro años. Más que el cáncer, la
malaria, los accidentes de circulación o las guerras. Y España no se
queda atrás: dos millones de españolas sufren o han sufrido malos
tratos, un 70% desde hace más de cinco años. Aunque la violencia
doméstica ha pasado de ser una cruz privada a un problema social, las
muertes no han disminuido en la estadística.
"Esto es un problema cultural, de una sociedad en la que ha
prevalecido la cultura machista, de dominación. Durante años el hombre
ha creído que la mujer, y más cuando hay lazos matrimoniales, es de su
propiedad", argumenta Montserrat Comas, portavoz estatal de Jueces
para la Democracia. Precisamente ella fue una de las dos magistradas
que el pasado ocho y nueve de junio, en Gijón, presentaron en el Congreso
de Jueces para la Democracia seis propuestas para terminar de una
vez con la violencia doméstica: medidas legales, pero también sociales,
de educación y prevención, en un intento de abordar el problema de una
forma global. Los seis puntos se aceptaron por unanimidad.
-¿En que consiste el plan del gobierno para atajar el maltrato a la
mujer?
-Las estadísticas, en cuanto a denuncias anuales y las 96 muertes
que hubo el año pasado en España, indican que estamos ante un problema
que afecta al derecho a la vida y la libertad, a la integridad física y
psíquica, y a la salud de muchas mujeres. Los poderes públicos han
asumido que hay que adoptar soluciones eficaces frente a lo que se ha
convertido en un auténtico drama para millones de mujeres. El gobierno
decidió el año pasado, yo creo que adecuadamente, aprobar un Plan de
Acción contra la Violencia Doméstica, trabajando desde distintos
ámbitos. Dentro de ese Plan estaba la reforma del Código Penal y la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.
-Un año después se proponen nuevas medidas. ¿Por qué?
-Parece que ha aumentado el número de denuncias, pero no han
descendido las defunciones. Esto es quizás lo que ha motivado que el
propio Gobierno haya decidido proponer un nuevo Plan de Acción al que
nosotros, Jueces para la Democracia, no nos oponemos. Saludamos
cualquier iniciativa que nos ayude a mejorar, aunque todavía no sabemos
las medidas concretas ni cuándo van a entrar en vigor.
-¿En qué varió este Plan las leyes de protección a la mujer?
-Proporciona a los jueces, que somos los que aplicamos la ley,
herramientas de trabajo más eficaces. Antes se criticaba al Poder
Judicial por no proteger a la víctima; había un problema con el
artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que decía que en el
inicio del procedimiento penal el juez debe otorgar protección a la
víctima, pero no especificaba el tipo de medidas a adoptar. Esta
deficiencia, por suerte, se solucionó con la reforma del año pasado.
Ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla en un precepto
específico tres medidas de protección. Una, la más conocida, la
prohibición de acercarse al domicilio familiar o al de la víctima. La
segunda prohíbe la residencia en un determinado municipio, lugar o
población, y por último la prohibición de acercarse a los familiares
del entorno de la víctima o de volver al lugar de los hechos.
-¿Qué valoración hace Jueces para la Democracia de esta ley?
-En nuestro último congreso, en junio, propuse junto con otra
compañera una Resolución en materia de violencia doméstica, que se
aprobó sin ningún voto en contra. Valoramos positivamente la reforma
legal del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero a
nuestro juicio todavía existe una deficiencia importante en la
protección de la libertad. Que en el Código Penal exista todavía un
precepto, el artículo 620, según el cual una amenaza de muerte se puede
calificar de falta leve, aún cuando se efectúe exhibiendo un arma o un
instrumento peligroso, es una cuestión legislativa deficiente. En España
se defiende más la propiedad privada que la libertad.
-¿Qué opina de la creación de juzgados especializados en
violencia doméstica?
-De momento en España yo sólo conozco tres partidos judiciales que
han tomando esta medida; esto hay que respetarlo, y dentro de unos meses
ver si el balance es positivo o no. De todas maneras no soy partidaria de
generalizar en toda España lo que puede ser una solución puntual. Piense
que en ciudades como Barcelona, donde somos treinta y tres jueces de
Instrucción, debería haber como mínimo dos o tres jueces
especializados, porque sólo en Barcelona ciudad se presentan miles de
denuncias. Concentrarlas sería un error, porque impediría darles el
tratamiento que merecen, que muchas veces es urgente.
En Jueces para la Democracia proponemos una solución: que todas
las denuncias que se producen en el mismo ámbito familiar contra el mismo
agresor se concentren en el juez que haya sido competente de la primera
denuncia. Esto lo decimos porque somos muy críticos con la dispersión.
Si se han hecho ocho denuncias contra el mismo agresor, que ocho jueces
distintos estén entendiendo estas denuncias puede dar lugar a
resoluciones contradictorias.
-En la Conferencia Internacional Beijing+5, celebrada en el mes de
junio, Kofi Annan aseguró que la violencia contra las mujeres sigue
creciendo. ¿Cuáles son las razones?
-Efectivamente, España no es una excepción de lo que sucede a nivel
mundial. Esto no es nuevo, la violencia contra la mujer es un problema
antiguo con el que la sociedad ha sido muy permisiva. En estos últimos
años han sucedido dos cosas que, por suerte, han ayudado a que el tema
cambie: la enorme conciencia social que se está creando gracias a los
medios de comunicación, y las organizaciones de derechos humanos y de
mujeres que contribuyen a proteger los derechos de la mujer. Hay que decir
que toda esta conciencia social también ha llegado a los jueces, creo que
desde el poder legislativo se han hecho esfuerzos para convertir la ley en
una herramienta más eficaz.
Todo lo que se pueda hacer en educación y prevención contribuirá
también a paliar el problema. En este país todavía hay muchísimos
hombres que tienen interiorizada la frase de "la maté porque era
mía". Hay situaciones de celos obsesionantes que llevan al maltrato
físico. Hay una proporción importantísima de maltrato derivado de
problemas de alcoholismo. Son muchos los frentes desde los que se tiene
que luchar.
-¿Por qué el aumento de los casos de agresiones a las mujeres
parece ir a la par con la falta de sensibilidad de algunos jueces, como ha
quedado patente en sus sentencias?
-Yo creo que hay un reproche social que el poder judicial tiene que
asumir. La sociedad tiene razón cuando nos ha acusado de no tener en
cuenta la respuesta que necesita una víctima cuando se decide a
denunciar. Hay que asumir que ha habido muertes de mujeres en donde había
denuncias previas, aunque no todas.
Seguramente podemos hablar de falta de sensibilidad, pero hay que decir
que hasta junio del año pasado nos movíamos con deficiencias
legislativas, y que creo que desde los últimos meses la situación es
distinta. Evidentemente hay excepciones, y normalmente en los medios de
comunicación se comentan las sentencias que chocan y no se dice que
quizá en ese mismo día se han dictado quinientas sentencias en el
terreno de las medidas de protección, dentro de la aplicación de la ley.
-¿Por qué a la mujer se le atribuye normalmente la custodia de los
hijos en caso de conflicto familiar y en cambio se siguen criterios
restrictivos cuando expone acusaciones hacia su pareja?
-Seguro que hay jueces que no tienen en cuenta la declaración de la
víctima, pero en todo caso se apartan de una doctrina consolidada tanto
por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, que es que en
ausencia de testigos la declaración de la víctima perjudicada tiene
valor de prueba de cargo, siempre que se realice en juicio oral, pueda ser
sometida a contradicción entre las partes y cree convicción al tribunal.
No es cierto lo de que "si no tienes testigos no denuncies porque tu
palabra no va a servir de nada".
-Según un estudio del Ministerio del Interior la mayoría de los
maltratadores no muestran arrepentimiento ni asumen el delito. ¿Cómo es
posible la reinserción de estos individuos?
-En Jueces para la Democracia hemos estudiado este tema porque
pensamos que hay soluciones. La Constitución y la Ley General
Penitenciaria reconocen como una de las finalidades de la pena la
reinserción social y la rehabilitación, por tanto pensamos que es
indispensable que en los centros donde hay agresores condenados por
delitos relacionados con violencia doméstica haya cursos de formación.
Este tipo de agresores tienen un perfil muy distinto de otros, y esto
significa que hay que diseñar cursos específicamente para ellos. Como
cosa positiva puedo decir que existe una iniciativa del Consejo General
del Poder Judicial, junto con Instituciones Penitenciarias, para estudiar
estos programas y en algunas cárceles ya se están haciendo.
-¿Qué aporta la visión de una mujer juez a la hora de profundizar
en este tipo de problemas?
-Lógicamente debería decir que la aplicación de la ley no puede
diferenciarse en relación a quien la aplica, sea hombre o mujer. Pero
quizás el plus que puede aportar una mujer progresista es una
sensibilidad respecto a un problema social que existe. Esto hace que
cuando hay que investigar y juzgar el caso concreto, seguramente se haga
con la conciencia de situarse en la piel de una mujer que demanda
protección y la aplicación estricta de la ley, como es nuestra
obligación. ∆