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VIOLENCIA DOMESTICA: últimas noticias

MONTSERRAT COMAS d’ARGEMIR I CENDRA
Magistrada en el Juzgado de Instrucción nº3 de Barcelona.
Portavoz estatal de Jueces para la Democracia

Texto: R.  Ramos / Fotos: M.A. Oliva

Montserrat Comas

Hace poco más de un año que funciona el Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, y en ese tiempo ya se han visto aciertos y carencias. Por eso ya está en marcha un nuevo Plan de Acción. En la asociación progresista Jueces para la Democracia están muy atentos a este proceso, ya que de él saldrán las herramientas para luchar, cada vez más eficazmente, contra este problema.

 

 

 

 

 

 

" Valoramos positivamente la reforma legal del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero todavía existe una deficiencia importante en la protección de la libertad. En España se defiende más la propiedad privada que la libertad"

 

 

 

 

 

"Estamos ante un problema que afecta a la vida y la libertad, a la integridad física y psíquica, y a la salud de muchas mujeres"

 

 

 

 

 

" La conciencia social también ha llegado a los jueces. Desde el poder legislativo se han hecho esfuerzos para convertir la ley en una herramienta más eficaz"

 

 

 

 

 

 

"No es cierto lo de ‘si no tienes testigos no denuncies, porque tu palabra no va a servir de nada’. En España muchos jueces estamos condenando exclusivamente con la declaración de la víctima perjudicada"

 

 

 

 

MONTSERRAT COMAS


Las agresiones a mujeres son la primera causa de muerte entre la población femenina entre quince y cuarenta y cuatro años. Más que el cáncer, la malaria, los accidentes de circulación o las guerras. Y España no se queda atrás: dos millones de españolas sufren o han sufrido malos tratos, un 70% desde hace más de cinco años. Aunque la violencia doméstica ha pasado de ser una cruz privada a un problema social, las muertes no han disminuido en la estadística.
"Esto es un problema cultural, de una sociedad en la que ha prevalecido la cultura machista, de dominación. Durante años el hombre ha creído que la mujer, y más cuando hay lazos matrimoniales, es de su propiedad", argumenta Montserrat Comas, portavoz estatal de Jueces para la Democracia. Precisamente ella fue una de las dos magistradas que el pasado ocho y nueve de junio, en Gijón, presentaron en el Congreso de Jueces para la Democracia seis propuestas para terminar de una vez con la violencia doméstica: medidas legales, pero también sociales, de educación y prevención, en un intento de abordar el problema de una forma global. Los seis puntos se aceptaron por unanimidad.

-¿En que consiste el plan del gobierno para atajar el maltrato a la mujer?
-Las estadísticas, en cuanto a denuncias anuales y las 96 muertes que hubo el año pasado en España, indican que estamos ante un problema que afecta al derecho a la vida y la libertad, a la integridad física y psíquica, y a la salud de muchas mujeres. Los poderes públicos han asumido que hay que adoptar soluciones eficaces frente a lo que se ha convertido en un auténtico drama para millones de mujeres. El gobierno decidió el año pasado, yo creo que adecuadamente, aprobar un Plan de Acción contra la Violencia Doméstica, trabajando desde distintos ámbitos. Dentro de ese Plan estaba la reforma del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-Un año después se proponen nuevas medidas. ¿Por qué?
-Parece que ha aumentado el número de denuncias, pero no han descendido las defunciones. Esto es quizás lo que ha motivado que el propio Gobierno haya decidido proponer un nuevo Plan de Acción al que nosotros, Jueces para la Democracia, no nos oponemos. Saludamos cualquier iniciativa que nos ayude a mejorar, aunque todavía no sabemos las medidas concretas ni cuándo van a entrar en vigor.

-¿En qué varió este Plan las leyes de protección a la mujer?
-Proporciona a los jueces, que somos los que aplicamos la ley, herramientas de trabajo más eficaces. Antes se criticaba al Poder Judicial por no proteger a la víctima; había un problema con el artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que decía que en el inicio del procedimiento penal el juez debe otorgar protección a la víctima, pero no especificaba el tipo de medidas a adoptar. Esta deficiencia, por suerte, se solucionó con la reforma del año pasado. Ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla en un precepto específico tres medidas de protección. Una, la más conocida, la prohibición de acercarse al domicilio familiar o al de la víctima. La segunda prohíbe la residencia en un determinado municipio, lugar o población, y por último la prohibición de acercarse a los familiares del entorno de la víctima o de volver al lugar de los hechos.

-¿Qué valoración hace Jueces para la Democracia de esta ley?
-En nuestro último congreso, en junio, propuse junto con otra compañera una Resolución en materia de violencia doméstica, que se aprobó sin ningún voto en contra. Valoramos positivamente la reforma legal del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero a nuestro juicio todavía existe una deficiencia importante en la protección de la libertad. Que en el Código Penal exista todavía un precepto, el artículo 620, según el cual una amenaza de muerte se puede calificar de falta leve, aún cuando se efectúe exhibiendo un arma o un instrumento peligroso, es una cuestión legislativa deficiente. En España se defiende más la propiedad privada que la libertad.

-¿Qué opina de la creación de juzgados especializados en violencia doméstica?
-De momento en España yo sólo conozco tres partidos judiciales que han tomando esta medida; esto hay que respetarlo, y dentro de unos meses ver si el balance es positivo o no. De todas maneras no soy partidaria de generalizar en toda España lo que puede ser una solución puntual. Piense que en ciudades como Barcelona, donde somos treinta y tres jueces de Instrucción, debería haber como mínimo dos o tres jueces especializados, porque sólo en Barcelona ciudad se presentan miles de denuncias. Concentrarlas sería un error, porque impediría darles el tratamiento que merecen, que muchas veces es urgente.
En Jueces para la Democracia proponemos una solución: que todas las denuncias que se producen en el mismo ámbito familiar contra el mismo agresor se concentren en el juez que haya sido competente de la primera denuncia. Esto lo decimos porque somos muy críticos con la dispersión. Si se han hecho ocho denuncias contra el mismo agresor, que ocho jueces distintos estén entendiendo estas denuncias puede dar lugar a resoluciones contradictorias.

-En la Conferencia Internacional Beijing+5, celebrada en el mes de junio, Kofi Annan aseguró que la violencia contra las mujeres sigue creciendo. ¿Cuáles son las razones?
-Efectivamente, España no es una excepción de lo que sucede a nivel mundial. Esto no es nuevo, la violencia contra la mujer es un problema antiguo con el que la sociedad ha sido muy permisiva. En estos últimos años han sucedido dos cosas que, por suerte, han ayudado a que el tema cambie: la enorme conciencia social que se está creando gracias a los medios de comunicación, y las organizaciones de derechos humanos y de mujeres que contribuyen a proteger los derechos de la mujer. Hay que decir que toda esta conciencia social también ha llegado a los jueces, creo que desde el poder legislativo se han hecho esfuerzos para convertir la ley en una herramienta más eficaz.
Todo lo que se pueda hacer en educación y prevención contribuirá también a paliar el problema. En este país todavía hay muchísimos hombres que tienen interiorizada la frase de "la maté porque era mía". Hay situaciones de celos obsesionantes que llevan al maltrato físico. Hay una proporción importantísima de maltrato derivado de problemas de alcoholismo. Son muchos los frentes desde los que se tiene que luchar.

-¿Por qué el aumento de los casos de agresiones a las mujeres parece ir a la par con la falta de sensibilidad de algunos jueces, como ha quedado patente en sus sentencias?
-Yo creo que hay un reproche social que el poder judicial tiene que asumir. La sociedad tiene razón cuando nos ha acusado de no tener en cuenta la respuesta que necesita una víctima cuando se decide a denunciar. Hay que asumir que ha habido muertes de mujeres en donde había denuncias previas, aunque no todas.
Seguramente podemos hablar de falta de sensibilidad, pero hay que decir que hasta junio del año pasado nos movíamos con deficiencias legislativas, y que creo que desde los últimos meses la situación es distinta. Evidentemente hay excepciones, y normalmente en los medios de comunicación se comentan las sentencias que chocan y no se dice que quizá en ese mismo día se han dictado quinientas sentencias en el terreno de las medidas de protección, dentro de la aplicación de la ley.

-¿Por qué a la mujer se le atribuye normalmente la custodia de los hijos en caso de conflicto familiar y en cambio se siguen criterios restrictivos cuando expone acusaciones hacia su pareja?
-Seguro que hay jueces que no tienen en cuenta la declaración de la víctima, pero en todo caso se apartan de una doctrina consolidada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal Supremo, que es que en ausencia de testigos la declaración de la víctima perjudicada tiene valor de prueba de cargo, siempre que se realice en juicio oral, pueda ser sometida a contradicción entre las partes y cree convicción al tribunal. No es cierto lo de que "si no tienes testigos no denuncies porque tu palabra no va a servir de nada".

-Según un estudio del Ministerio del Interior la mayoría de los maltratadores no muestran arrepentimiento ni asumen el delito. ¿Cómo es posible la reinserción de estos individuos?
-En Jueces para la Democracia hemos estudiado este tema porque pensamos que hay soluciones. La Constitución y la Ley General Penitenciaria reconocen como una de las finalidades de la pena la reinserción social y la rehabilitación, por tanto pensamos que es indispensable que en los centros donde hay agresores condenados por delitos relacionados con violencia doméstica haya cursos de formación. Este tipo de agresores tienen un perfil muy distinto de otros, y esto significa que hay que diseñar cursos específicamente para ellos. Como cosa positiva puedo decir que existe una iniciativa del Consejo General del Poder Judicial, junto con Instituciones Penitenciarias, para estudiar estos programas y en algunas cárceles ya se están haciendo.

-¿Qué aporta la visión de una mujer juez a la hora de profundizar en este tipo de problemas?
-Lógicamente debería decir que la aplicación de la ley no puede diferenciarse en relación a quien la aplica, sea hombre o mujer. Pero quizás el plus que puede aportar una mujer progresista es una sensibilidad respecto a un problema social que existe. Esto hace que cuando hay que investigar y juzgar el caso concreto, seguramente se haga con la conciencia de situarse en la piel de una mujer que demanda protección y la aplicación estricta de la ley, como es nuestra obligación. ∆

 

   

   
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Última revisión: abril 07, 2011. 
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