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Foto: (c) Stan
Grossfeld/Boston Globe
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BRUTALIDAD POLICIAL EN ESTADOS UNIDOS:
justicia callejera protegida por
el código de silencio.
La muerte en Nueva York de un inmigrante guineano asesinado a
balazos por policías que le confundieron con un sospechoso, o el fallecimiento de una
parapléjica negra de 19 años de edad, acribillada por la policía mientras aparentemente
dormía en su coche en una gasolinera de Riverside, California, no son hechos aislados.
Texto y fotos: A.I.
Varias
organizaciones de derechos humanos han denunciado durante los últimos años el incremento
de la violencia policial en Estados Unidos, a la par que las autoridades fomentaban planes
más enérgicos contra la delincuencia, planes que parecen haber servido de inspiración
para la reforma que la policía española ha empezado a ensayar en seis ciudades.
Cuatro agentes participaron en el asesinato de Tyisha Miller, a la que dispararon dentro
de su coche adaptado, que tenía una rueda reventada, porque creyeron que empuñaba una
pistola. Otras fuentes indican que la muchacha estaba inconsciente dentro del coche, con
la calefacción puesta. Hechos similares, en los que la policía ha recurrido a la fuerza
letal contra miembros de minorías étnicas en circunstancias en las que todo indica que
no había motivo, se repiten cada año a lo largo del país.
Por ejemplo, Willian J. Whitfield, de raza negra, fue abatido a tiros por la policía de
Nueva York en un supermercado el 25 de diciembre de 1997: la policía confundió sus
llaves con una pistola.
17.000 cuerpos de policía
La
"justicia callejera" y el "código del silencio" que la protege se ha
convertido en una acusación recurrente contra los agentes de los más de 17.000 cuerpos
de policía que teóricamente protegen a los ciudadanos de Estados Unidos, como ha
señalado un reciente estudio publicado por Amnistía Internacional el pasado octubre, o
anteriormente otros informes difundidos por Human Rights Wacth u organizaciones locales.
No existen estadísticas nacionales fiables sobre este tipo de abusos, porque no existe un
órgano nacional encargado de supervisar el uso de la fuerza por parte de la policía. No
obstante, los indicios sugieren que la brutalidad policial constituye un problema
generalizado y persistente en muchas zonas, especialmente las grandes ciudades con
importantes grupos minoritarios que habitan en los barrios urbanos deprimidos.
La inmensa mayoría de las denuncias se refieren a palizas propinadas por la policía
durante detenciones, registros, controles de tráfico o incidentes callejeros. En
ocasiones, los agentes han recurrido a la "justicia callejera" y han golpeado a
sospechosos que ya se encontraban inmovilizados. En algunos casos, esas palizas han venido
acompañadas del uso de pistolas paralizantes y de pulverizadores de pimienta.
Persecuciones
automovilísticas
Las
cinematográficas persecuciones automovilísticas parecen ser uno de los mejores cauces
para la violencia: según un informe publicado en 1996 por la Unión Estadounidense para
la Defensa de las Libertades Civiles en el sur de California, más de un 40 por ciento de
las lesiones y las muertes de presuntos delincuentes tuvieron lugar después de una
persecución automovilística o cuando los agentes dispararon contra un vehículo, sin que
existiera motivo suficiente para sospechar que sus ocupantes estaban armados.
Una prueba de la extensión del problema es que cada año se pagan millones de dólares en
concepto de indemnización a presuntas víctimas de abusos policiales, y que los diversos
departamentos de policía se han visto obligados a crear órganos de supervisión: de 13
en 1980 se pasó a 94 en junio de 1998, aunque en muchos casos carecen de recursos y
competencias suficientes.
Sin castigo
Otra
fuente de denuncias se relaciona con el uso lesivo de técnicas más o menos modernas.
Muchos presuntos delincuentes bajo custodia policial han muerto al ser inmovilizados boca
abajo, en la mayoría de los casos cuando les habían atado los pies y las manos juntos.
Algunos departamentos de policía, como los de Los Angeles o Nueva York, han prohibido
esta última técnica, pero otros siguen utilizándola. En Los Angeles la prohibición no
entró en vigor hasta 1997, y cuando lo hizo fue a consecuencia de una demanda civil, a
pesar de que desde mediados de los años ochenta esta técnica había causado decenas de
muertes.
Al menos 3000 departamentos de policía utilizan pulverizadores de pimienta, a pesar de la
preocupación cada vez mayor respecto a los peligros que entrañan. También se han
utilizado armas de electrochoque como las pistolas paralizantes para incapacitar a
presuntos delicuentes mediante descargas de alto voltaje.
Los agentes de policía rara vez son procesados con éxito por un caso de brutalidad. De
las miles de denuncias presentadas cada año ante el Departamento de Justicia, muy pocas
terminan con el procesamiento de un agente.
Las pruebas en los juicios penales son muy importantes y en estos casos, muchas veces
sólo se cuenta con la palabra de la víctima contra la del agente acusado. Además, los
grupos de defensa de los derechos civiles han puesto en duda la imparcialidad de las
investigaciones penales, y han declarado que los fiscales locales dependen demasiado de la
policía en otro tipo de causas como para mostrarse enérgicos cuando son los policías
los imputados.
Uno de los obstáculos principales con los que se encuentran las acciones tanto penales
como disciplinarias es el "código de silencio", según el cual los agentes de
policía no se incriminan unos a otros.
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