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Protección legal de los denunciantes de Luxleaks
Protección legal de los denunciantes de Luxleaks
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Protección legal de los denunciantes de Luxleaks
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El juicio se deriva de una denuncia presentada por PricewaterhouseCoopers (PwC), empresa en la que ambos denunciantes habían trabajado. Transparencia Internacional aboga por la protección de denunciantes como Deltour y Halet, ya que juegan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y otras malas prácticas, y que muy frecuentemente pagan un precio muy alto, siendo procesados o perdiendo sus puestos de trabajo, a pesar de que sus revelaciones informativas sean beneficiosas para el interés público. Es necesario que en todos los países haya una ley que proteja a los denunciantes; en España no la hay. A tal efecto, Jesús Lizcano, Presidente de Transparencia Internacional España, manifiesta que "resulta tan necesario como urgente que en España haya una Ley de protección de denunciantes, que pueda proteger a aquellos ciudadanos que se atrevan a denunciar posibles casos de corrupción". Es por ello que TI-España ha venido proponiendo de forma continuada a los Partidos políticos que promuevan parlamentariamente y aprueben una Ley de protección de denunciantes en nuestro país. La mayoría de los países europeos no tiene leyes de protección de denunciantes y si la tienen, como en Luxemburgo, son a menudo son inadecuadas. En virtud de la ley de Luxemburgo, Deltour y Halet no se consideran a tal efecto denunciantes, ya que la legislación los circunscribe a los delitos de corrupción. Además, sólo se protege a los denunciantes contra los despidos, no contra los procesamientos legales. Por lo tanto, Luxemburgo debería revisar su marco jurídico a este respecto. De una forma similar a los documentos de Panamá, las revelaciones de Deltour y Halet han situado la evasión fiscal corporativa en la agenda pública y han revitalizado los debates sobre la necesaria reforma fiscal internacional. Sus revelaciones han contribuido además al análisis de medidas para luchar contra la evasión fiscal por parte del gobierno de Luxemburgo, la Comisión Europea, la OCDE y el G-20. A pesar de ello, estos denunciantes se enfrentan concretamente a cargos de robo, a violar las leyes de secreto profesional de Luxemburgo, y al acceso ilegal a una base de datos. Si se les declarase culpables se enfrentarían a una pena de hasta diez años de cárcel y una multa de hasta 1.250.000 €. Cerca de 125.000 personas han firmado una petición en apoyo de estos denunciantes. Transparencia Internacional aboga por una legislación que proteja las revelaciones confidenciales y anónimas, y la prensa también tiene que ser libre para publicar información de interés público, sin acosos ni sanciones legales. Es por ello que esta organización insta a todos los países a promulgar y hacer cumplir Leyes integrales de protección de denunciantes basadas en estándares internacionales, incluyendo los principios propuestos por la propia Transparencia Internacional y por el Consejo de Europa. Los gobiernos y las empresas deben apoyar a los denunciantes de irregularidades cuando tales revelaciones salgan a la luz. Transparencia Internacional mantiene su actitud de colaboración y su compromiso constructivo con los gobiernos y el sector privado. Δ
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