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Reportajes Por una justicia económica global: No al TTIP
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Por una justicia económica global: No al TTIP |
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Por una justicia económica global: No al TTIP
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 En Europa, más de un millón de personas han pedido a la Comisión Europea el rechazo al TTIP, que podría entrar en vigor a finales de este año, afectando a todos los ciudadanos. Lennart Koch, uno de los portavoces de la Plataforma Asturias NO a los Tratados de 'Libre' Comercio, explica algunas de sus consecuencias. El TTIP creará la mayor área comercial del mundo entre EEUU y UE, un mercado nada desdeñable de ochocientos millones de consumidores. Para ello se tendrán que homogeneizar las legislaciones de los países firmantes y liberalizar el comercio, eliminando las barreras que obstaculicen el intercambio. Incrementar la relación comercial entre los dos lados del Atlántico Norte parece una buena idea, pero todo parece indicar que no es éste el propósito de dicho tratado. Lennart Koch advierte de que el TTIP "es parte de una guerra económica que empezó hace tiempo con el objetivo de imponer un nuevo orden mundial económico. Es la batalla del 1% contra el 99%, que hasta ahora utilizaba la estrategia de los acuerdos bilaterales y ahora pretende hacer un acuerdo único. Es un ataque de esa minoría que acumula la riqueza -y que además no tiene visibilidad-, contra la democracia de los pueblos. Este tratado tiene como objetivo incrementar el poder de las grandes multinacionales a costa de las pequeñas empresas, adquirir privilegios y derechos en detrimento de los países firmantes". Principales consecuencias1-El tratado apuesta por armonizar las legislaciones de todos los países para facilitar la libre circulación de productos, acarreando una serie de efectos negativos. En el caso de Europa, por ejemplo a nivel laboral, se rebajaría la protección, ya que a día de hoy EEUU sólo ha suscrito dos de los ocho Convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Como no existe ninguna cláusula que obligue a Estados Unidos a mantener los niveles laborales inalterados, es de suponer que la normativa se armonizará a la baja; además de que en ninguno de los acuerdos firmados por EEUU aparecen los convenios relativos a la libertad sindical o la negociación colectiva. 2-Descenso de la seguridad alimentaria en Europa"Aquí en Europa, -comenta Koch-, tenemos el Principio de Precaución frente a nuevos productos en ámbitos como el farmacéutico, productos químicos y alimentación. En EEUU en cambio domina una aproximación de libre comercio hasta que las evidencias científicas digan lo contrario. Eso significa que los estándares tirarán hacia abajo porque nuestras pymes no podrán competir, por ejemplo, con la carne de vacuno que allí está tratada con hormonas, aquí prohibidas. En Europa la agricultura está protegida mientras que allí es un sector liberalizado: existen los latifundios, cuestión contra la que muchas provincias no podrían competir. Se terminarían las Denominaciones de Origen, y se podría producir queso de Cabrales en EEUU. Todo esto tendría una repercusión directa sobre nuestra salud. La UE, según ese Principio de Precaución, tiene una lista de sustancias prohibidas que en América se utilizan, y todo eso entrará en nuestros supermercados sin darnos cuenta". 3-Multinacionales fuera de control Si por algo se caracteriza el TTIP es por favorecer los intereses empresariales sin importar las consecuencias tanto para los ciudadanos como para el medioambiente. Una de las herramientas para resolver litigios entre las grandes empresas y los estados son los tribunales de arbitraje privados (ISDS). De esta manera, una empresa privada puede denunciar a un Estado y exigirle indemnizaciones millonarias bajo el argumento de que una determinada ley o regulación le discrimina y dificulta el desarrollo de su actividad económica. Koch precisa que "estos tribunales ponen al mismo nivel a ambas partes, cosa que va en contra del Tratado de Viena. Los estados nunca podrían denunciar a las empresas, ni tampoco los ciudadanos". Cada estado firmante cede su soberanía a una instancia superior, hasta el punto de que sus Tribunales de Justicia pasan a ser secundarios. Hay casos que ya lo demuestran. Existen tratados bilaterales de este tipo que se pusieron en marcha hace años para proteger la inversión y fomentarla y que también están sometidos ese arbitraje internacional. Desde 1994 los litigios se suceden. Por ejemplo, una regulación ambiental que afecte a una planta de residuos puede ser objeto de denuncia por parte de una empresa. Ese es el caso del Gobierno de México que en 2013 tuvo que compensar con 45 millones de dólares a la multinacional española Befesa-Abengoa por el cierre de una planta de residuos peligrosos en Zimapán (Estado de Méjico) situado a escasa distancia de un poblado indígena y una reserva natural. En otra línea, la multinacional Philip Morris demandó a los gobiernos australiano y uruguayo por incluir fotos de enfermedades mortales en las cajetillas de tabaco, argumentando una importante pérdida de cuota de mercado. La multinacional Low Pine ha reclamado a Canadá 250 millones de dólares en compensación por la moratoria que el estado de Quebec ha impuesto al fracking. Alemania fue demandada por Vattenfall, que le exigía 1.400 millones de euros por las restricciones ambientales impuestas a una central de carbón. Los casos se multiplican a lo largo de todo el mundo. El poder de las multinacionales se sitúa por encima de los estados. "Este tratado tiene como objetivo incrementar el poder de las grandes multinacionales a costa de las pequeñas empresas, adquirir privilegios y derechos en detrimento de los países firmantes" 4-Privatización de los servicios públicos En Europa, el TTIP representa también una amenaza a los servicios públicos, como la sanidad, educación, pensiones o transportes, si las compañías americanas consideran que se vulnera el libre comercio de servicios, forzando así a la privatización de dichos servicios. La táctica es que todo servicio que pueda ser dividido en otros, debe ser puesto en el mercado. Los servicios sanitarios son el gran negocio de los inversores privados y también de las industrias farmacéuticas. Por ejemplo, un hospital podría seguir siendo de servicio público mientras que todo lo que ocurra dentro puede ser gestionado por manos privadas.  La lista de ofertas en las negociaciones sobre servicios se extiende a más esferas que la sanitaria, como la concesión de licencias para centros de cuidados de salud, la acreditación universitaria y escolar, el suministro municipal de agua, las instalaciones de eliminación de residuos, las centrales eléctricas o las licencias de radiodifusión, entre otras. No habrá freno a la privatización de servicios esenciales para el ciudadano.Las negociaciones entre la UE y los EE UU en servicios se realizan bajo las reglas del Acuerdo General de Comercio en Servicios de la OMC que incluye la peligrosa cláusula de "trato nacional". Se trata de una condición por la que todos los inversores y proveedores de servicios extranjeros son tratados de la misma manera que los proveedores locales. Esto afectará muy negativamente a las pequeñas y medianas empresas y a las condiciones laborales. 5-Leyes a medida de las multinacionales Si, como se ha visto, un Estado puede sufrir las consecuencias de la denuncia de una multinacional, esto podría condicionar la orientación de su legislación. Por si esto fuera poco, se crea otro mecanismo de control, el Consejo Transatlántico de Cooperación Reguladora "para que todas las iniciativas legislativas de cualquier país pasen antes por este filtro de economía que definirá lo que interesa y lo que no. Es un influir constante en las decisiones de los miembros, antes de que entren en el Parlamento. Podrían parar cualquier iniciativa legislativa si va en contra de los grandes lobbies y multinacionales", advierte Koch. El tratado condicionaría que los Estados puedan llevar a cabo determinadas leyes que prioricen cuestiones de índole medioambiental o de salud pública por encima de los deseos de estos grandes lobbies. Reacciones ciudadanas Los partidos que más favorecen la entrada en vigor de este tratado son los conservadores y liberales. En España, los principales partidos del Congreso apoyan el TTIP. "El PP es neoliberal y su postura no sorprende a nadie. Y, aunque en un principio el caso del PSOE pueda llamar la atención, observando su trayectoria podemos ver el giro neoliberal que ha dado en sus políticas hasta el punto de que apenas se diferencia del PP. No ocurre así con las bases que, como hemos podido comprobar en charlas y conferencias, están muy sensibilizadas con este tema. Existe una gran separación entre la cúpula y las bases", afirma el portavoz de la Plataforma.La aprobación del TTIP supondría un giro de 180 grados en la regulación europea y en la cultura de protección social y ambiental; es algo que preocupa a los ciudadanos europeos, que manifiestan su descontento. El pasado 18 de abril más de setecientas manifestaciones en casi cincuenta países, más de cincuenta en España mostraron su rechazo al TTIP. Está en marcha una campaña en contra del tratado, respaldada por más de 230 movimientos sociales, sindicales y civiles de más de veinte países que trabajan para hacer llegar la información 'silenciada' a todos los ciudadanos, con el objetivo de forzar a la Comisión Europea a que revise su política comercial y permita una audiencia pública en el Parlamento Europeo para que se hable de este tema. "El TTIP está suscitando mucho debate sobre todo en el norte de Europa, mientras que aquí en España apenas sale en los medios de comunicación", denuncia Koch. La opacidad sigue estando presente en estas negociaciones, a pesar de que afectan a cuestiones tan cruciales para los ciudadanos como la soberanía parlamentaria, los estándares de protección ambiental y la salud alimentaria o la defensa de los derechos humanos. Δ El 'secreto' mejor guardadoDesde junio de 2013, la UE y EEUU están negociando en secreto y en alianza con las grandes multinacionales y lobbies, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP). Por entonces se acordó que las partes no podrían publicar ningún texto hasta que no concluyesen las negociaciones y que todos los documentos serían confidenciales hasta cuatro años después. Es por ello que las negociaciones -bajo una enorme presión del gran capital-, se hacen a puerta cerrada, de espaldas a la ciudadanía y sin consultas públicas. Los propios eurodiputados tienen negado el acceso a los documentos de las negociaciones, tan sólo pueden consultar (durante un máximo de dos horas) vigilados constantemente y sin tener ningún dispositivo electrónico o bolígrafo, algunas propuestas no definitivas. Asimismo, tienen prohibido hacer cualquier declaración sobre el contenido de las mismas; de otra manera se podrían enfrentar a sanciones administrativas o incluso penales. Es a partir de una serie de filtraciones de Wikileaks y varios actos de desobediencia civil por parte de gente valiente, como han llegado a la ciudadanía las verdaderas intenciones del tratado y su repercusión sobre la vida cotidiana de todos los ciudadanos.
Las previsiones son que este tratado tenga las normas cerradas a finales de año para luego pasar a ser ratificado en el Parlamento Europeo y en los nacionales, "pero sobre todo en Europa, el acuerdo está generando mucha resistencia entre la ciudadanía, especialmente en Francia y Alemania, es por ello que todo el proceso previsto se puede ralentizar, y no sólo eso, se podría paralizar. La única manera de combatir esto es con la unidad de los ciudadanos, de los movimientos políticos y sociales. En España falta que la información llegue al ciudadano y en eso estamos trabajando", concluye Koch.
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