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Presos: un negocio muy rentable

Escrito por Irene Casado Sánchez 26 Marzo 2015
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Bajo el disfraz de 'programas de inserción', cientos de empresas se lucran del trabajo de los presos en las cárceles españolas.

Mano de obra barata. En eso se han convertido miles de presos en las cárceles españolas. Cerca de 12.000 reclusos trabajan a cambio de sueldos ínfimos: entre 0,5 euros la hora y entre 80 y 300 euros al mes, según informa la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta explotación dejó un beneficio de cinco millones de euros durante el ejercicio de 2012, como indica la memoria de Instituciones Penitenciarias del mismo año.

Bajo el disfraz de "programas de inserción", cientos de empresas se lucran del trabajo de los internos. Mesas, bandejas de comida, lotes higiénicos, mantas, colchas, sábanas, son algunos de los productos elaborados dentro de las cárceles. El Corte Inglés es una de las empresas españolas que ha encontrado entre los muros de reclusión el negocio perfecto: en condiciones precarias y a cambio de sueldos irrisorios los presos elaboran los mismos productos que después pagaran de su bolsillo.

Los centros penitenciarios se han convertido en un negocio muy provechoso. "El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal", explica en un reportaje la revista Atlántica XXII. Así, más de 12.000 reclusos trabajan en alrededor de 200 talleres donde se violan de manera sistemática los derechos laborales más básicos.
Más de 12.000 reclusos trabajan en alrededor de 200 talleres donde se violan de manera sistemática los derechos laborales más básicos.
Las empresas no sólo se benefician de los sueldos ínfimos de los presos; los gastos de agua, luz, teléfono y parte de las cuotas de la Seguridad Social corren a cargo de la Administración, explica el periodista Fernando Romero. Un negocio redondo. El Corte Inglés, el Banco Santander, ACS, Correos o Telefónica son algunas de las empresas que sacan partido de las cárceles españolas. Cada una a su manera. Mientras Correos contrata a presidiarios por menos de 12 euros por ocho horas de trabajo, Telefónica hace caja gracias al monopolio de las llamadas: todo preso que quiera ponerse en contacto con su abogado, familia o amigos está obligado a comprar una tarjeta de la compañía telefónica. "Cada tarjeta cuesta un mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España son más de 60.000, calcúlense los beneficios", subraya Romero en su información para Atlántica XXII.

El monopolio no acaba con el gigante de las telecomunicaciones, el Banco Santander también disfruta de una situación privilegiada en este contexto. Los presos no pueden elegir su entidad bancaria: están obligados a meter sus ahorros y a realizar sus transferencias a través de la entidad de Emilio Botín.

La lista de empresas que han encontrado el negocio redondo en las cárceles españolas continúa. Renault, Seat, Volvo, Citroën, Eroski o el Grupo Codorniu alimentan sus plantillas con presos exentos de derechos laborales y cuyo coste es ínfimo. Mientras tanto, ACS, empresa de Florentino Pérez, invierte en infraestructuras penitenciarias que después alquila por sumas nada desdeñables. "Cobra al mes más de un millón de euros", asegura Amadeu Casellas, preso en las cárceles españolas durante más de veinticinco años que acaba de publicar Un reflejo de la sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la democracia.

Empresas privadas, pero también organismos públicos se nutren de esta explotación. La OATPP cuenta con convenios con ayuntamientos y Cámaras de Comercio en todo el territorio español. En tan sólo una década el número de reclusos con un 'contrato laboral' se ha multiplicado por tres, denuncia Romero. Ante esta realidad, desconocida e ignorada por la mayor parte de la sociedad, diferentes ONG defensoras de los derechos humanos han denunciado la explotación laboral en el seno de un sistema judicial que se autoproclama democrático y que dice apostar por la reinserción. Ésta pasa por la educación, la formación y la experiencia laboral. Pero, como dice el refrán español, de poco valdrá si los responsables de su reinserción no predican con el ejemplo. Δ

Irene Casado Sánchez. Periodista. CCS


 
 

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