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Nacional Tema ¿Vivimos un problema de seguridad ciudadana?

¿Vivimos un problema de seguridad ciudadana?

Escrito por Mariló Hidalgo. Fusión 19 Enero 2015
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El pasado diciembre, el Congreso aprobaba el proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana con el rechazo en bloque de toda la oposición. El Gobierno insiste en que es la respuesta a 'una demanda creciente de la ciudadanía española' aunque no haya datos objetivos que lo avalen. Victoria Rosell, portavoz adjunta de Jueces Para la Democracia, nos hace una valoración.

Victoria Rosell, Portavoz adjunta de Jueces para la Democracia-Las leyes deben estar motivadas por una realidad social. ¿Qué realidad ha impulsado la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana?
-No creemos que este proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana (LSC) responda a una demanda social. En las últimas encuestas del CISS (noviembre de 2014) la inseguridad ciudadana era una preocupación prioritaria para el 1,7% de la población, frente a la corrupción y el fraude (63%) o el paro (77%). Creemos que responde más bien a una pretensión del gobierno de silenciar las protestas ciudadanas, en lugar de afrontar las cuestiones que de verdad preocupan a la ciudadanía, y por eso la consideramos una ley innecesaria.

-¿Qué consecuencias tiene para la ciudadanía?
-La ley puede tener un efecto evidentemente disuasorio para el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de reunión y manifestación, al prever multas desproporcionadas y sancionar actuaciones que consideramos legítimas al amparo de estos derechos, siempre que se desarrollen de forma pacífica.

-Desde Jueces Para la Democracia apuntan que esta ley también es una consecuencia de la desconfianza del Gobierno hacia el Poder Judicial. ¿En qué sentido?
-Parece evidente que al gobierno no le han gustado resoluciones judiciales que han puesto por delante los derechos fundamentales de reunión y manifestación, frente a actuaciones como los "escraches" , las oposiciones a desahucios o las manifestaciones del 25-S, por ejemplo, y reacciona llevando al ámbito administrativo cuestiones que hasta ahora están sometidas al control de la jurisdicción penal. En esta jurisdicción preside el derecho a la presunción de inocencia, y las multas son proporcionales al patrimonio de la persona condenada. Si la desobediencia a un agente de la autoridad, por ejemplo, se despenaliza y pasa al ámbito de la sanción administrativa, existe una presunción de veracidad del funcionario, se obvia el patrimonio del sancionado como criterio de graduación de la sanción, y la Administración pasa a ser "juez y parte": las sanciones son mayores, existe una reducción del 50% por "pronto pago" que excluye el recurso, como en cualquier multa de tráfico, y si quieres recurrir, te aboca a la jurisdicción contencioso administrativa, con sus gastos de defensa y sus tasas judiciales.
"Esta ley responde más bien a una pretensión del gobierno de silenciar las protestas ciudadanas, en lugar de afrontar las cuestiones que de verdad preocupan a la ciudadanía, y por eso la consideramos una ley innecesaria"
-La ley mordaza además de multas, prevé un registro de infracciones por faltas que antes no eran considerados antecedentes y que podrá ser consultado por autoridades y administraciones sin consentimiento previo. ¿No es una vulneración del derecho a la intimidad del ciudadano?
-El registro de infractores tal como está planteado es una especie de fichero de "malos ciudadanos" que nos retrotrae a otros tiempos.

-Todas estas medidas que estamos comentando, suponen un endurecimiento de la ley aprobada en el 92 -Ley Corcuera- y trae a la memoria la Ley Franquista de Orden Público de 1959. ¿Un grave paso atrás de nuestra democracia?
-Sí, pensamos que tiene un efecto disuasorio del ejercicio de derechos fundamentales, y de la legítima expresión de la crítica en una sociedad democrática avanzada y plural.
¿Vivimos un problema de seguridad ciudadana?
-¿Qué pasará con las reuniones en espacios públicos?
-Un estado democrático debe admitir el uso del espacio urbano como un ámbito más de participación, siempre que los actos de manifestación discurran sin actos de violencia, así lo expresó el Tribunal Constitucional en la STC 67/95. Pero los proyectos actuales, entre la LSC y el Código Penal, tratan de criminalizar las protestas, incluso pacíficas, en términos que nos parecen poco compatibles con la Constitución.

-El hecho de que el poder sancionador quede en manos de la policía y no de un juez, deja sin garantías al ciudadano y abre la puerta a la discrecionalidad más absoluta... ¿Dónde queda el papel de los jueces?
-Tenemos el deber y la responsabilidad de ser los últimos garantes de los derechos de la ciudadanía, y en momentos como los actuales, de auténtica regresión no solo económica sino de los derechos civiles, debemos actuar defendiendo la Constitución y los derechos fundamentales. Pero, como hablamos antes, esta ley conlleva una cierta huída del control judicial que nos parece muy grave.
"Esta ley conlleva una cierta huida del control judicial que nos parece muy grave"
-Desde distintos colectivos, acusan al Gobierno de utilizar la LSC para legalizar las devoluciones en caliente de inmigrantes. ¿Cuál es su opinión?
-Las denominadas "devoluciones en caliente" son actos ilegales, conforme a nuestra Ley de Extranjería y a los tratados internacionales firmados por España. Son contrarias a los derechos humanos. Cuando una persona extranjera entra en nuestro país sin papeles, hay que identificarla, determinar si puede ser menor de edad, de qué país procede, y si puede ser merecedora de asilo o protección internacional, o víctima de redes de trata de seres humanos... Todo ello mediante un expediente administrativo reglado y con derecho a asistencia letrada. Las devoluciones inmediatas privan a esos seres humanos de esos derechos reconocidos por las leyes vigentes, y España no puede erigirse en una frontera europea ajena al derecho.
¿Vivimos un problema de seguridad ciudadana?
-¿Ley de Seguridad Ciudadana, como asegura el ministro Fernández Díaz, o instrumento para acallar las críticas sociales en un momento incómodo para el Gobierno?
-En un momento en que la política de recortes del gobierno crea una legítima contestación social, en lugar de escucha e interlocución con quienes detentan la soberanía popular, la respuesta o la reacción del Gobierno es la criminalización de la disidencia. La gente no demanda más seguridad ciudadana, demanda mejor educación, sanidad, justicia, vivienda, servicios públicos... un "estado social y democrático de derecho" que es lo que dice la Constitución Española.

-Jueces, fiscales, sindicatos de policía, ciudadanos, todos los grupos parlamentarios -a excepción del PP-, se han pronunciado en contra de la norma. ¿Qué posibilidades hay de derogar o cambiar la ley?
-Con la actual mayoría parlamentaria, lo previsible – lamentablemente- es su aprobación. Y quizá su derogación con otra mayoría. Es triste que los derechos constitucionales se vean sometidos a los avatares partidistas del gobierno de turno. Tampoco el Tribunal Constitucional en la actualidad se encuentra en condiciones de declarar inconstitucional una ley con la premura y las condiciones necesarias para garantizar la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, que forman parte del "núcleo duro" del estado democrático. El gobierno no debería obviar que su desarrollo legal es un índice de la madurez democrática de un país. Δ

 

Comentarios   

 
0 #1 Rosa Mª Morales Ruiz 30-01-2015 07:05
totalmente de acuerdo con lo dicho a lo largo y ancho del escrito.Enhorabuena por el mismo y su publicación.¡¡YA ESTÁ BIEN DE ATROPELLOS AL CIUDADANO, EN GENERAL Y DE PERMITIR LA CORRUPCIÓN,EN PARTICULAR!!
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