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Actualidad 
Contra las 'devoluciones en caliente'
Contra las 'devoluciones en caliente'
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Más de un centenar de organizaciones piden parar la reforma de la Ley de Extranjería que pretende legalizar las devoluciones ilegales. El Partido Parlamentario Popular en el Congreso ha introducido una enmienda al Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana con el fin de reformar la ley de Extranjería y dar cobertura legal a las denominadas "devoluciones en caliente", a pesar de ser contrarias a nuestra Constitución, al Derecho comunitario y al Derecho internacional de los derechos humanos. Dichas prácticas, consistentes en la entrega a Marruecos por la vía de hecho, al margen de los procedimientos legalmente establecidos y sin cumplir las garantías internacionalmente reconocidas, de personas interceptadas en territorio de soberanía nacional, han conmocionado a la opinión pública nacional y manchado la imagen internacional de España. Han sido cuestionadas públicamente con dureza por instituciones como el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía Española, asociaciones de jueces y fiscales, la Conferencia Episcopal Española, juristas de reconocido prestigio, por la Comisión Europea, así como por organismos internacionales como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y otros organismos de protección de los derechos humanos. Esta unanimidad en la crítica debería hacer reflexionar a sus señorías sobre el despropósito de semejante enmienda. Conviene no olvidar que, además, estas prácticas han dado lugar a la imputación penal de altos cargos civiles y militares. A pesar de todo ello, el Ministerio del Interior, a través del Partido Popular en el Congreso, pretende legalizar tales prácticas reformando la Ley de Extranjería mediante de una enmienda a otra ley en un avanzado estado de tramitación: el Proyecto de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana -que a su vez constituye un intolerable intento de cercenar derechos civiles y libertades públicas, criminalizando la protesta social-. Este modo de proceder constituye un auténtico fraude en cuanto excluye la posibilidad de dictamen de los órganos constitucionales e impide el debate político, jurídico y social de una reforma de tan hondo calado, demostrando el nulo talante democrático de sus promotores. En cuanto al contenido, dicha enmienda no debe prosperar por suponer una vulneración de la Constitución, del Derecho comunitario y de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, especialmente en lo que se refiere al ejercicio del derecho al asilo y protección subsidiaria, la prohibición de expulsiones colectivas, el principio de no devolución y los derechos de protección del menor. La entrega a Marruecos de ciudadanos extranjeros por la vía de hecho, sin audiencia, sin identificación, sin resolución individualizada, impide el ejercicio de derechos reconocidos internacionalmente. Además de conllevar el riesgo cierto de incremento de la violencia en la Frontera Sur, supone dinamitar uno de los pilares del Estado de Derecho: el sometimiento de la Administración a la ley y la posibilidad de control judicial de su actuación. Diputados y Diputadas, Senadores y Senadoras, apelamos a su humanidad. Defiendan los derechos humanos y el cumplimiento de la legalidad internacional. No acompañen al Ministerio del Interior en esta huida hacia delante que compromete la dignidad moral de nuestra sociedad, nos aleja de la civilización y nos despeña por la pendiente de la barbarie. Paren la reforma de la Ley de Extranjería. Δ
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