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Opinión Opinión Golpe de Estado suave

Golpe de Estado suave

Escrito por Antonio San Román Sevillano 14 Agosto 2014
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Vivimos un tiempo de cambios políticos acelerados. La humanidad y el planeta Tierra están siendo empujados a la catástrofe.
La política económica depredadora del neoliberalismo, impuesta por Estados Unidos y sus aliados europeos, nos condena con el calentamiento global, la extinción de las especies, imponiendo un sistema político-social que, podríamos denominar, una democracia fascista. Se sustenta en el robo de la soberanía de los pueblos así como la aplicación institucionalizada del neo-esclavismo. La soberanía la ejercen ocultos poderes económicos, que muestran su rostro a través de las multinacionales, la gran banca y los nuevos ejércitos.

William McNeill, en La búsqueda del poder, sintetiza [...] de modo brillante: Nuestros únicos macroparásitos significativos son otros hombres, que, al especializarse en la violencia, se muestran capaces de asegurarse la vida sin tener que producir por sí mismos el alimento y otros géneros que consumen (Siglo XXI, 1988, Prefacio)

La técnica del golpe de Estado

La Técnica del Golpe de Estado es el título de un libro del militante fascista italiano Curzio Malaparte, escrito en 1931. En España estuvo prohibido durante el franquismo. Malaparte fue expulsado del partido fascista de Mussolini.

Su idea fundamental es que el golpe de Estado es un problema técnico y no político. Malaparte comienza con el análisis, entre otros, del 18 Brumario, golpe de Estado dado por Napoleón. Éste trató de conciliar el empleo de la violencia "respetando" la legalidad para llevar a cambio una revolución parlamentaria. El Parlamento aceptó el hecho consumado y legalizó formalmente el golpe de Estado, decretando así su propio fin.
Los medios son verdaderos instrumentos de guerra en esta lucha de clases, una verdadera guerra civil social.
Para Malaparte la táctica insurreccional es cuestión de procedimiento. Los conspiradores se deben infiltrar en los centros neurálgicos del país, en las tripas del Estado, para que este se tambalee. Sólo se necesita una pequeña tropa, los "mil técnicos" según él, entrenada y encuadrada en el partido. Afirma que es posible, en cualquier país democrático, dar un golpe de Estado, aún sin una situación crítica y sin el apoyo de masas. Se atacan los puntos más sensibles del Estado. Se asaltan los medios de comunicación adueñándose de la línea editorial y se destruyen los servicios públicos.

La no violencia como técnica de acción política puede ser utilizada con cualquier fin, asegura el politólogo Gene Sharp. Puede ser, está siendo utilizada, utilizada por gobiernos de apariencia democrática para establecer dictaduras de hecho.

Puede y debe ser utilizada por el pueblo para derrocar a un gobierno tirano.

El Gobierno de España

Con unos intolerables niveles de corrupción en el partido gobernante, que apuntan incluso al propio presidente de Gobierno, las medidas políticas más importantes adoptadas por el actual ejecutivo de España, acelerando y profundizando las medidas de gobiernos anteriores. Siguen las directrices alemanas de la Unión Europea. Acatando órdenes de personas e instituciones no elegidas por los españoles, aplica medidas que afectan a los mecanismos básicos de legitimación del sistema democrático basado en la justicia, que la sociedad española pretendía construir.

Recurriendo a las conductas marcadas en su libro por Curzio Malaparte –sean conscientes o no-, los miembros del PP se han adueñado de las tripas de los mecanismos del Estado.

El poder que se ejerce, es despiadado. Legisla para sus amigos redactando leyes injustas para la mayoría social. Dictan disposiciones arbitrarias en asuntos institucionales y administrativos. Abusan del poder para su propio beneficio o el de sus familiares, amistades y patronos. Legislan, fundamentalmente, vía Real Decreto-Ley. Lo que permite al Gobierno aprobar normas con rango de ley sin tener que pasar por las Cortes (desvirtuando el Art. 86, de la Constitución española). El Gobierno suprime -como critican algunos juristas- el proceso democrático de enmiendas, el debate parlamentario, las votaciones y la publicidad de los textos legales. Así, la ciudadanía no sabe qué decisiones se han tomado hasta que, ya en vigor, el texto se publica en el BOE. Ignora la voluntad popular, que el Gobierno, y el partido que lo sustenta, se arrogan por tener en las Cortes una mayoría absoluta obtenida fraudulentamente.

Una y otra vez, en las instrucciones de los distintos sumarios abiertos, se señala que la UDEF, es decir, la policía para delitos económicos, aclara que el PP ha obtenido, quizás aún obtiene, fondos ilegales donados por empresas que contratan de forma ilegal con las diversas administraciones públicas. Dinero que sirvió, quizás aún sirve, para financiar campañas electorales, así como el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes. Campañas electorales que, por tanto, son fraudulentas. Son victorias electorales ilegales. La ilegitimidad de este Gobierno del PP es evidente. Para aquellos que crean en la Justicia. No hablamos de leyes que ellos mismos se están dando. Los tribunales, si no estuvieran cooptados por los dos principales partidos del sistema, PP y PSOE, y la colaboración de los dos principales partidos nacionalistas, CiU y PNV, deberían exigir la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. Previa penalización de aquellos partidos que han incurrido en la corrupción democrática de las efectuadas anteriormente.
Se trata de configurar un nuevo modelo capitalista que está convirtiendo a España en un país sometido al dominio de la poderosa Europa alemana.
¿Y qué sucede con los ciudadanos? Me temo que en España no hay ciudadanos, sino súbditos y el destino de los súbditos es pasar hambre, frío y dormir a la intemperie. No es una hipérbole, sino una observación corroborada por los datos: cuatro millones de parados sin ningún tipo de prestación o subsidio, casi dos millones y medio de niños y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza (lo cual significa comer poco y mal), más de 400.000 familias desahuciadas, miles de personas multadas, humilladas y maltratadas por la policía. Rafael Narbona (rafaelnarbona.es)

Se desmantelan las políticas sociales. Una vía que permitiría ir construyendo, contra el contrato social puramente capitalista, un contrato social basado en la justicia. Se debilita –vía Real Decreto-, el Estado del Bienestar, privatizando paulatinamente los servicios públicos, con el propósito final de despojarnos de todo tipo de prestaciones sociales pagadas en comunidad con nuestros impuestos. Derogación de facto, al menos, de los Artículos 39, 43, 47, 49, 50 y 119 de la actual Constitución.

Recortan derechos y libertades como los de reunión, manifestación e inviolabilidad de las comunicaciones. Se ejerce una escalada represiva dirigida contra los sectores sociales que han plantado cara a las políticas de austeridad y al recorte de derechos sociales y libertades civiles.

Ante el aumento de las movilizaciones, este Gobierno, que se niega a condenar el genocidio franquista, trata de emular su modelo autoritario. Ha desencadenado una oleada represiva cuyo objetivo es atemorizar a la sociedad mediante las cargas violentas, las falsas denuncias y montajes policiales, que generan injustas condenas de cárcel. Seguramente legales. Siempre desproporcionadas a los hechos. Claramente injustas. Se criminalizan las personas, no sus actos. Fomentan el deterioro de la seguridad, real o aparente, aumentando cada día el hostigamiento sistemático contra los activistas sociales –identificaciones, detenciones, retenciones arbitrarias, multas-. La sombra de la tortura continúa salpicando a las fuerzas del orden, que debieran proteger al pueblo contra una minoría que les utiliza como guardas de seguridad privados. Al tiempo que les desprecia. Degradación, cuando no derogación de facto, al menos, de los Artículos 14, 17, 18 y 21.

Se limita el alcance de la negociación colectiva, otorgando barra libre a la Patronal. Obsérvese que siguen manteniendo en su lenguaje habitual en los medios -¿Marca España?- el término patrón, y no el de empresario. Se destruye el ya escaso, prácticamente, inútil, cuando no colaborador, poder de los sindicatos. Empezaron a colaborar con Felipe González, a pesar de las huelgas generales. Aumentaron tal colaboración con Aznar -aquel secretario de CCOO, hoy miembro de la FAES. Se han reemplazado las normas laborales con el único propósito de aumentar el poder de negociación de las grandes empresas. Legislan para reducir los salarios directos. Y los indirectos, que percibimos mediante bienes y servicios públicos. Artículos 35 y 37.1. Se consagra el neoesclavismo.

Condenan el futuro de las pensiones. Quieren planes de pensiones privados, que siempre han derivado en estafas bancarias. Que han salido impunes. Se castiga a las familias empobreciendo a los padres y privando de futuro a los hijos. Frente a la crisis, han optado por aplicar políticas que aumentan la injusticia y la iniquidad hasta el punto de convertir a nuestro país en el más desigual de toda la Unión Europea.

Con el consenso de los dos principales partidos, PP y PSOE, en la política de estos últimos años, el poder está ejerciendo verdadera violencia institucionalizándola contra la mayoría de la población. Se reforma un Código Penal para legitimar la represión policial como una herramienta para resolver sus problemas con las protestas sociales. Se trata al ciudadano libre como una amenaza. Ya hay trabajadores encarcelados por ejercer su derecho de huelga. Volvemos al más celoso franquismo.

Las violaciones de las leyes penales y de la propia Constitución realizadas por la Banca y otras élites financieras, no están tipificadas como delitos o lo son como delitos menores. Se pueden robar millones estafando a instituciones bancarias públicas, se puede robar y estafar a los ciudadanos echándoles de sus casas. Los poderosos económicamente están amparados por la ley, pues son mínimamente reprobados por los tribunales.
Esta cultura empresarial del PP y del PSOE, tiene enormes similitudes con la que promueven los think tanks militares estadounidenses, de los que los europeos son meros discípulos.
Para propagar la bondad de su proyecto cuentan, entre otros, con el apoyo de los medios de comunicación dominantes, propiedad de las empresas del Ibex35 y multinacionales extranjeras. Pagados a través de la propaganda institucional y otros privilegios contables. Las telecomunicaciones son su principal instrumento para dirigir la opinión pública a través de la desinformación y la propaganda más casposa, débil intelectual y moralmente, asimilada del nacionalismo franquista. Una prensa que, siguiendo al profesor Vicenç Navarro, actúa a la búlgara defendiendo la actuación gubernamental. Los medios son verdaderos instrumentos de guerra en esta lucha de clases, una verdadera guerra civil social. En este frente nuestras armas son modestos y pequeños medios de comunicación y las redes sociales, ambas en Internet. Mientras ellos tratan a estos medios de comunicación alternativos y las iniciativas ciudadanas injuriándolos y tratando de acallarlos ocultándolos.

La política aplicada por el gobierno del PP, con la inestimable ayuda del PSOE para la reforma del artículo 135 de la Constitución, es un acuerdo entre las diversas burguesías del Estado español y los poderes económicos de la Unión Europea. No olvidemos que, en el Parlamento europeo, ambos partidos españoles han votado conjuntamente más del 75% de las leyes que nos están imponiendo desde Bruselas. Se trata de configurar un nuevo modelo capitalista que está convirtiendo a España en un país sometido al dominio de la poderosa Europa alemana.

Niño-Becerra [catedrático de Estructura Económica del Institut Químic de Sarrià (IQS) de Barcelona] ha señalado que el gobierno de Mario Monti, que sustituyó a Silvio Berlusconi en Italia en un momento de extrema gravedad, "fue un experimento" de las autoridades europeas. En opinión del catedrático en España no sucedió porque se hizo caso desde el minuto uno. "España puso en la Constitución que prefería que se murieran niños de hambre antes que dejar de pagar la deuda. Los mercados entonces entendieron que España era de fiar", ha dicho en 8 al dia. (La Vanguardia, 7-7-14)

Se modela una sociedad sin derechos sociales. Nos imponen la regresión social, una involución democrática basada en las desigualdades económicas, sociales y de poder, impulsando la pérdida del sentido comunitario en la sociedad. Las nuevas reglas que nos imponen desplazan a los ciudadanos a la nada en las grandes decisiones. Se crea así, una democracia fascista inutilizando los artículos más sociales de la obsoleta Constitución de 1978.

Este modo de actuar, esta cultura empresarial del PP y del PSOE, tiene enormes similitudes con la que promueven los think tanks militares estadounidenses, de los que los europeos son meros discípulos. Éstos, actúan más como ejércitos privados del capital, que de las naciones de los diversos pueblos.

Esto es un golpe de Estado en toda regla, en España y en el resto de naciones, presuntamente democráticas, que están imponiendo medidas similares. Todos y cada uno de los diputados y senadores, que votaron a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución, que propuso Zapatero; los que con sus votos y abstenciones han favorecido las políticas antisociales del actual Gobierno; la constitucionalización del saqueo; los que han apoyado la eliminación de derechos y servicios públicos esenciales, las medidas represivas; los medios de comunicación que apoyan estas medidas, y, sobre todo, aquellas instancias financieras que realmente nos gobiernan, han contribuido, están colaborando en este Golpe de Estado. Δ

 

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