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Desigualdad y economía sumergida

Escrito por Mariló Hidalgo 15 Julio 2014
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Desigualdad y economía sumergida 2.8 out of 5 based on 4 votes.
Se calcula que más de 250.000 millones de euros se encuentran 'sumergidos' en España. El impacto de la crisis, unido a la ineficacia de la lucha contra el fraude, la corrupción y la justificación moral por parte de gran número de ciudadanos, hacen que la economía sumergida ronde el 25% del PIB.


Desigualdad y economía sumergida
Mucho se ha dicho sobre la esencia de la picaresca en la sociedad española, poco acostumbrada históricamente a interiorizar las obligaciones cívicas. El pícaro, si bien dista de la imagen del caballero y públicamente no es un ejemplo a seguir, en la cultura latina representa una figura con chispa, ágil, habilidosa, con arte para saltarse las obligaciones comunes o ganar más trabajando menos, lo que despierta cierta admiración.

La peor crisis que se recuerda en los últimos años ha activado esa 'genética pícara' que los españoles llevan dentro, con un objetivo para muchos: sobrevivir. Esa reparación que se ofrece con o sin IVA, el cuidado de mayores o enfermos y el trabajo doméstico sin contrato, las horas extra que no figuran en la nómina y se pagan en un sobre aparte, alquilar la casa del pueblo durante el verano y no declararla, el trabajo precario para jóvenes sin experiencia, las "chapucillas" extra porque el subsidio no llega a final de mes... Las actividades de ciudadanos y empresas que escapan al control de la Seguridad Social y Hacienda, la denominada economía sumergida, ha aumentado de forma considerable, tanto desde el punto de vista de los trabajadores como de las empresas.
"Por la mañana trabajo por horas en un domicilio y por la noche cuido a enfermos", cuenta Rocío S. de 42 años, separada y madre de dos hijos. Trabaja de forma ilegal pero se justifica tímidamente: "Prefiero arriesgarme y comer todos los días a estar en el paro". Su caso no es el único. Los números indican que a mayor tasa de desempleo, especialmente de larga duración, más probabilidad de participar en la economía sumergida. Álvaro F. tiene una empresa de fontanería con dos empleados. Explica que los ingresos descienden mes a mes. "Siempre he tenido todo en regla y he pagado como el que más, pero de un tiempo a esta parte hay cosas que no declaro porque no gano para impuestos. O eso, o cierro el negocio", sentencia. Decenas de personas sobreviven gracias a una economía sumergida que, según denuncian los sindicatos, empieza a extenderse por diversos sectores.

Jesús Barcelona, coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), describe lo delicado de esta situación: "Estamos ante un círculo vicioso que se retroalimenta. La Inspección de Trabajo y de Hacienda no da abasto y carece de los medios necesarios, algunos empresarios aprovechan la extrema necesidad de los desempleados para escatimar en gastos, y el trabajador, que está desesperado, solo pretende ganar algo de dinero para sobrevivir".Desigualdad y economía sumergida
"El 20% de la riqueza en España está en manos de sólo 20 personas. Fortunas que apenas tributan" (Oxfam)
Las consecuencias negativas son evidentes: el Estado tiene unas necesidades recaudatorias, de modo que lo que dejan de pagar los defraudadores termina cargándose en la cuenta de quienes sí declaran correctamente, mediante una subida de tipos o nuevas figuras impositivas. Sin embargo también existen opiniones que consideran que un cierto grado de economía sumergida es necesario, porque sirve para "engrasar" la economía oficial, generando así mayores tasas de crecimiento. Otro argumento a favor es que permite liberar tensiones en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, permitiéndoles obtener los recursos económicos imprescindibles para subsistir. La otra cara de la moneda es que lo que en un principio pueden parecer ventajas, a la larga se tornan en inconvenientes: no estar dado de alta en la Seguridad Social, perder años de cotización y derechos ante futuras prestaciones, etc. El fraude tampoco le sale a cuenta a las empresas que obtienen beneficio manteniendo a trabajadores en economía sumergida porque al final no desgravan las inversiones que realizan en mano de obra. Entonces ¿por qué se dan este tipo de prácticas?

Factores que influyen
Las últimas reformas laborales impulsadas por el Gobierno algo tienen que ver en esto. Muchos son los que piensan que la actual regulación es muy rígida y no se adapta a las necesidades de cada empresa, ni permite a los trabajadores compaginar varios puestos de trabajo. A ello hay que sumar el aumento de trabas, papeleos, permisos, falta de crédito, excesivos gravámenes y una burocracia administrativa disparada.

Jesús Barcelona coincide en señalar que la altísima tasa de desempleo es la causa principal del aumento de la economía sumergida, al tiempo que añade otros factores: "La subida de impuestos (IVA e IRPF) de los últimos años también ha incentivado este fenómeno, ya que no ha venido acompañada de un control tributario suficiente. A ello hay que sumar los casos de corrupción política y empresarial que se han multiplicado, así como el grave problema de moralidad que existe en nuestro país con una enraizada cultura de tolerancia de la evasión y el fraude fiscal".

A pesar de que se suele poner el acento en los "trapicheos" de autónomos y trabajadores "en negro", según datos de la GESTHA, los trabajadores autónomos representan un 8% de la evasión fiscal, mientras que las pequeñas y medianas empresas (pymes) suponen el 12%. Entonces, ¿quiénes son los grandes defraudadores? El 71% de la evasión fiscal es obra de las grandes fortunas y las mayores empresas de este país. Sin embargo, se da la gran paradoja de que la Agencia Tributaria dedica el 80% de sus recursos a investigar posibles irregularidades de los dos primeros grupos.
La crisis ha activado la 'genética pícara' de los españoles, con un objetivo para muchos: sobrevivir.
Las grandes fortunas apenas pagan impuestos
Las familias aportaron el 90% de la recaudación fiscal del Estado y las empresas el 10% restante. De ello, las grandes corporaciones contribuyeron con un 1,98%. Menos de un dos por ciento. Estos son algunos de los datos que aparecen en el informe de Oxfam, 'Tanto tienes, ¿tanto pagas? Fiscalidad justa para una sociedad más equitativa'. Un documento que revela con cifras en la mano que la política fiscal española está basada en impuestos que favorecen a las grandes fortunas y empresas, una situación que ha llevado a la desigualdad extrema entre grupos sociales. Otro dato sangrante que aporta el citado informe es que el 20% de la riqueza de este país se encuentra en manos de sólo veinte personas. Grandes fortunas que apenas tributan en nuestro país.

"Esta realidad no resulta fácilmente digerible para la ciudadanía, que está tomando conciencia de la imperiosa necesidad de reformar el sistema tributario actual", reconoce Barcelona. "Cada vez más se está acentuando la percepción de que los impuestos no se recaudan atendiendo a los principios de capacidad económica y progresividad. De hecho las últimas encuestas indican que el 87% de los españoles opina que los impuestos no se cobran con justicia y el 80% cree que los más ricos pagan pocos impuestos. Es urgente, y aquí coincidimos ciudadanos y expertos, reformar en profundidad nuestro sistema tributario. Hasta el Gobierno de la nación participa de esta opinión, y ha anunciado que va a presentar en los próximos días una reforma fiscal de 'gran calado'. Esperemos que, como siempre, no sea la clase media trabajadora la que tenga que pagar el precio de la reforma".

Medidas antifraude
La denominada Ley Antifraude que entra en vigor en 2012 introduce como medida más novedosa la limitación del pago en efectivo a 2.500 euros entre empresas y profesionales. El objetivo es limitar la circulación de 'dinero negro ' y atajar la economía sumergida. Para el Ministerio de Hacienda, ésta era la ley antifraude 'más ambiciosa' de la historia de la democracia española. Posteriormente, el ministro Montoro da luz verde a la polémica 'amnistía fiscal' con la que pretendía regularizar la situación de los defraudadores -mayormente las grandes fortunas-, simplemente pagando el 10% de lo regularizado o un 8% para aquellos que retornasen de paraísos fiscales. Sacar a la luz aproximadamente 2.500 millones de euros de la economía sumergida. Al final, sólo aparecieron 50,4 millones. "Hay que ser realistas, -advierte Barcelona- reducir a cero el fraude fiscal es imposible, ni siquiera los países del norte de Europa lo han conseguido. Pero sí debería ser posible alcanzar unos niveles similares a los países más avanzados de la Unión Europea, en torno al 10%-13% del PIB, frente al 24,6% de España. Esto permitiría recaudar más de 30.000 millones de euros adicionales, lo que haría innecesario realizar tantos recortes para conseguir la reducción del déficit público que nos exige la Unión Europea".
El 71% de la evasión fiscal es obra de las grandes empresas y fortunas. Sin embargo, se da la gran paradoja de que la Agencia Tributaria dedica el 80% de sus recursos a investigar posibles irregularidades de autónomos y pymes.
¿Fraude o instinto de supervivencia?
La crisis, además de crear nuevos ámbitos de economía sumergida, la aumenta en aquellos ya existentes. Es un problema que nos afecta a todos y que precisa de una reforma fiscal que dote al sistema de una mayor equidad, donde cada uno pague de acuerdo a su situación económica. Algo que aún está por ver.

Nueva reforma fiscal: claramente electoralista.
Coincidiendo con el cierre del presente reportaje, el Consejo de Ministros da luz verde a la anunciada reforma fiscal. Recogemos aquí la valoración del economista Eduardo Garzón (eduardogarzon.net).

La reforma fiscal de Montoro que entrará en vigor en 2015 es una medida claramente electoralista (algo que ya ha señalado la Comisión Europea al considerarla muy sospechosa por estar tan próxima a las elecciones municipales). Hay dos motivos principales para argumentarlo:

1) El impacto en la recaudación fiscal será mínimo. Según los técnicos de Hacienda se recaudará sólo un 6,8% menos en comparación con el año 2014. Esto quiere decir que el ahorro para los contribuyentes también será exiguo, del orden de 173 euros al año de media. Por lo tanto, se trata de una reforma superficial, encaminada más a poder vender que se han bajado los impuestos que a otra cosa.

Desigualdad y economía sumergida 2) El objetivo que dice perseguir el gobierno (mejora de la capacidad adquisitiva de la población) parece una broma de mal gusto cuando este mismo gobierno aumentó el IRPF notablemente nada más llegar al poder, subió el IVA, los impuestos de los carburantes, tabaco y bebida, no para de recortar en educación, sanidad, subsidios, prestaciones sociales, sueldos y pensiones. Después de más de dos años minorando el flujo de ingresos que recibimos los ciudadanos o directamente extrayendo dinero de nuestros bolsillos nos vienen con el cuento de que lo que pretenden con esta reforma fiscal es aumentar nuestra capacidad adquisitiva. No cuela.

No podemos olvidar que el IRPF afecta sólo a aquellas personas que tienen rendimientos del trabajo o del capital, los cuales suman 19,3 millones en una población de 46. El resto de ciudadanos ni siquiera se ve beneficiada de esta "rebaja impositiva". Por lo tanto, intentan vender como una estupenda noticia que les bajen un poco el IRPF a unos pocos mientras el resto de figuras impositivas –que afectan a toda la población, como el IVA– no disminuyen sino que incluso continúan aumentando.

Además, esta reforma fiscal ni siquiera es progresiva (justa en términos fiscales, donde pagan más proporcionalmente los que más renta tienen), sino que la reducción de impuestos afecta tanto a los menos acaudalados como a los más pudientes. Sobre todo si tenemos en cuenta que se les ha bajado el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades únicamente a las grandes empresas y que las rentas del capital (que sólo son percibidas por una pequeña capa de la población –la más adinerada) también tributan menos. Un ejemplo claro: tras la reforma, quien obtenga más de 1.000.000 de euros en dividendos por sus acciones pagará proporcionalmente igual que un trabajador o autónomo que gane 50.000 euros. Y no olvidemos que sólo el 11% de la población tiene acciones que cotizan en bolsa y que además está conformada por las familias con más recursos.

Por si fuera poco, cuando uno rebusca entre todas las medidas incorporadas en la reforma fiscal se encuentra con numerosas subidas de impuestos que han pasado desapercibidas. Montoro sólo se ha centrado en anunciar dónde va a bajar los impuestos, pero no dónde los va a subir.

"Es más cómodo negar el fraude fiscal que luchar contra él"

Jesús Barcelona, coordinador del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en Asturias.Con un altísimo porcentaje de fraude fiscal en España, los Técnicos de Hacienda se declaran desbordados. La falta de medios es el problema fundamental a la hora de plantear una estrategia que ataje el problema, en un sistema que beneficia claramente a las rentas más altas. Así lo explica Jesús Barcelona, coordinador del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) en Asturias.

-Se calcula que la economía sumergida ha crecido en España en 60.000 millones desde el comienzo de la crisis. ¿En qué sectores se concentra el fraude?
-El tamaño de la economía sumergida en España aumentó hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe "La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis", dirigido por el profesor Jordi Sardà (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona), en colaboración con el Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA).
Por desgracia, como consecuencia de la crisis económica, la economía sumergida empieza a extenderse como una mancha por diversos sectores, más allá de lo que hasta ahora había sido su ámbito tradicional en nuestro país, la construcción, el textil o el calzado. Durante los últimos meses, a nivel nacional, están llegando a la Inspección de Trabajo decenas de denuncias por parte de los sindicatos procedentes del sector servicios y el comercio.

-Hay una parte de fraude que se detecta pero un porcentaje muy elevado que no. ¿Por qué razón?
-El actual sistema tributario es muy complejo, está plagado de modificaciones, deducciones, bonificaciones, reducciones, etc. Ello origina que el control de las declaraciones presentadas requiera mucho esfuerzo y unos medios humanos de los que muchas veces la Agencia Tributaria no dispone. En tanto no dispongamos de más personal dedicado a las tareas de control, unas sanciones más severas y una normativa menos complicada, no estamos atajando el problema. En estos momentos la complejidad normativa conduce inexorablemente al fraude y a la inequidad en el reparto de la carga impositiva; las rentas altas, mejor asesoradas, son las que tienen mayores posibilidades de eludir el pago de los impuestos aprovechando las grietas del sistema, mediante mecanismos de planificación fiscal agresiva o, directamente, mediante la defraudación. Por eso a veces sentimos que tenemos las manos atadas en la lucha contra el fraude.
Mientras no se actúe de verdad, y entre todos convirtamos el fraude fiscal en un mal negocio, por las graves consecuencias económicas y penales, y por el reproche social que conlleve su descubrimiento, no conseguiremos reducir la elevada tasa de fraude que tristemente padecemos. Por extraño que parezca, el defraudador goza del derecho al carácter reservado de los datos obtenidos por la Agencia Tributaria en sus comprobaciones; de forma que no es posible publicar un listado con los mayores defraudadores del país. Sólo los expedientes tramitados como delito -una pequeñísima parte- llegan al conocimiento de la opinión pública.Agencia Tributaria
"La Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal con una estrategia de actuación claramente equivocada"
-Denuncian que somos el país europeo con menos medios para luchar contra el fraude fiscal. ¿Qué no se está haciendo?
-Efectivamente, en España contamos con un trabajador en funciones tributarias a tiempo completo por cada 1.928 ciudadanos, frente a los 729 de Alemania, los 860 de Francia, los 719 de Dinamarca o los 551 de Luxemburgo, por poner unos ejemplos. Partiendo de estos datos y si tenemos en cuenta que en España el fraude fiscal casi duplica el de los países más avanzados de la UE, a los que pretendemos equipararnos, no se explica que nosotros contemos con menos de la mitad de personal que esos países, donde los niveles de fraude son mucho menores. Ahora bien, este dato quizás sirva para explicar, al menos en parte, el alto nivel de fraude que padecemos en nuestro país, donde el riesgo de ser descubierto es -de entrada y por simple probabilidad estadística- muy inferior al que existe en países en los que existe mayor control y penas más elevadas para los que cometen delito fiscal. Pero es más: dada la congelación de la oferta de empleo público cada año que pasa disminuye la plantilla de la Agencia Tributaria.
Hace tiempo oí decir a un directivo de la AEAT que cada "peseta" invertida en nosotros revertía a la Hacienda Pública multiplicada por 30. Por ello nunca he entendido esa reticencia de los gobernantes de turno, con independencia de su color político, a incrementar la plantilla destinada a labores de comprobación e investigación. Nada sería más rentable y moralizador para una sociedad en crisis como la nuestra.

-Ustedes emiten cada cierto tiempo una serie de informes y denuncian que no son tenidos en cuenta por el Ministerio a la hora de elaborar la política fiscal. Afirman que en el fondo no se persigue el fraude. ¿Me lo puede explicar?
cartera-con-billete-Efectivamente los Técnicos de Hacienda realizamos estudios macroeconómicos con el objetivo de dar a conocer la realidad fiscal de nuestro país. A pesar de que tienen gran repercusión mediática y social, llama la atención que ni el Ministerio ni la dirección de la Agencia Tributaria los tenga en cuenta. La explicación es que para ellos resulta mucho más cómodo negar el elevado fraude fiscal existente en España. Lo contrario sería reconocer la ineficacia de la propia Agencia Tributaria, de sus actuales planes de control y de la organización y distribución de su escaso personal, para combatir esta lacra.
A nuestro juicio, la Agencia Tributaria está perdiendo la batalla contra el fraude fiscal, con una estrategia de actuación claramente equivocada, centrada en lo más fácil, como es el control de las rentas del trabajo y de los pequeños autónomos, en lugar de inspeccionar lo más difícil, que son las grandes fortunas y las empresas de gran tamaño, principales responsables de la evasión y la elusión fiscal en nuestro país.
"Nunca he entendido esa reticencia de los gobernantes de turno, con independencia de su color político, a incrementar la plantilla destinada a labores de comprobación e investigación"
-¿Está muy extendida la cultura de fraude?
-En España existe una cultura del fraude que nadie puede negar, y los ciudadanos así lo perciben. Según las últimas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 90% piensa que en España existe mucho (61%) o bastante (31%) fraude fiscal; el 73% opina que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para combatirlo; y el 75,6% cree que se deberían dedicar más recursos para luchar contra él.
Por lo tanto, en lugar de hacer como que no pasa nada o negar lo evidente, es hora de que los poderes públicos reconozcan la gravedad del problema, y se ataque de frente y con contundencia. Construyamos entre todos una cultura de tolerancia cero con la evasión y la elusión fiscal. Ello requerirá sin duda mano dura contra los defraudadores, pero también cambios normativos y un proceso de concienciación e información a la ciudadanía, empezando en los colegios. Este proceso debería ser liderado por la élite política y empresarial, que debería actuar como modelo para cambiar una sociedad salpicada por la crisis, el paro, la corrupción y los escándalos fiscales. Porque, no lo olvidemos, como dijera Einstein, "dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única".
Para nuestra desgracia, hoy por hoy, ese ejemplo no existe. Al contrario, los billetes de 500 euros, los sobres con dinero negro, las cuentas secretas en Suiza y la utilización de paraísos fiscales son noticia cada día en los telediarios. Como es lógico, esto dificulta mucho el cumplimiento voluntario y de buen grado, de las obligaciones tributarias por parte de la ciudadanía, mayoritariamente cumplidora con sus obligaciones tributarias, que -con bastante razón- se siente burlada y apaleada.

-¿Por qué se relacionan los billetes de 500€ con el fraude fiscal?
-Pagar grandes cantidades de dinero en efectivo es un engorro además de un peligro, tanto para el que paga como el que cobra. Un ciudadano normal cuando adquiere un bien o un servicio de más de cien euros lo suele pagar con tarjeta o transferencia bancaria. Nadie lleva 2.000€ en la cartera. El que utiliza este medio de pago es casi seguro que lo hace por escapar al control del Fisco y no pagar impuestos, IVA y sociedades o IRPF. El retroceso de estos billetes se inició con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, donde el pago del dinero B en operaciones de compra-venta, era habitual con billetes grandes. No obstante, el 18% de estos billetes de toda la zona euro se atesoran en nuestro país. Un porcentaje que no se corresponde con el peso de nuestra economía. Δ Desigualdad y economía sumergida


 

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