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Opinión Opinión Tratado de libre comercio contra la salud

Tratado de libre comercio contra la salud

Escrito por Carlos Miguélez Monroy 02 Mayo 2014
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Estados Unidos y la Unión Europea negocian en secreto un tratado de 'libre comercio' que afecta la salud de millones de personas.

El Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que negocian la Unión Europea y Estados Unidos, y que apenas figura en los medios de comunicación, puede perjudicar la salud de norteamericanos, europeos y de ciudadanos de terceros países. A esta conclusión llega el informe La respuesta de la sociedad civil a la lista de deseos de la industria farmacéutica que elaboraron doce organizaciones, entre las cuales está Salud por Derecho. Esta organización española defiende los derechos humanos por medio del acceso universal y permanente a servicios de salud en los países empobrecidos.

Organizadores de consumidores, miembros del Parlamento Europeo, sindicatos y grupos de salud se han puesto en guardia ante el TTIP. El impacto que puede tener en la salud de 1.000 millones de ciudadanos europeos y de Estados Unidos choca con el secretismo de su contenido. Salvo cuando se liberalizan y se producen en versiones genéricas, casi todos los medicamentos en el mundo provienen de grandes empresas farmacéuticas. Esto convierte el acuerdo en una mayor amenaza para poblaciones de otros países más vulnerables a enfermedades controladas en el mundo rico y con mayores dificultades para el acceso a tratamientos.
La Comisión Europea se ha referido al acuerdo como "la lista de deseos de la industria farmacéutica", y ha prometido llevarla a la mesa de negociación.
La sociedad civil empieza a organizarse contra esta propuesta al considerar que la nueva regulación de la propiedad intelectual alargará los periodos de derecho de patente de las empresas. Esto incrementaría los precios y podría provocar la multiplicación de nuevos fármacos con un limitado valor terapéutico, alejado de las necesidades públicas de salud.

Por otro lado, los estados tendrán menos poder a la hora de establecer políticas de precios y de reembolso, lo que debilita su poder para organizar y contener el coste de las medicinas en sus sistemas nacionales de salud. El mismo despilfarro sanitario que denuncian los defensores de la privatización de la sanidad alcanza a las compañías farmacéuticas a las que luego defienden. Eso explica las dificultades para imponerles dosis más pequeñas que fomenten el ahorro y el uso más responsable de los medicamentos. Los intereses de la industria farmacéutica condicionarán los presupuestos del ministerio de salud de los estados. Esto puede conducir a una sobrecarga sobre sistemas de salud pública de por sí raquíticos por falta de recaudación en algunos países.

El acuerdo relaja los requisitos de transparencia de los ensayos clínicos por parte de las farmacéuticas y de divulgación de sus resultados, que garantizan al paciente la seguridad de los medicamentos cuando salgan al mercado. Se limita la obligación de transparencia por los beneficios y los efectos dañinos de los medicamentos.

Los grupos de presión han conseguido introducir en el TTIP cláusulas que les dan mayor participación en la toma de decisiones políticas. Esto antepone los intereses del sector privado sobre el bien común que los ciudadanos confían en sus representantes.

Las organizaciones en defensa del derecho a la salud denuncian que el establecimiento de un estándar global del nuevo tratado puede perjudicar a terceros países. Muchos de estos países carecen de instituciones para dimensionar la protección de la propiedad intelectual en función de las necesidades de salud pública, así como para limitar los precios de los medicamentos. El aumento del poder de las grandes empresas excluirá a muchas personas del acceso a medicamentos que necesitan para conducir una vida saludable.

La Comisión Europea argumenta que este acuerdo impulsará la economía europea, pero no existe un análisis independiente que lo confirme ni que apunte hacia una creación de empleo. Esta falta de transparencia cuestiona la legitimidad de las negociaciones porque atenta contra el principio democrático que obliga a los gobiernos a informar a sus ciudadanos.

La gestación de esta tratado a espaldas de la ciudadanía incide sobre la necesidad de limitar el poder de grupos de presión en decisiones que afectan a millones de personas. Esta opacidad refuerza las sospechas de que el acuerdo no busca el bien común, sino defender intereses privados. La Comisión Europea se ha referido al acuerdo como "la lista de deseos de la industria farmacéutica", y ha prometido llevarla a la mesa de negociación, según denuncian las organizaciones que elaboraron el informe. Una vez filtrados los contenidos del acuerdo de "libre comercio", las organizaciones actúan. Lo primero es darlo a conocer a quienes puedan pasar la palabra. Δ

Carlos Miguélez Monroy. Periodista, coordinador del Centro de Colaboraciones Solidarias. CCS


 

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