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Opinión Opinión Por qué decimos que nos llevan a un régimen autoritario

Por qué decimos que nos llevan a un régimen autoritario

Escrito por Xavier Caño Tamayo 20 Enero 2014
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Avanza el autoritarismo cuando destacados dirigentes del PP afirman que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quieren 'modularla'.

Hechos. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas exigió al Estado español que investigará de una vez los cientos de miles de desapariciones forzadas del franquismo. Porque son 133.000 desaparecidos, según Amnistía Internacional y Naciones Unidas. España es el segundo país del mundo en desaparecidos forzados tras la Camboya de los jemeres rojos. Mucho más que Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay juntos bajo las dictaduras militares.

Hechos. La ONU también reclamó procesar a los responsables del franquismo de desapariciones por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pero el Gobierno Rajoy ha hecho oídos sordos (como hizo el del PSOE) y las víctimas de la dictadura franquista han tenido que ir a Argentina para encontrar justicia, bajo la tutela de la jurisdicción universal para los crímenes de guerra proclamada por la legislación internacional.

Más hechos. Manfred Nowack, relator especial de Derechos Humanos, ha criticado la falta de voluntad política para acabar en España con torturas y malos tratos a detenidos por policías. Amnistía Internacional ha denunciado torturas y malos tratos en España desde 2007 en tres completos y rigurosos informes. Y asegura que "no sólo hay malos tratos y torturas, sino impunidad de los torturadores".

Todo huele a autoritarismo, pero aún hay más desmanes. Un nuevo Código Penal y una Ley de Seguridad Ciudadana del Gobierno Rajoy que jueces, fiscales, catedráticos de Derecho, abogados, oposición y movimientos sociales critican con dureza. Porque criminalizan a la ciudadanía y violan sus derechos. Incluso el Consejo del Poder Judicial lamenta que este Gobierno supere a Franco y Primo de Rivera, pues va más lejos que esos dictadores, que nunca introdujeron la cadena perpetua en el sistema penitenciario. Y el PP sí lo hace, aunque la maquillé denominándola "prisión permanente revisable".

Para Jueces por la Democracia, esa reforma penal propuesta es ilegítima, porque la realidad de los delitos en el país no pide aumentar las conductas a castigar ni las penas. Las tasas de delitos disminuyen desde hace más de 10 años y, según Eurostat, España es uno de los países más seguros y menos violentos de Europa. Esta reforma es ilegítima por innecesaria y por crear un nuevo delincuente: el disidente político. Y eso solo ocurre en los regímenes autoritarios. Incluso desde la conservadora Asociación de Jueces Francisco de Vitoria sostienen que las propuestas de reforma penal "atentan contra derechos fundamentales de las personas, criminalizan conductas sociales y tienen un contenido marcadamente ideológico y político"

El reto ahora es lograr que una mayoría ciudadana pierda el miedo. Para que las cosas cambien. Avanza el autoritarismo cuando destacados dirigentes del PP, como Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, afirma que la ley es muy permisiva con los derechos de reunión y manifestación. Y quiere "modularla". ¿Permisiva? ¿Modularla? Quieren hacer ilegal la protesta ciudadana para reprimirla a placer. Como hizo la dictadura franquista.

Pero no solo de represión viven los autoritarios. Defienden a capa y espada sus intereses de clase. Según el fiscal Anticorrupción Luzón, en el nuevo Código Penal no hay voluntad política de acabar con la corrupción. La reforma -denuncia- creará amplios y peligrosos espacios de impunidad y será más difícil combatir la delincuencia organizada y la corrupción.

Si añadimos que la Fiscalía actúa para librar al PP de delitos por su caja B, se opone a que Rajoy declare en el caso Bárcenas, no investiga la destrucción de los discos duros del imputado ex-tesorero Bárcenas y se querella contra el juez Silva que envió a prisión al ex-presidente de Caja Madrid (muy amigo de Aznar), el escenario resultante es el propio de un régimen autoritario y bananero.

La minoría económica que tiene el poder provocó la crisis. Pasado el susto inicial, decidió que era buena ocasión para cargarse el llamado estado de bienestar y convirtió la crisis en saqueo. Con el pretexto de la falsamente necesaria austeridad. Pero la gente reaccionó. Y la minoría empezó a vaciar la democracia, ya muy tocada. Se pasaron por el arco de triunfo la soberanía de los países, colocaron a sus tecnócratas en los gobiernos y forzaron a tirar por el retrete los compromisos electorales. Y gobernó la Troika. Mientras tanto se violaban y violan derechos cívicos, políticos, económicos y sociales de la gran mayoría ciudadana. Pero como la gente no se quedó quieta (aunque aún no ha reaccionado cuanto se debiera), ahora toca represión.

En esas estamos. No solo en España. En toda Europa cuecen habas represivas. También en Alemania. Parte de la ciudad de Hamburgo ha sido puesto en estado de excepción para que la policía, identifique, registre y detenga cuando quiera. Así responden las autoridades a la magna protesta ciudadana contra el cierre de un centro cultural. Por ejemplo.

La hoja de ruta es diáfana, según denuncia la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas. El objetivo del Gobierno, en nombre de la clase económica dominante a la que sirve, es el control férreo de la sociedad con la progresiva supresión de libertades y derechos hasta un estado autoritario de facto en el que prime el control, la vigilancia y la represión. Mientras la minoritaria clase dominante financia un aparato mediático, ideológico, jurídico, y social para simular que actúa por interés general y no de clase.

Pero cuando aumenta la protesta y la desobediencia civiles, el paso siguiente es ya quirúrgico. Se recortan libertades y derechos ley en mano para amedrentar a la ciudadanía disidente y frenar o reducir la protesta. Y el estado autoritario está más cerca con el pretexto de la paz social. Hay datos que lo demuestran. En los Presupuestos Generales del Estado del Reino de España para 2014, por ejemplo, la partida para seguridad ciudadana ha aumentado un 1,8% (5.264 millones €), cuando en los otros Ministerios se ha reducido el gasto 4,7% de media.

Es diáfano. Con la contra-reforma del Código Penal, la de Seguridad Ciudadana, la Ley de Seguridad Privada (100.000 seguratas podrán identificar, registrar y detener), la futura Ley de Huelga que recortará ese derecho y la Ley de Tasas (que impide el acceso universal a la justicia porque sale caro), se pretende acabar con la protesta ciudadana. Y al mismo tiempo crear un marco de impunidad que convierta en letra muerta las garantías constitucionales de ciudadanos y ciudadanas y establecer de hecho un estado autoritario, jurídicamente justificado. Pero ilegítimo, claro.

El reto ahora es lograr que una mayoría ciudadana pierda el miedo. Para que las cosas cambien. Δ

Xavier Caño Tamayo. Periodista y escritor. xacata.wordpress.com
 

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