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Familias desamparadas

Escrito por Marta González Borraz 10 Octubre 2013
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Algunos padres temen que el estado les quite la custodia de sus hijos por no poder satisfacer sus necesidades básicas.

Una pareja entrega a sus hijos de 11 y 22 meses en el ayuntamiento por carecer de recursos económicos para mantenerlos. Algunos expertos alertan de que escenas como esta, que ocurrió en España el mes pasado, son cada vez más comunes. El desempleo, la falta de ayudas y las políticas gubernamentales impiden a muchas familias garantizar la alimentación de sus hijos.

José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, afirma que en sus 30 años de experiencia como trabajador social "nunca había visto los casos dramáticos" de los últimos años. En España la pobreza tiene rostro de niño. De hecho, según el último informe de Unicef sobre infancia, 2.200.000 niños viven en hogares por debajo del umbral de la pobreza. Ramírez denuncia el "desamparo" que sufren muchas familias, una situación que en algunas ocasiones desemboca en la incapacidad total para hacerse cargo de los menores.

Los recientes casos de padres que entregan a sus primogénitos a instituciones públicas han abierto un debate hasta ahora silenciado. Cabe preguntarse si los servicios sociales y los poderes públicos están preparados para responder a estas situaciones límite. Consuelo Madrigal, fiscal coordinadora de menores, afirma que cuando "al niño le falta sustento material o moral la Administración asume la tutela. A partir de ahí "se investiga y se intenta apoyar a la familia para evitar la separación". Almudena Escorial, portavoz de Save the Children considera que "no se debería llegar a esta situación". Los expertos coinciden en que la pobreza no puede ser el único motivo de pérdida de tutela. Lo más importante es ayudar a las familias y sacarlas de la miseria.
La crisis ha incrementado las demandas de protección, acrecentadas por la política de austeridad impuesta por el Gobierno, que ha dejado a miles de familias en riesgo de exclusión.
Para ello, el Estado pone a disposición de las personas en situación de riesgo prestaciones como las ayudas de emergencia social, las rentas mínimas de inserción o recursos para personas sin hogar. Sin embargo, estas partidas han sufrido recortes en los últimos años. Muchas ayudas ya no llegan y las que lo hacen tardan en hacerse efectivas. La Administración no es capaz de hacer frente a las consecuencias de la crisis y los servicios sociales se encuentran desbordados. Ramírez demanda que hace falta dotación económica, con profesionales e infraestructuras, y denuncia que el plan de servicios sociales de Sanidad se ha reducido un 65%.

Ante semejante escenario, los padres sin recursos se encuentran solos y con temor a acudir a los servicios sociales por el miedo a que les arrebaten a sus niños. A pesar de que la pobreza no es motivo suficiente para ello, desde Prodeni, entidad defensora de los derechos de los niños, afirman que llega a ocurrir. Una vez retirada la tutela ya no se promueve la reagrupación. Para Prodeni, la Aministración debe adaptarse a los nuevos tiempos y evitar recortes en servicios tan necesarios como estos. Además el análisis individualizado y pormenorizado de cada caso es fundamental. La crisis ha incrementado las demandas de protección, acrecentadas por la política de austeridad impuesta por el Gobierno, que ha dejado a miles de familias en riesgo de exclusión.

Para paliar las carencias, asociaciones y ONG llevan a cabo campañas de recogida de ropa, alimentos o material escolar, lo que unido a la solidaridad ciudadana se convierte en la salvación de muchas personas. Es el caso de Educo, una nueva ONG nacida de la unión entre Intervida y Educación sin Fronteras, que ha lanzado una iniciativa para que los niños malnutridos tengan la oportunidad de recibir al menos una comida completa y equilibrada al día. Lo hará a través de un sistema de becas para pagar al menos la mitad del coste del comedor en los colegios de toda España. Educo hace hincapié en que se trata de una medida temporal, pues proteger a los niños de la miseria debe ser una obligación del Estado y de los poderes públicos. Δ

Marta González Borraz. Periodista. CCS


 

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