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Actualidad Los grandes partidos se blindan ante las próximas elecciones

Los grandes partidos se blindan ante las próximas elecciones

Escrito por Carla Velázquez 22 Agosto 2011
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Mediante una reforma sigilosa de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), los partidos mayoritarios de nuestro país han asestado un duro golpe al pluralismo político al impedir de facto, la presentación de candidaturas de otras formaciones políticas mediante la exigencia de requisitos que en la práctica resultan muy difíciles de conseguir.

Hasta hace muy poco, cuando un ciudadano acudía a votar, podía elegir entre una amplia oferta de partidos y coaliciones, unos conocidos y otros no. La suma de los votos conseguidos hacía que dicho partido tuviese representación parlamentaria o no; pero con independencia a los resultados, todos los partidos tenían derecho a presentarse y los ciudadanos tenían el derecho y la libertad de votar al que quisiera.

Para presentar una de esas candidaturas había que cumplir una serie de requisitos, exigentes pero asequibles. Esta reforma sube mucho el listón y parece ser que sólo podrán cumplir los nuevos requisitos, partidos con importante respaldo económico o que cuenten con un amplio apoyo de grupos sociales, sindicatos, etc. En concreto, se exige la obtención previa de avales ciudadanos -firmas- que deben totalizar al menos el 0,1% del censo electoral de cada circunscripción; requisito que no se exige a los partidos que ya cuentan con representación parlamentaria. Estas firmas o avales sólo se pueden obtener en los veinte días posteriores a la convocatoria formal de elecciones (plazo que comienza a partir del 27 de septiembre), nunca antes, y deben ser validadas por un notario y luego ser registradas en la Junta Electoral Central. Además de plazos muy ajustados, esta reforma obliga a un gran desenvolso económico -cotejos notariales de las firmas- y a contar con un importante aparato logístico para llevarlo a cabo, requisitos bastante prohibitivos para muchos pequeños partidos.

Para que nos hagamos una idea, si aplicamos esta norma a los 98 partidos o coaliciones que se presentaron sus listas a las pasadas elecciones generales de 2008, 88 no podrían concurrir a las próximas elecciones a no ser que recogieran al menos, 0,1% de firmas de los electores inscritos en su circunscripción, y añade la norma, “ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura”.

¿Esto a quién beneficia? Sin dudar, a los grandes partidos -PP, PSOE, CiU Y PNV-, que aunque parece que continuamente se tiran los trastos a la cabeza, en esta ocasión no han tardado en ponerse de acuerdo para realizar esta reforma. Y es que ya lo decía bien claro a principios del verano José Bono en 'Los Desayunos' de TVE, "deberíamos llevarnos mejor PP y PSOE, entendernos más y que los minoritarios se queden en el lugar que les corresponde, minoritarios. Pinten o no pinten en los títeres, porque en las urnas pintan poco". El señor Bono, actual Presidente del Congreso de los Diputados, ha olvidado que precisamente el pluralismo político es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y base de nuestro Estado de Derecho. Y también olvida, porque ahí están los datos, que un 39% de ciudadanos dieron su voto a otras alternativas en las pasadas elecciones.

¿A qué obecede esta especie de blindaje de los grandes partidos? Curiosamente esta reforma se realiza con gran sigilo -se publicó en el BOE sin apenas trascendencia mediática-, en un momento de gran insatisfacción social, donde se cuestiona nuestro actual modelo democrático y se denuncia la lejanía existente entre las necesidades y preocupaciones de los ciudadanos y, los programas electorales de las grandes formaciones políticas. Esta medida desesperada, parece ser un último intento -por parte de los políticos-, de agarrarse a sus poltronas para, mientras se pueda, seguir disfrutando de un sistema al que le queda poco tiempo de vida. Intentan impedir la entrada de “nuevos competidores” que desde otras posiciones ideológicas cuestionen el actual sistema de partidos e intenten introducir cambios que perjudiquen sus privilegios. Intentan obligar a los ciudadanos a encasillarse en ideologías que no les representan por completo y pretenden borrar de un plumazo cualquier intento de mejora del sistema democrático.

Y todo ello sucede mientras la gente en la calle grita: ¡No nos reprensentan! ¡No somos mercancía en manos de políticos y banqueros! y piden una reforma urgente de la ley electoral. Mensajes altos y claros de una ciudadanía indignada que no se toma vacaciones y está dispuesta a luchar por su futuro, una ciudadanía que cada vez tiene más claro que para que una democracia evolucione es necesario un sistema más participativo, con nuevas ideas e iniciativas. Urge cambiar la ley electoral para que todos los votos valgan los mismo y se pueda acceder a otra forma de entender la política.

El próximo 27 de septiembre saldrá publicado en el BOE, el decreto de convocatoria de las próximas elecciones generales. Queda mucho por hacer y los ciudadanos no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Sabemos que no va a ser fácil, pero tenemos parte del camino recorrido: “Ya tenemos Sol. Ahora queremos la luna”, advertía una de las pancartas de los indignados. Δ

 

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