Fortalezas y debilidades del 15M

Escrito por José Manuel Lechado García 09 Junio 2011
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La protesta indignada de decenas de miles de españoles que han tomado las plazas al grito de «¡Democracia real ya!» ha servido como mínimo para ventilar el abúlico panorama político español.
El turnismo, o más bien la partitocracia surgida de la Constitución de 1978, ese gran pacto que garantizó la continuidad del franquismo por otros medios, había sumido a la población española en un marasmo conformista sin expectativas. Salvo algún estallido esporádico, la actitud del pueblo español, sumiso como pocos en el mundo, pasivo sin reparos ante la ofensiva conservadora que con la anuencia de gobiernos y grandes sindicatos «oficiales» nos roba cada día nuestros derechos y libertades y nos sume en una miseria creciente tanto moral como económica, ofrecía un espectáculo desalentador del que parecía no haber salida. El movimiento del 15 de Mayo ha roto esta tendencia y nos recuerda que hay resistencia y que existe quizá la posibilidad de un cambio.
Englobado de algún modo en el espíritu de lucha surgido recientemente en las orillas sur y este del Mediterráneo, la marea de la rebelión árabe ha saltado el muro invisible pero muy sólido que protege el derroche europeo para, desde España, contagiar al resto del Viejo Continente. Resulta vivificante contemplar tal estallido de vigor ciudadano en medio de la falsa prosperidad del consumismo. Sin embargo, hablar de «Spanish Revolution» se antoja, al menos por ahora, excesivo. Porque el Movimiento del 15 de Mayo, con todo lo que tiene de positivo, está muy lejos de ser una revolución. Por ahora no es más que un quejido, el grito de protesta de una población harta de manipulaciones, engaños e injusticias.
El movimiento del 15 de Mayo, con toda su carga de esperanza y motivación, falla en la expresión, demasiado dispersa, y en la falta de un verdadero programa de actuación que vaya más allá de lo que es una mera declaración de principios.Los últimos asaltos de la policía en Barcelona y otros lugares para disolver por la fuerza las acampadas ponen de manifiesto que la paciencia del Estado se va acabando tras el espejismo de tolerancia de las elecciones del 22 de mayo. La brutalidad de los sicarios del Estado, connatural a su oficio, no es más que la fachada de un tinglado represor cuya finalidad no es proteger al ciudadano, por supuesto, sino mantener el statu quo de una clase adinerada y poderosa que no tiene el menor interés en que las cosas cambien. Frente a esto, la protesta pacífica puede ser eficaz, y de hecho es más que probable que los porrazos de los uniformados sobre una multitud pacífica contribuyan a reanimar un movimiento que, pasadas las elecciones, empezaba a languidecer.
Y si languidecía, a pesar de las continuas asambleas, era por algo: por la indefinición de los objetivos, la gran falta de coherencia ideológica del movimiento y la ausencia de un fondo político estructurado. El sistema asambleario no es bueno ni malo per se, aunque sea una magnífica forma de democracia directa. No obstante, al intentar conformar las voluntades y deseos de todos los participantes del movimiento, las exigencias finales pueden quedarse cortas, carecer de profundidad o incluso resultar contradictorias.
De este modo el programa de Democracia Real Ya mezcla en sus 15 puntos exigencias imprescindibles con buenos deseos, propuestas muy concretas con abstracciones ideales, demandas de justicia con proposiciones que parecen añadidas para contentar a tal o cual sector de un movimiento de aluvión (en el que se han colado o intentan colarse, dicho sea de paso, muchos oportunistas) y principios universales e irrenunciables con sucesos extraídos del último telediario. En definitiva, churras con merinas. Veámoslo paso a paso y sin ánimo de ser exhaustivos.
El punto 1, que da nombre al programa y versa sobre «democracia real», es desafortunado ya en el título, al incluir el adjetivo «real», tan ambivalente. Encabezamiento aparte, el primer apartado contiene una serie de exigencias más que razonables pero carece de concreción, por ejemplo, a la hora de pedir la reforma de la ley electoral sin establecer cómo debe hacerse; o al hablar de «democratización» (de las instituciones públicas) o de «consulta pública [sobre] decisiones importantes» sin definir primero qué significan estos términos, cuya semántica es mucho más interpretable de lo que parecen creer los redactores del programa.
El punto 2, sobre «control de los grandes agentes económicos», es también ambiguo en su título, pues ¿cómo de grande ha de ser un agente económico para verse sometido a control? ¿Y qué es un agente económico? Las exigencias de este segundo punto contienen, por otra parte, un muy saludable espíritu de venganza de clase, si bien al pedir la investigación de las maniobras especulativas del capital no se exige el castigo preceptivo a los culpables de la crisis.
El punto 3, que habla del «reparto de la riqueza», define con mayor claridad una serie de procedimientos para recortar beneficios a esos culpables de la crisis, es decir, los ricos. Se puede objetar que no se diga nada concreto sobre los procedimientos ulteriores para repartir la plusvalía recuperada por el Estado.
El punto 4, sobre «política económica para el bienestar de todos», es en cierto modo continuación del anterior, aunque mucho mejor definido, con propuestas más concretas y claras. Algo parecido puede decirse del punto 5, sobre «pensión digna y derechos laborales». Un ejemplo de rigor que por desgracia no se ha seguido en todo el programa.
El punto 6, sobre «control y disminución del endeudamiento de las personas» forma en realidad un bloque con el punto 7, dedicado al «derecho a la vivienda». Llegados aquí se empieza a tener la sensación de que en su empeño por conseguir «15 puntos para un perfecto manifiesto del 15-M» los autores han realizado divisiones un tanto aleatorias del capitulado. Aparte de este detalle estético, las propuestas relativas al aprovechamiento de viviendas vacías, ejecución de hipotecas y ayudas a las familias endeudadas son demasiado generales y no necesariamente justas. Por poner un ejemplo, hay personas hipotecadas que no constituyen familia. En realidad el mero uso de este término pequeño burgués, «familia», abundante en el manifiesto, revela un sustrato psicológico muy convencional, por no decir conservador. Además, ¿qué familias hipotecadas merecen la ayuda? ¿Todas? ¿También las familias que han comprado a crédito viviendas de lujo en el extrarradio de las grandes ciudades? La falta no ya de rigor, sino de cuidado en el lenguaje, puede ser debida al apresuramiento en la redacción del programa, pero también podría ser resultado de la búsqueda, premeditada o no, de un efectismo un tanto sensacionalista, inspirado más en el telediario que en un conocimiento riguroso de los procesos económicos, sociales y políticos.
El punto 8, que habla de cuestiones ecológicas en general, es quizá el menos consistente, hasta tal punto que podría decirse que ya está logrado, pues casi todo lo que se pide figura en el espíritu de las leyes actuales (otra cosa es que esas leyes se cumplan). Pedir el «control de la contaminación» es no decir nada: ya se controla. Lo que hay que hacer es reducirla o eliminarla. Otro tanto puede decirse del «control del aprovechamiento de los recursos naturales»: está controladísimo, y ese «control» se mantiene sin tregua hasta que el recurso se agota. Más interesante, y sin duda revolucionaria, es la propuesta de nacionalización de «agua, mares, aire y bosques».
Democracia Real Ya debería convertirse en partido, presentarse a las elecciones (con un programa algo más definido que los 15 puntos)… y ganarlas. El punto 9, sobre «derecho a la educación», centra todo el problema educativo en la dualidad escuela pública-escuela privada. Si bien es más que justo reforzar la escuela pública y dejar a su suerte (o incluso prohibir, cosa que el movimiento no se atreve a exigir) la enseñanza privada, muchas cosas se quedan en el tintero. La principal, que es necesario un cambio radical, pero no tanto en la gestión de las escuelas como de los propios procedimientos educativos, que en la mayor parte del mundo, y sobre todo en España, sólo sirven para generar fracaso escolar, frustración, aprendizaje deficiente y cenutrios. Tampoco estaría de más poner mayor hincapié en la necesidad de cortar por lo sano la rápida conversión de las universidades, vía Plan Bolonia, en aularios de formación profesional de nivel medio-alto o alto para beneficio de las empresas que financian cada centro superior.
El punto 10, al hablar del «derecho a la salud», compendia todos los problemas señalados en puntos anteriores. Se habla de nuevo de «democratización» y «control», pero sin definir nada, y se comete una vez más el error de solicitar cosas que, al menos sobre el papel, ya existen, como «políticas preventivas en materia de salud». Cierto tufillo demagógico asoma a veces en este tipo de demandas poco rigurosas pero biensonantes.
El punto 11, sobre «derecho al cuidado», es de nuevo una división artificiosa del punto precedente. Como de costumbre las exigencias son tan razonables como poco concretas, lo que puede dar pie a que los partidos gobernantes, en particular los surgidos tras las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, puedan colgarse medallas diciendo que han cumplido tal o cual demanda de los «indignados». Tal vez sea éste el mayor peligro que corre el programa: la facilidad con que pueden manipularse sus buenas intenciones.
El punto 12, sobre «derecho al conocimiento», bajo apariencia de demanda de cultura gratuita confunde los términos, pues lo que solicita en realidad es privar al creador de sus derechos como propietario de sus obras. Puesto que en ninguna otra parte del programa se indica que Democracia Real Ya pretenda suprimir la propiedad privada, este punto resulta injusto, pues genera un agravio comparativo y castiga a un grupo social (artistas, escritores, etc.) que no son responsables de la crisis, ni del consumismo, ni de los muchos males que aquejan a nuestra especie (aunque quizá sí sean responsables, al menos en parte, del mal gusto generalizado).
El punto 13 es impecable en varios aspectos. Pide de manera implícita (aunque no explícita, por desgracia) la proclamación de la ciudadanía universal. Es decir, la supresión de las fronteras nacionales, que generan tanta discordia como estupidez patriotera. Sería un gran paso para una auténtica revolución planetaria, no local, que sí podría cambiar la civilización humana para que deje de ser la pesadilla que viene siendo en los últimos diez mil años. De hecho, éste debería ser el primer punto del programa, no casi el último.
El punto 14, que habla de «renta básica universal» está fuera de su lugar, pues debería ir entre los apartados que hablan de trabajo y economía. De hecho es parte desgajada de los puntos 3, 4 y 5. Además resulta contradictorio, sobre todo con las exigencias del punto 5. Por ejemplo, si se establece un más que deseable reparto del empleo, de forma que todos podamos trabajar, ¿qué sentido tiene hablar de un subsidio para desempleados? Por otro lado, pedir que esta renta básica sea financiada con los impuestos al sector financiero es caer en la trampa propagandística del Estado cuando nos asegura que la Seguridad Social sólo puede financiarse con las cuotas de los trabajadores. Es mentira: el Estado no es (o no debería ser) más que el administrador de una caja común que sirve para pagar el gasto público que financia con los impuestos. Las cotizaciones a la Seguridad Social no son más que otro impuesto y, después de todo, ¿qué más da que un servicio público se pague con cuotas, tasas o el impuesto sobre bebidas? La desinformación, el desconocimiento o el sensacionalismo parecen asomar de nuevo en esta parte del programa. Digamos de paso que pagar impuestos no es malo: lo malo es que sólo los paguen los trabajadores, y que los ricos metan luego su mano avarienta en la caja común.
El punto 15, «derecho a la buena vida», es una cachondada de cierre. Y es también el punto más fresco y con lenguaje más revolucionario de toda la lista, el único que recuerda un poquito al descaro del Mayo Francés (que tan poco se parece a este Mayo Español). Resulta curioso el contraste con la forzada seriedad, a veces un poco ampulosa, del resto del articulado.
El primer punto de un programa de cambio verdadero debería pasar por derogar sin pérdida de tiempo esa Constitución post-franquista que treinta y tres años después de ser promulgada, se ha convertido en una antigualla pensada para otra época, casi para otro país, y votada por otra gente.Hasta aquí el análisis de un programa en el que, por cierto, se echan de menos bastantes cosas. Por ejemplo, alguna referencia a la separación de los poderes públicos (inexistente en el Estado Español); o a la necesidad ineludible de suprimir el sistema burocrático de la Unión Europea, que es un verdadero cáncer continental y mundial; tampoco se dice nada de acabar con los grupos de presión que operan con toda legalidad en Bruselas y definen en inmensa medida las políticas que los gobiernos aplican sobre nuestras carnes; no se hace el suficiente comentario al terrible problema de los ejércitos y el disparatado gasto militar que sólo sirve para enriquecer a unos cuantos industriales y tener contentos a los generales; no se incide en una medida tan higiénica como sería la de retirar todo poder e influencia a la Iglesia (y a cualquier religión organizada); ni se insinúa cómo debería organizarse el Estado, hoy en día mancillado por su forma constitucional monárquica. Lo más grave, sin embargo, es que no se diga nada de manera expresa acerca del escollo en el que se rompe los huesos nuestra civilización contemporánea: el consumismo desaforado y bestial, este timo piramidal que llamamos capitalismo, la sociedad de consumo que nos arrastra de cabeza al desastre.
En definitiva, el movimiento del 15 de Mayo, con toda su carga de esperanza y motivación, falla en la expresión, demasiado dispersa, y en la falta de un verdadero programa de actuación que vaya más allá de lo que es una mera declaración de principios. Este artículo no pretende desanimar, sino todo lo contrario, impulsar un movimiento ciudadano que es no sólo deseable, sino imprescindible.
Si los participantes en este movimiento desean que se produzca el cambio social, pero de verdad, no pueden conformarse con plantear un programa que es apenas reformista. Si esperan que los gobiernos, del Estado Español o de cualquier otro sitio, suban los impuestos a los ricos o expropien las viviendas vacías, las acampadas durarán hasta que se apague el Sol (la estrella, no la puerta). Porque la única manera de aplicar el programa de 15 puntos (de momento reformista, hay que insistir en ello) pasa por ocupar el poder. Esto puede conseguirse de dos maneras. Una es por la fuerza, pero no parece la vía elegida por un movimiento que tiene como banderas la no violencia, la resistencia pasiva y el pacifismo.
El otro camino es acceder al poder de forma legal y realizar los cambios desde dentro. Para ello Democracia Real Ya debería convertirse en partido, presentarse a las elecciones (con un programa algo más definido que los 15 puntos)… y ganarlas. Cosa ésta que no parece fácil, vista la jornada electoral del 22 de mayo: en plena efervescencia de las acampadas, la mayoría de los ciudadanos acudieron a las urnas para votar a los sinvergüenzas de siempre. No debe sorprender el éxito del PP: los súbditos de derechas, poco reflexivos por naturaleza, no desean cambios, y lo cierto es que el partido conservador se limitó más o menos a mantener sus votantes habituales, y si aumentó su cuota de poder fue por el descalabro de su rival turnista, el PSOE. Lo sorprendente, hasta cierto punto, es que todavía tanta gente votara al partido socialdemócrata…
Una tercera vía, más realista y más acorde con el movimiento consistiría en dejar de darle vueltas al «acampada sí, acampada no» y emprender nuevas formas de protesta pacífica, pero activa, que mantengan viva la indignación de los ciudadanos y que, a ser posible, hagan daño al sistema (por ejemplo, retirar dinero de los bancos). Ya hemos visto que imaginación no falta: es el momento de ser resolutivos.
Si imaginamos para dentro de un año un futuro ideal en el que este movimiento de indignación no se ha disuelto y ha cristalizado en algo verdaderamente revolucionario y tal vez (ojalá) con posibilidades de alcanzar el poder, el trabajo a realizar no debería consistir en echar parches en un tejido político y social podrido, sino en aplicar un cambio total, de verdad, profundo.
El gran problema del Estado Español que sufrimos es su propia génesis a partir de un pacto entre franquistas, arribistas y advenedizos pseudo-izquierdistas para generar, tras los Pactos de La Moncloa, el ambiguo e injusto texto constitucional de 1978. Así pues, el primer punto de un programa de cambio verdadero debería pasar por derogar sin pérdida de tiempo esa Constitución post-franquista que en 2011, treinta y tres años después de ser promulgada, se ha convertido en una antigualla pensada para otra época, casi para otro país, y votada por otra gente (¿Cuántos de los más de cuarenta millones de habitantes de la España actual votaron «sí» en diciembre de 1978?).
El capitalismo es fuerte. No se le vence por las buenas y no va a ceder en su rapacidad sólo por unas protestas callejeras que, si lo considera necesario, serán aplastadas con toda dureza. Si el movimiento del 15 de Mayo concreta sus medios y sus fines podría convertirse en el primer escalón de una nueva sociedad bajo un signo de justicia, buen reparto y fin del consumismo. Si la cosa prospera, lo que es de desear, y además el ejemplo se extiende a otros países, ya se podrá hablar de revolución y quizá los seres humanos tengamos algún futuro digno de tal nombre. Δ

José Manuel Lechado. Licenciado en Filología Árabe e Islam y escritor.


 

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