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Opinión Opinión Se buscan padres

Se buscan padres

Escrito por Sara Cañizal Sardón 25 Noviembre 2010
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Se buscan padres 4.7 out of 5 based on 7 votes.
Los abusos dentro de los orfanatos han llevado al Senado español a proponer su cierre progresivo. Una medida que no beneficiará a los menores si no va acompañada de un control cercano de las familias encargadas de su cuidado antes y después de su acogida.
Los orfanatos parecen tener los días contados en España. El Senado ha propuesto el cierre progresivo de los centros residenciales de menores, que serán sustituidos por familias de acogida o de adopción. Esta medida, aplicada en otros países como el Reino Unido, sentará las bases de la futura Ley de Adopción Nacional y Acogimiento Familiar. El objetivo principal es beneficiar a los menores abandonados y desamparados al impedir que vivan sus primeros años de vida en centros estatales.
Se calcula que hay entre 35.000 y 40.000 menores tutelados por la Administración. De ellos, un 25% no ha cumplido los seis años. Estas cifras sitúan a España como el país occidental con mayor número de menores internados en orfanatos. Un hecho dramático según los expertos, que consideran que estos centros no proporcionan a los pequeños la estabilidad afectiva necesaria en sus primeros años.
El menor necesita amor y comprensión para el desarrollo pleno de su personalidad, como lo recoge la Declaración de los Derechos del Niño. Los padres tienen el derecho de su tutela pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad moral y material. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños. Sin embargo, el actual sistema no les beneficia. Los padres tienen el derecho de su tutela de sus hijos pero también la responsabilidad de ofrecerles un ambiente de afecto y de seguridad. Cuando esto falla, corresponde a la sociedad o las autoridades públicas hacerse cargo de los niños.
El menor es siempre el mayor perjudicado en las batallas de los padres por su custodia y en los largos procesos para decidir cuál es su situación; si debe ser acogido o adoptado, y dentro de qué marco: en su familia extensa o en una familia ajena, de forma urgente o por motivos terapéuticos.
Desde hace años, expertos y organizaciones no gubernamentales demandan cambios en la administración para regular estas instituciones y agilizar los trámites para que los niños pasen el menor tiempo posible en ellas. Ha habido que esperar a la presente época de vacas flacas para que el Estado haya entrado a valorar la situación de los centros de menores y tomado la determinación de desmantelarlos. Uno de los motivos de una decisión tan radical es el económico. La plaza en estas instituciones cuesta entre 3.500 y 6.000 euros, frente a los 400 y 1.000 de una familia de acogida.
El reciente estudio de Amnistía Internacional y, sobre todo, el informe del Defensor del Pueblo del pasado año, han puesto en evidencia el mal funcionamiento de algunos de estos centros y destapado los abusos cometidos en muchos de ellos: castigos físicos, maltrato psicológico y medicación forzada, entre otros. El Defensor del Pueblo ponía el dedo en la llaga. Achacaba la existencia de estos atentados contra los derechos humanos a la insuficiente regulación autonómica en la materia, que hace que las entidades gestoras dispongan de libertad para imponer un régimen disciplinario abusivo. Pedía una mayor coordinación de las autonomías, seguimientos e inspecciones por parte de los organismos responsables.
El Senado plantea que las familias de acogida sean la alternativa a estos centros y propone instaurar en España la figura del cuidador profesional: parejas de médicos, psicólogos o profesionales vinculados al cuidado y formación de niños, o aquellas personas que demuestren que están capacitadas. Estas familias cobrarán por cada menor en acogida y podrán vivir de esta actividad. Sin embargo, el informe de la comisión trata de modo tangencial lo que debería ser uno de los puntos claves de la reforma: la importancia de realizar controles durante el proceso de selección de las familias y una vez que se ha producido el acogimiento para evitar fraudes.
Los centros de menores no podrán desaparecer por el momento. Son necesarios en los casos más complejos: los adolescentes, las agrupaciones de más de tres hermanos, los enfermos o los que tienen graves alteraciones de conducta. Más allá del ahorro económico que suponen las medidas propuestas por el Senado, de poco va a servir cambiar el sistema si no se vela por la seguridad de los menores y el buen hacer de sus cuidadores. No se puede olvidar que lo principal es lograr la salud, la integridad emocional y psicológica de los niños. Δ

Sara Cañizal Sardón. Periodista. CCS.


 

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