.

Quién está en línea

Tenemos 85 lectores conectados
Opinión Opinión Empresas contra la salud

Empresas contra la salud

Escrito por Carlos Miguélez Monroy 17 Noviembre 2010
( 7 Votos )
Imprimir
Empresas contra la salud 4.4 out of 5 based on 7 votes.
Para multinacionales que ingresan miles de millones de dólares cada año, resulta más rentable pagar multas que cumplir la ley. Padecen la salud, el medioambiente y los derechos humanos.
Además de las previsiones de gastos para sueldos, seguridad social, proveedores y gastos corrientes, muchas grandes empresas incluyen en sus presupuestos partidas para multas. Parece que les resulta más económico pagarlas que cumplir la ley.
En julio, GlaxoSmithKline anunciaba a sus accionistas su decisión de reservar 1.000 millones de dólares para cubrir costes legales. La empresa tenía pendiente un litigio  que cuestionaba la calidad, la seguridad y la efectividad de algunos de sus medicamentos. Ahora pagará la multa de 700 millones de dólares que acordó con el gobierno de Estados Unidos por comercializar productos adulterados que se producían en una fábrica de Puerto Rico. Entre esos “medicamentos” se encuentran el antidepresivo Paxil, Avandia, para tratar la diabetes, y Kytril, para las náuseas.
La fiscalía donde se procesó la demanda considera que la multa servirá para que las empresas cumplan con la ley. Las ventas de GSK el año pasado superaron los 25.000 millones de dólares, mayores a las del año anterior, a pesar del estallido de los primeros escándalos. La multa equivale a un dólar por cada 35 ingresados. Comparar los ingresos por vender productos adulterados o que no habían pasado las suficientes pruebas con las hipotéticas ganancias si se hubiera cumplido la ley desvelaría la rentabilidad de cumplir la ley. El optimismo de la fiscalía se desmontaría si resultara más rentable violar la ley con su paquete de multas y procesos legales. Con estas empresas sólo parecen funcionar los acuerdos con las administraciones de turno para pagar multas o los acuerdos extrajudiciales con las partes afectadas.
Se habla de la multa, de los 96 millones de dólares que se llevará la empleada de la empresa que dio el chivatazo y de multas similares que han pagado otros gigantes de la industria. El año pasado, Pfizer pagó una de más de 2.000 millones de dólares por comercializar productos que no habían sido aprobados por la Food and Drug Administration (FDA).
Pero no se llevan a cabo investigaciones de posibles daños en quienes han consumido esos productos. Si así fuera, la empresa tendría la capacidad para afrontar arreglos extra-judiciales como los de Shell y Royal Dutch, acusadas de colusión con el gobierno nigeriano a la hora de reprimir y asesinar a activistas que protestaban por daños al medioambiente. Con estas empresas sólo parecen funcionar los acuerdos con las administraciones de turno para pagar multas o los acuerdos extrajudiciales con las partes afectadas. Muchas veces se trata de particulares en situación de desventaja ante los gabinetes jurídicos que respaldan a las grandes multinacionales. Una vez sufridos los daños, quince millones de dólares bastan para un ciudadano nigeriano que no podría asumir los costes de un juicio resuelto en su contra.
Las normativas, la falta de mecanismos legales y la falta de interpretaciones progresivas del derecho nacional de muchos países resultan insuficientes. Al no prevenir ni reparar las violaciones de derechos humanos que cometen empresas trasnacionales, dejan ver la primacía que tiene la supuesta “seguridad jurídica” que “necesitan” las multinacionales para invertir y garantizar un supuesto “desarrollo” local, aunque en contra de la población. Las derechas neoliberales utilizan la demagogia para demonizar a políticos que se han atrevido a cuestionar y a meter en cintura a empresas que hasta entonces no cumplían la ley.
Los directivos de estos gigantes multinacionales se esconden en el secretismo de sus actividades y en la personalidad jurídica de la empresa para eludir una posible responsabilidad penal. Al situar la responsabilidad en personas concretas en lugar de imponer cantidades asequibles, ésta funcionaría mejor que las multas para asegurar que las empresas cumplen con la ley.
Tanto GSK como Pfizer dicen tener programas de Responsabilidad Social Corporativa  (RSC) porque donan dinero a organizaciones de la sociedad civil para sus proyectos o porque llevan a sus empleados a hacer “voluntariado corporativo” una vez al año. La RSC se convierte en una simple operación de marketing si la empresa no cumple primero con los derechos laborales, sociales y medioambientales. Este “lavado de cara” mejora su reputación mientras se disparan las ventas. El consumidor asocia el producto con “acción social”.
La sociedad civil está llamada a replantear el papel las grandes multinacionales en los procesos políticos que salvaguardan derechos como la salud. Legislar para prohibir la financiación de campañas políticas y las actividades de cabildeo (lobbying) limitaría el daño que hacen algunas multinacionales con la complicidad de Estados vendidos. Δ

Carlos Miguélez Monroy. Coordinador del CCS y periodista. CCS.


 

Escribir un comentario

Los comentarios por parte de visitantes y usuarios registrados quedarán pendientes de aprobación, y será sometido a un importante filtrado.
No se permiten comentarios subidos de tono.
No se permiten comentarios que hagan alusión a contenido adulto.
No se permiten comentarios que insulten o agredan verbalmente a cualquier otro usuario, persona o empresa, escritos de forma incorrecta, en mayúsculas, sin tildes o al estilo SMS.
Los comentarios deberán hacerse en el lugar apropiado y tratando el tema adecuado.
Todos los comentarios que no cumplan estos requisitos serán directamente eliminados.


Código de seguridad
Refrescar