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Las políticas no se vuelven sostenibles por llamarlas así

Escrito por Ecologistas en Acción 26 Marzo 2010
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Tras la aprobación del Proyecto de Ley de Economía Sostenible para su envío a las Cortes, llama la atención la cantidad de actividades insostenibles que se incluyen en este paraguas de la Ley, y la fuerte contradicción que existe entre muchas de las medidas propuestas y las políticas reales.
Las políticas no se vuelven sostenibles por  llamarlas asíEfectivamente, el Ejecutivo ha facilitado un comunicado de prensa con una relación de iniciativas incluidas en la Estrategia para la Economía Sostenible, de la que el Proyecto de Ley aprobado el sábado pasado es la pieza central. Entre estas iniciativas llaman la atención algunas como los Reales Decretos de desarrollo de la Ley Omnibús, que son una vuelta de tuerca más en la liberalización de nuestra economía y de los servicios, cuando ha sido precisamente la falta de control y la ausencia de aplicación de criterios de sostenibilidad sobre los mercados, los que nos han llevado a la actual crisis económica y financiera. Es decir, más veneno disfrazado de medicina.
Algo parecido se podría plantear de la propuesta de reforma del mercado laboral o de otra iniciativa, la propuesta de reforma del sistema de pensiones, que en el fondo lo que promueven es que los que paguen y sufran las consecuencias de la crisis sean precisamente quienes no son responsables de ella: los trabajadores y trabajadoras.
Se habla de desarrollar una Ley de fomento de las energías renovables cuando en los últimos años se ha seguido una política de restricción y limitación de un sector, el de las renovables que estaba en claro auge.
Pero, más allá de la perplejidad que causa que muchas de estas iniciativas se puedan calificar de sostenibles, lo que llama la atención es la fuerte contradicción existente entre buena parte de las propuestas del Proyecto de Ley y las políticas reales.
Así, por citar sólo algunas de las contradicciones más llamativas, se habla de desarrollar una Ley de fomento de las energías renovables cuando en los últimos años se ha seguido una política de restricción y limitación de un sector, el de las renovables –sobre todo en fotovoltaica–, que estaba en claro auge, generando mucho empleo y aportando claras ventajas ambientales y sociales.
Se habla de promover una fiscalidad verde y de conseguir una movilidad sostenible, pero el Gobierno español se sigue oponiendo a la llamada euroviñeta –el pago por el uso de infraestructuras viarias para los vehículos de mercancías, una tasa de carácter obligatorio en la Unión Europea, motivo por el que España tiene abierto un procedimiento de infracción–, y que además sería el modo más eficaz para empujar a que más mercancías fueran en ferrocarril.
En esta misma línea, mientras se habla de “transformar el sector del transporte para incrementar su eficiencia económica y medioambiental”, se dedica durante 2010 nada menos que 19.300 millones de euros a nuevas infraestructuras de transporte, que en su mayor parte son autovías en itinerarios sin el tráfico mínimo requerido para justificarlas, o inversiones en alta velocidad ferroviaria mientras el ferrocarril convencional sigue abandonado a su suerte.
Para Ecologistas en Acción basta comparar estos 19.300 millones de euros –en buena medida destinados a asfaltar el territorio a través de políticas de infraestructuras anacrónicas–, con la cuantía que tendrá el Fondo para la Economía Sostenible, 20.000 millones de euros hasta 2011, esto es, durante dos años. Es decir, el doble de dinero para destruir que para construir una economía supuestamente, sólo supuestamente, sostenible. Δ


 

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