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La justicia en España. José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo

Escrito por Mariló Hidalgo 19 Marzo 2009
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Es magistrado emérito de la Sala II del Tribunal Supremo y acaba de ser elegido miembro de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra. Ha publicado 'La justicia en España' (Catarata) donde aborda cuestiones que preocupan a la ciudadanía.

La justicia en España. José Antonio Martín Pallín. Magistrado emérito del Tribunal Supremo.-Ha comentado que cuando terminó el libro y lo releyó tuvo la sensación de que todo continuaba igual que en los años 70. ¿A qué se debe este estancamiento?
-Creo que somos una institución reacia a romper la rutina y además la modificación aún pendiente de la Ley de Enjuciamiento Criminal permite que esta inercia o pereza se mantenga. Todo se debe a que el procedimiento es totalmente escrito y al final todas las variantes se convierten en un montón de folios que se van uniendo unos a otros y hacen que los problemas se repitan. O damos un cambio sustancial a la oralidad o los problemas se irán agravando. La oralidad es barata y efectiva, mientras que la escritura supone un dispendio de dinero.
-Para aproximarse a ese modelo que propone, ¿qué cosas deberían de cambiar?
-En algunos aspectos ya se están iniciando vías nuevas que aunque no tienen el relieve informativo, ni llaman tanto la atención como el caso de Mariluz, son sin duda experiencias muy interesantes. En algunos sitios se ha puesto en marcha lo que llamamos la "justicia de mediación para pequeños conflictos", que está dando un buen resultado. Aunque la ley no lo diga todavía, se está prescindiendo del papel y llegando a acuerdos previos. Se ha avanzado más en la conformidad aunque eso también me preocupa porque casi siempre lleva aparejado una especie de coacción del que se conforma -sabe que si no llega a un acuerdo, se puede sentar en el banquillo-. Luego están los grandes problemas que no se pueden seguir abordando con las herramientas del siglo XIX. Me refiero a temas de crimen organizado en todos los aspectos, no sólo terrorismo sino bandas organizadas de diversa índole: narcotráfico, tráfico de vehículos de lujo, fraudes como los de EEUU que en otra medida también ocurren en nuestro país y no se persiguen... Parece que aquí todo se centra en el terrorismo y por ejemplo, personas que han creado una situación (con este tipo de delitos económicos) que ha provocado angustia social, depresiones, ruinas, enfermedades, e incluso suicidios entre la población, resulta que son considerados como "ejecutivos equivocados". Hombre, eso creo que es más que una "equivocación".
-Dice se están produciendo pequeños avances y los medios de comunicación no lo recogen. ¿Existe un desconocimiento del papel de la justicia, o es que no llega al ciudadano el mensaje correcto?
-Comprendo que desde el punto de vista informativo resaltar estas cuestiones no tiene interés en las redacciones. Es frecuente que los medios de comunicación hagan reportajes los fines de semana, pero no sobre estos temas que creo que sí merecerían más atención. Hay que trabajar para ese cambio necesario de la justicia que no pasa por el aumento del número de jueces sino por una transformación profunda y serena. Un cambio al margen de los intereses de los partidos y oscilaciones políticas. La sociedad debería de tomar conciencia de esto, como ha tomado conciencia en otros temas importantes como la ecología o el cambio climático. El mundo siempre ha evolucionado gracias a los movimientos sociales, a la fuerza de los ciudadanos. Y en este sentido, hacen falta propuestas y debates. Una La justicia en Españavez que esto esté en marcha entonces sí pueden intervenir los políticos para articular estas propuestas. Esa podría ser una fórmula.

"El procedimiento que se sigue actualmente es totalmente escrito y al final todo se convierte en un montón de folios que se van uniendo unos a otros y hacen que el proceso se ralentice. O damos un cambio sustancial a la oralidad o los problemas se irán agravando"

-Ha denunciado en ocasiones frivolidad en algunos medios de comunicación, a la hora de criticar contenidos, sentencias, no guiados por la calidad de las propias sentencias sino por el estar de acuerdo o no con sus previsiones o ideología. ¿Ocurre muy a menudo?
-Sí y a veces en editoriales se intenta decir al Supremo o a cualquier otro tribunal cuál es el sentido de la sentencia que tiene que poner -más o menos- con una velada amenaza de que si no va por ese camino, va a ser objeto de una campaña pública. Los medios de comunicación en la mayoría de los casos toman partido a priori dando por sentado que los hechos son tal cual se presentan. No son neutrales y muchas veces hasta colaboran con los implicados y desprestigian a aquel que tiene que juzgar. Se hacen juicios paralelos con tanta ligereza que le puedo asegurar que en cualquier país democrático de nuestro entorno, les resultaría llamativo y escandaloso. Con todo esto el ciudadano termina con la sensación de que la justicia en este país es un caos y no funciona.
-¿Usted se ha sentido alguna vez "acosado"?
-Afortunadamente -no sé si será por la edad o porque fui un poco insensato-, no lo he sentido. Creo que esas cosas entran dentro del sueldo. Nada de eso va a cambiar mis pautas, lo que no quiere decir que siempre acierte en mis determinaciones, pero tengo claro que no influye.
-Hablando de injerencias y después de meses de espera para la renovación del CGPJ por falta de acuerdo, se consigue la renovación por unanimidad y al tiempo se denuncia que existe falta de transparencia en el proceso de elección. ¿Qué es lo más criticable de todo lo ocurrido?
-La elección de los veinte vocales no se consiguió por unanimidad sino por un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Algunos partidos no llegaron a participar ni en el diálogo previo y otros se abstuvieron de votar. Representan a un número considerable de ciudadanos españoles pero no a la pluralidad, cuestión que habría que corregir. Por otro lado en este último nombramiento pudimos asistir a un cúmulo de despropósitos que venían repitiéndose hace años. Me refiero a la sensación de acatamiento del Consejo a los dictados del Ejecutivo. Se optó por un alineamiento sin fisuras -que no puede decirse que sea genuinamente democrático-, de un candidato propuesto por el propio Presidente del Gobierno que a mi modo de ver excede las competencias que le confiere la Constitución. La división de poderes es esencial en un Estado de Derecho, es por ello que creo necesario el plantear una refundación del Consejo.

"A veces, en editoriales de algunos medios se intenta decir al Supremo o a cualquier otro tribunal, cuál es el sentido de la sentencia que tiene que dictar, con una velada amenaza de que si no va por ese camino, va a ser objeto de una campaña pública"

-El caso Mariluz ha abierto el debate en la calle sobre la necesidad de un endurecimiento de penas para pederastas. Ciudadanos y responsables políticos proponen reformar el Código Penal para endurecer las penas. ¿Cree que este endurecimiento sería positivo?
-No conduciría a ningún sitio. Salvo que una persona que hubiera cometido un hecho reprobable no supere el tiempo de prisión y se suicide, como ha pasado en más de un caso. Siempre he dicho que los norteamericanos tienen la pena de muerte y en cambio están a la cabeza en número de delitos cometidos y de presos por habitante.
-Hay mucha presión en la calle. Se han recogido miles de firmas apoyando la medida y responsables políticos se han pronunciado a favor. La mirada se dirige a los jueces...
-Dicen que se han recogido dos millones de firmas. Este es el reflejo de una sociedad que parece que tiene un sentimiento de culpa y si no manifiesta o exterioriza su indignación -como las plañideras-, no se siente buen ciudadano. Cada persona tiene que poner por encima su razón, pensar que vive en una sociedad democrática y que la política criminal la tienen que hacer los políticos asesorados por los expertos. La última palabra la tienen los políticos. Las víctimas -que me merecen muchísimo respeto particularmente en el caso Mariluz-, no pueden pretender dirigir la política criminal de este país. Un país no puede moverse a base de impulsos emocionales, eso es una temeridad.
-Las cárceles españolas han experimentado un aumento en el número de presos, el mayor de toda la democracia. Sólo en los ocho primeros meses de 2008 ha aumentado en más de tres mil personas. Y un dato curioso es que este incremento no está relacionado con un aumento del número de delitos o con mayor inseguridad ciudadana. ¿Qué está ocurriendo entonces?
-Pues que se está criminalizando con penas de cárcel -cuando hay otros recursos- y se la considera como un remedio purificador, lo que nos hace volver la vista a estadios del pasado superados. Pederastas o gente que consume vídeos de niños en internet, que son usuarios con una determinada patología sexual o inclinación sexual desviada, van a parar a la cárcel. Los malos tratos en el seno de la familia -lo que algunos denominan violencia machista-, que serían un buen caldo de cultivo para ensayar mediaciones, terapias, etc., pues también terminan en la cárcel. Si ahora en materia de tráfico la gente también termina en la cárcel y la inmigración se convierte en otro foco, por el simple hecho de la ilegalidad, todo junto hará que aumente el número de presos. Hace falta poner en marcha tratamientos alternativos como ha comentado recientemente la Directora General de Prisiones. Si sigue la situación actual esto va a estallar por algún sitio. Empieza a ser insostenible.

La justicia en España"Si ahora en materia de tráfico, la gente también termina en la cárcel y la inmigración se convierte en otro foco -por el simple hecho de la ilegalidad-, todo junto hará que aumente el número de presos y que la situación en las cárceles sea insostenible"

-Un estudio realizado por la Fundación Alternativas apuntaba que en 103 ayuntamientos de España donde antes de las elecciones había planeado la sombra de la corrupción sobre sus alcaldes, en 94 de ellos volvieron a ser reelegidos en sus cargos a pesar de las sospechas o juicios que había en marcha. En este estudio comentaban además que el ciudadano tenía la sensación de que los delitos urbanísticos prácticamente les salían gratis a los implicados. ¿Cuál es su opinión al respecto?
-No sólo es una sensación, sino que los que están directamente implicados con sus votos están encantados de que se cometan esos delitos porque les puede tocar parte del botín: propiedad agrícola para recalificar, por ejemplo. Creen ingenuamente que aquello va a ser un maná que atraerá a miles y miles de ciudadanos a consumir cordero, vino o paella. Lamentablemente todo esto demuestra que algunos no han salido de la picaresca española del llamado Siglo de Oro. En paralelo está también el trabajo anónimo de muchos ciudadanos que en sus respectivos pueblos, con bastantes inconvenientes y presiones de todo tipo, están poniendo frente a la voracidad, la racionalidad. Estos son los verdaderos héroes de esta España no visible. El votar a un detenido demuestra una escasa sensibilidad ciudadana y ética.
Por otro lado y para rematar la gravedad de la situación, la justicia en este tipo de asuntos, llega con mucho retraso -seis u ocho años- y de forma insuficiente, con lo cual no hay nada que hacer.
-¿Es difícil para un juez dejar su alma en el armario y juzgar al margen de sus convicciones?
-Yo creo que no, sobre todo cuando se explica el sentido de las sentencias y se hace en un lenguaje asequible para el ciudadano. Cuando la persona es capaz de leer y seguir el hilo argumental, podrá estar de acuerdo o no con la resolución pero al final ve que se ha hecho un esfuerzo para explicar por qué se le ha condenado o por qué se le ha absuelto. Hay una frase en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano que dice que una sentencia vale lo que valen los razonamientos. Se trata de razonar, hacer una síntesis para dar la solución adecuada y respetuosa con el Derecho y el interés general. En ese espacio me muevo y en eso consiste mi labor diaria. Por otro lado todo el mundo sabe que soy una persona de izquierdas, no lo oculto.
-¿Cuál ha sido el último piropo que le han echado como juez?
-Lo que recientemente me ha comunicado la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) con sede en Ginebra. Me han nombrado miembro de número de la CIJ, un colectivo de sesenta juristas que representan los diferentes sistemas legales del mundo. Para ello han valorado y elogiado mi trayectoria de defensa de los derechos humanos; mi independencia -que es mi único patrimonio- y sobre todo, el haber puesto el derecho al servicio de la defensa de los derechos humanos y de todas aquellas personas que en el mundo sufren persecución por causa de ello. He participado en muchas misiones en Latinoamérica y he comprobado que el derecho puede tener una utilidad. No hemos arreglado los grandes problemas pero sí hemos parado ciertas sangrías en materia de derechos humanos.

"He participado en muchas misiones en Latinoamérica y he comprobado que el derecho puede tener una utilidad. No hemos arreglado los grandes problemas pero sí hemos parado ciertas sangrías en materia de derechos humanos"

-Siempre ha estado comprometido con los derechos humanos (*), también con el medio ambiente -participa en el Consejo de la Biosfera- ¿En qué más frentes reparte sus energías?
-La verdad es que a veces pienso que estoy abusando y que puedo incurrir en frivolidad. Participo en muchos frentes a la vez, supongo que será porque tengo -modestia aparte-, cierta capacidad de divulgación y eso me permite participar en bastantes foros. No pretendo ser un magno especialista que exhaustivamente conozca cada tema en sus más mínimos detalles sino simplemente divulgar de forma entendible, cada una de las cuestiones. Soy miembro de la Comisión Internacional de Juristas, participo en el Consejo de la Biosfera, en el Comité Nacional de Bioética -nombramiento oficial del Gobierno-... Y además de todo ello, tengo que poner sentencias... (ríe).
-Permítame añadir que además de buen divulgador, lo que todo el mundo valora de usted es su nivel de compromiso...
-Parece ser que eso es lo que opinan aquellos que me llaman.Δ

(*) Ha simultaneado su actividad profesional con la defensa de los derechos humanos. Ha sido Presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de España. Presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Portavoz de Jueces para la Democracia. Colaborador de Amnistía Internacional y de la Comisión Internacional de Juristas en misiones de investigación sobre derechos humanos en Latinoamérica y Palestina. Profesor Universitario. Además publica de manera periódica numerosos artículos en varios medios de comunicación.

 

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