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Nacional Tema Los jueces hablan

Los jueces hablan

Escrito por Fusión 19 Enero 2009
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Los jueces pueden y deben reivindicar, acaba de asegurar el ministro Bermejo pero “plantear este órdago al Estado es impropio”. Por su parte, los jueces denuncian falta de medios para desempeñar su labor y el atasco judicial. Como telón de fondo se encuentra una amenaza de huelga para el mes de junio.
Miguel Angel Gimeno, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia (JpD), nos explica las reivindicaciones de este colectivo.
Jueces para la Democracia JpD-nacional. Los jueces hablan.-Varias asociaciones de jueces, entre ellas JpD, acaban de anunciar una huelga para el próximo mes de junio. ¿Cuáles son sus reivindicaciones?
-La mayoría de nuestras reivindicaciones tienen como objetivo la mejora de la Administración de Justicia.
La primera de ellas es la instauración de la nueva oficina judicial, que debe ser una realidad al menor tiempo posible. No debemos olvidar que el diseño de esta nueva oficina se remonta a más de un lustro y sólo ahora se envía el proyecto de Ley al Parlamento. Es vital que en ese diseño se delimiten con claridad las responsabilidades de todos los partícipes, pues una de las razones por las que se producen graves disfunciones en la actual oficina es porque no hay una determinación de las responsabilidades.
Puede sorprender al ciudadano, pero actualmente la oficina judicial no está incorporada al territorio de las nuevas tecnologías; interconexión entre los diferentes Juzgados de las diversas Comunidades Autónomas, digitalización de los documentos, gestión procesal informatizada, acceso a información de registros precisos, transmisión telemática, notificaciones, etc, son asignaturas pendientes.
Por otra parte, exigimos que se determine cuánto es el trabajo que razonablemente puede desarrollar un juez, y determinado esto, que se revise el número de jueces que precisa la Administración de Justicia.
También, aunque sea en último lugar, perdimos que se nos equipare en derechos sociales con los demás empleados de la función pública; que se nos asegure la conciliación de la vida familiar y la laboral. Y también que se cumpla con la Ley de Retribuciones.
-El Gobierno asegura que tal propuesta es “ilegal” y señala al CGPJ para que se pronuncie y siente un criterio jurídico. ¿Tienen los jueces derecho a manifestarse?
-Los jueces nos hemos interrogado desde hace mucho tiempo si tenemos derecho de huelga. La cuestión es poco pacífica y hay argumentos para defender tanto la postura positiva como la negativa. La realidad es que no hay ninguna norma específica.
Jueces para la Democracia estima que los jueces sí tienen ese derecho. Se afirma porque el derecho de huelga está concebido como un derecho fundamental de los trabajadores y un derecho de esa naturaleza no puede interpretarse restrictivamente. Cuestión diferente es el ejercicio de ese derecho,  dada la naturaleza sensible del servicio público de la justicia, sin duda debe ser administrado con sumo cuidado.
-El ministro Bermejo asegura que detrás de la amenaza de paro existe corporativismo desatado tras el caso del juez Tirado. ¿Hay corporativismo en las reivindicaciones?
-Corporativismo es defender privilegios para un determinado estamento, en este caso los jueces. No creo que una lectura imparcial de nuestras reivindicaciones pueda conducir a esa calificación. Todo lo contrario, la inmensa mayoría de ellas tienden a mejorar el servicio de la justicia.
Por otra parte, reclamar derechos sociales equiparables a los de otros funcionarios públicos no puede ser corporativo.
“Jueces para la Democracia quiere reiterar una vez más que cualquier reivindicación que se efectúe debe tener como objetivo la mejora de este servicio público, de cuyas disfunciones es el ciudadano el principal afectado”.
-¿Creen ustedes que hubo una intromisión del Gobierno en el Poder Judicial cuando varios de sus miembros realizaron declaraciones sobre la sanción impuesta al juez Tirado?
-Las declaraciones hechas por miembros del Gobierno fueron múltiples y de diversa naturaleza. Aquéllas que se limitaron a criticar la decisión del Consejo General del Poder Judicial, se las puede calificar de poco acordes con el respeto institucional que es exigible. Otras, las que pedían que se impusiera determinado tipo de sanción, sí fueron de intromisión. Aunque el CGPJ no es un órgano jurisdiccional y no es Poder Judicial en sentido estricto, no debe olvidarse que su función constitucional es, precisamente, la de evitar que el Ejecutivo pueda influir en las decisiones judiciales, entre otros modos, mediante el régimen sancionador.
-En estas semanas también se ha hablado de la posibilidad de endurecer las sanciones a los jueces, de modificar la LOPJ. ¿Es un pulso del Ejecutivo a los jueces?
-Esperamos que no. Jueces para la Democracia no se opone a que se revise el régimen sancionador de los jueces, siempre que no se utilice como “arma arrojadiza” contra la independencia judicial y no pierda de vista la exigible proporcionalidad. También conviene decir que es mucho más prioritario hacer realidad una oficina judicial en la que todos sus partícipes tengan claras sus responsabilidades, dotándolos de las facultades y medios para que las puedan hacer efectivas.
-Las principales víctimas del estado actual de la Administración de Justicia son los ciudadanos. ¿Qué lectura deben hacer de lo que estos días están presenciando con tanta declaración cruzada? ¿Qué idea debe prevalecer en la opinión pública?
-Jueces para la Democracia quiere reiterar una vez más que cualquier reivindicación que se efectúe debe tener como objetivo la mejora de este servicio público, de cuyas disfunciones es el ciudadano el principal afectado. Es indispensable que el Gobierno, el CGPJ, las Asociaciones Judiciales y los mismos jueces nos pongamos de acuerdo en el único objetivo atendible: la mejora de la Administración de Justicia. Δ
Foto: JpD
 

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