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Hablando sobre la muerte. Eutanasia y suicidio asistido

Escrito por Carolina Fernández 07 Noviembre 2008
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¿Quién debe decidir sobre la propia muerte? La mayoría de la sociedad aplaudiría la apertura del diálogo sobre un tema que incomoda especialmente a los sectores más conservadores. Eutanasia y suicidio asistido, a debate.

tc3Algo parece que está claro, y es que hay que dar pasos adelante. El caso de Inmaculada Echevarría, que decidió ser desconectada del respirador que la mantenía con vida, o anteriormente el de Ramón Sampedro, a quien le fue administrado un fármaco letal por una tercera persona, mantienen abierta la necesidad de avanzar en una legislación que se queda corta para la mayoría de la sociedad española.
El pasado mes de septiembre, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía anunció que preparaba una Ley sobre Muerte Digna que -según quienes la promueven- apura hasta el límite lo establecido sobre eutanasia y suicidio asistido, ambos ilegales en la actualidad. Seguidamente el gobierno anuncia que regulará el suicidio asistido, para evitar diferencias entre los territorios a la hora de garantizar una muerte sin sufrimiento, a la vez que otras comunidades, como Cataluña, se apuntan a secundar iniciativas en esta línea, después de haber promovido el Testamento Vital en su territorio. Algo se mueve, aunque con demasiada lentitud para los que esperan.
El gobierno define su posición por boca del Ministro de Sanidad, Bernat Soria, quien afirmó que se prepararán los cambios que sean necesarios para garantizar a los enfermos terminales que no soportarán inútiles agonías porque "en España es completamente legal el derecho a no padecer", matizando además que es cada uno el que debe decidir sobre su propio cuerpo, y no la Iglesia o un partido político. Y es que en España es legal la limitación del esfuerzo terapéutico, así como la sedación terminal, sin embargo la realidad es que la aplicación de las medidas indicadas en cada caso varían en función del signo de cada comunidad autónoma, de cada hospital, o incluso de cada médico.
Por eso, es urgente una regulación que establezca con claridad cuáles son los derechos exigibles por todos los españoles, y no sujetos a la interpretación puntual de las leyes.

¿Cuestión de ideología?

Hay que resaltar que el tema arrastra una importante carga ideológica, como tiene el aborto o lo tuvo en su día el divorcio, aspectos que son referencias del avance de nuestra sociedad. En este caso, si bien sería demasiado simple dividir el asunto entre izquierdas y derechas, la realidad es que hay sectores definidos y posicionados. Existe una masa importante de opinión crítica que pide primero, debate; luego revisión de la ley y por último ampliación, siguiendo los criterios que marque el conjunto de la sociedad. Hablamos del Partido Socialista y otros de corte progresista. La otra cara, la conservadora, se atrinchera en sus posiciones, a la vez que se ha arrogado el papel de "guardiana de valores". Hablamos ahora de Partido Popular y también de la jerarquía eclesiástica, liderada por la Conferencia Episcopal. Salvo excepciones, este sector no participa en una discusión argumentada, que ayude a trazar la raya de lo que la sociedad está preparada para aceptar y lo que no, sino que hace suyo el refrán "a río revuelto, ganancia de pescadores". Apuestan por la política del lío y de la confusión. Así se explican expresiones desafortunadas que aluden al genocidio nazi o a los asesinatos masivos, o declaraciones tan fuera de lugar como las del portavoz del PP, González Pons, que equiparó el suicidio asistido con una forma de "liquidar al personal con cargo a la seguridad social". Es dudoso que de estas afirmaciones acabe saliendo un debate razonado. Lo cierto es que entre lo extremo de algunas posturas y la falta de información general, la sociedad anda algo confusa. Confusa en lo relativo a la forma, más que al fondo. Confusa en cuanto a los términos y en lo que se refiere a los límites de la legalidad. Porque hay que decir que el asunto maneja tal guirigay de vocablos que es fácil no saber de qué hablamos.
¿Y de qué hablamos? Fundamentalmente de la decisión expresada de morir, la voluntad firme, inequívoca y mantenida en el tiempo por parte de un ser humano que considera que atraviesa un sufrimiento insoportable causado por una enfermedad terminal o alguna otra circunstancia no reversible. En el caso del suicidio asistido, cuya futura regulación ha aparecido repetidamente en los medios de comunicación en las últimas semanas, quien desea morir recibe la ayuda de un tercero, médico generalmente, que le facilita los medios para que la propia persona pueda provocarse la muerte. Esto significa: respeto a la voluntad del paciente terminal y cobertura jurídica a los médicos que lo asisten. Con una ley que lo regule, se evitarán situaciones dolorosas, tanto para los pacientes como para aquellos que prestan su ayuda.
Es diferente cuando alguien debe provocar la muerte del sujeto porque éste se encuentra César Caballero asoc-DMD. Hablando sobre la muerte. Eutanasia y suicidio asistidoincapacitado para hacerlo por sus propios medios. Hablamos entonces de eutanasia voluntaria.

"Existe una falta de coraje por parte de los políticos de izquierdas y de derechas para afrontar lo que es un derecho de los ciudadanos, y por tanto independiente del concepto de pecado que inculca la religión" (César Caballero, portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente)
La asociación Derecho a Morir Dignamente lleva años tratando de que las autoridades entren en el debate para la legalización de la eutanasia. Además, ofrecen información y asesoran jurídicamente a quienes lo necesiten. Para ellos, el suicidio asistido es una de las herramientas que le quedan al enfermo terminal que aún posee algo de autonomía para provocarse la muerte. De la misma manera que ya son herramientas a disposición de todos los españoles, el Testamento Vital o el derecho a la limitación del esfuerzo terapéutico o a rechazar un tratamiento. En el caso del suicidio asistido -subrayan- no debe existir ningún problema ético, puesto que no es necesaria la intervención directa de una tercera persona. Esta y otras organizaciones lo consideran un paso previo antes de la necesaria despenalización de la eutanasia. Si no fuese así, aquellos enfermos más débiles, los que no pueden valerse por sí mismos, no tendrían ninguna posibilidad de decisión.

La Iglesia critica

El tema se toca siempre con tiento, a pesar de que las encuestas privadas que se hacen todos los años reflejan que la sociedad española reclama un cambio. El CIS hace casi una década que no pregunta al conjunto de la sociedad, pero sí sondea a los jóvenes regularmente. La conclusión es la misma: hace falta dar pasos. El caso es que a nivel político la muerte no es un tema rentable, mayormente porque no produce un rédito electoral interesante. Los más afectados, los enfermos terminales, no constituyen un grupo de presión, evidentemente. Y sus familiares, en muchas ocasiones, no se encuentran en el mejor momento para embarcarse en trifulcas políticas o jurídicas. "El debate hay que abrirlo, sí, pero sosegadamente -explica César Caballero, portavoz de la asociación Derecho a Morir Dignamente-. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de eso, porque cada vez que se plantea el tema la Iglesia saca las uñas, y, por su parte, el Partido Popular no quiere entrar en temas morales. Y eso a pesar de que el 60% de sus votantes están a favor de la despenalización de la eutanasia. Son los dirigentes del partido, los que no son capaces de afrontar el tema en sus justos términos".
Es uno de los temas que hace que la Iglesia entre en escena con la artillería pesada: la defensa a ultranzaHablando sobre la muerte. Eutanasia y suicidio asistido. Puerta del derecho a la vida; el deber del estado de protegerla con todos los medios posibles, aún cuando su portador haya manifestado explícitamente un deseo contrario; y la dignidad de la muerte natural, sea en las condiciones que sea. "En temas como éste, que no son dogmas de fe sino que son interpretables, habría que hablar en realidad de dos iglesias: la jerarquía, que está en contra de la eutanasia y el suicidio asistido; y la Iglesia formada por los católicos de a pie, que mayoritariamente están a favor", explica Caballero.
"La Iglesia -continúa- condiciona bastante porque tiene mucho poder en los países occidentales, especialmente en España e Italia. Tienen peso a nivel social y también económico, porque cuando ellos hacen campañas contra la eutanasia se gastan lo equivalente a nuestro presupuesto de los próximos treinta años. Con eso no podemos competir. Pero sí podemos subrayar la falta de coraje de los políticos de izquierdas y de derechas para afrontar lo que es un derecho de los ciudadanos, y por lo tanto independiente del concepto de pecado que inculta la religión".

El caso del Hospital de Leganés creó un clima de inseguridad y temor entre pacientes, y dejó a los médicos con miedo ante una práctica legal pero fácilmente dada a equívocos y tergiversaciones interesadas

Médicos con miedo

Lo sucedido en 2005 en el Hospital Severo Ochoa de Leganés dejó una huella profunda en la sociedad. En aquel momento, una denuncia anónima alertó a las autoridades sobre unas presuntas sedaciones irregulares. La noticia saltó a los medios de comunicación e inmediatamente la Comunidad de Madrid tomó medidas drásticas sin que previamente hubiera ninguna resolución judicial. Los médicos implicados fueron cesados, acosados por las autoridades sanitarias y finalmente absueltos de todas las acusaciones de mala praxis, sin que se produjera por parte de la Comunidad de Madrid un solo gesto para reparar el daño causado.
En este sentido, según explica César Caballero, el Código Penal es claro: no están penalizadas las sedaciones a enfermos terminales. Esto abarca incluso la sedación de enfermos irreversibles sobre cuya evolución no existe un pronóstico de tiempo -por ejemplo, en estado vegetativo-, siempre que haya quedado constancia de su deseo en el Testamento Vital. "Es distinto cuando no existe consentimiento expreso del paciente, y hay que hablar con la familia para aplicar una sedación. Ahí aparecen los problemas de interpretación.Hablando sobre la muerte. Eutanasia y suicidio asistido. Pastillas Es importante modificar la ley para que tanto los pacientes como los médicos tengan seguridad jurídica".
En el caso del Hospital de Leganés, el episodio creó un clima de inseguridad y temor entre los pacientes, y dejó a los médicos con miedo ante una práctica legal, pero fácilmente dada a los equívocos y también a la tergiversación interesada. Al no tener una cobertura legal clara, son muchos los profesionales que a partir de entonces se han negado a suministrar sedantes por temor a posibles denuncias o represalias, y se generó cierto temor injustificado en torno al tema de los cuidados paliativos. Quien más perjudicado sale es el paciente, que se ve abocado a una muerte dolorosa, con padecimientos que podrían ser evitados.

"Nadie, ni políticos, ni jueces, ni policía quieren entrar en el tema, pero sí, todos los años se practican suicidios asistidos y eutanasias, pero como se hacen en el ámbito familiar, a petición expresa del enfermo, pues no pasa nada" (César Caballero)

El límite de la legalidad, ¿dónde?

Las sedaciones no son ilegales. En principio se pueden considerar una buena práctica médica y deberían realizarse porque de la Constitución emana el derecho a no sufrir. "Si un médico que tiene la posibilidad de quitar el sufrimiento al final de la vida y no lo hace, atenta contra la integridad moral y física del paciente, y por tanto puede ser llevado a los tribunales", advierte César Caballero.
Pero si hablamos de suicidio asistido, la raya es más confusa. Así lo explica el portavoz de la Asociación DMD: "El límite de la legalidad, por ejemplo, llega hasta la complicidad en el caso del suicidio. Esta complicidad está despenalizada en España, en cambio está penada la cooperación necesaria con actos directos para la muerte de otra persona". Según esto, no debería haber penalización por acompañar en el suicidio, por facilitar información de las sustancias que tiene que tomar una persona para provocarse la muerte, o dejarle el acceso a los fármacos. Es legal darle facilidades a una persona que es autónoma y que podría provocar su muerte de cualquier otra manera. En cualquier caso, todo está sujeto a interpretaciones. Si se apuran los textos legales, pueden producirse situaciones tan sorprendentes como las que explica el portavoz de la asociación: si una persona suministra sustancias a un médico o a farmacéutico enfermo, es decir, a alguien con conocimientos o con un nivel cultural que le permita acceder a la información que necesita, sería complicidad y no estaría penalizada. Sin embargo, si se le facilitan datos a una persona que por su nivel socioeconómico o cultural no puede conseguirlos de otra forma, estaría incurriendo en "cooperación necesaria", que sí está penalizada.
En realidad, son muchos los expertos en leyes que consideran que el suicidio asistido está en realidad despenalizado en España, excepto en los casos en los que el enfermo no tiene autonomía. Siguiendo esa línea, diríamos que el caso de Ramón Sampedro estaría penado, no así el de Madeleine Z, la mujer enferma de esclerosis lateral amiotrófica que se quitó la vida en Alicante a comienzos de 2007, acompañada por voluntarios de la asociación.
"El límite es bastante arbitrario", advierte César Caballero. "Nadie, ni políticos, ni jueces, ni policía quieren entrar en el tema, pero sí, todos los años se practican suicidios asistidos y eutanasias, pero como se hacen en el ámbito familiar, con las personas cercanas y los amigos a favor, a petición expresa del enfermo, pues no pasa nada. Es la diferencia entre quien tiene acceso, recursos, conocimientos, un nivel alto en la sociedad, y quien no los tiene. Es decir: cuanto más pobre es uno peor lo tiene".
La esperanza de muchos es que se abra una discusión madura en el ámbito político y social, y que se avance para acabar con las interpretaciones arbitrarias. Es necesario establecer con claridad cuáles son los derechos que pueden reclamar todos los españoles a la hora de decidir sobre su propia muerte.

 

Comentarios   

 
0 #1 Francisco Martín Acris 09-11-2008 23:36
Refiriendome concretamente a enfermos terminales de CANCER, nadie tiene conocimientos suficientes para decir cuando debe morir un enfermo, que la medicina convencional califique de IRREVERSIBLES estos casos "terminales" no autoriza ni etica ni moralmente estas decisiones porque sus conocimientos sobre la enfermedad son practicamente NULOS. Se puede hacer muchos más por los enfermos de CANCER, pero como indica el Dr. Antonio Brú, todas las tecnicas encuentran una barrera infranqueable y una gran oposición por parte de los integrantes del SISTEMA.
100.000 óbitos por cáncer el pasado año 2007, es la expresión dramática y elocuente del fracaso de los tratamientos convencionales, esta cifra escalofriante justifica un cambio radical de los tratamientos, sin embargo, podemos comprobar que existen poderes supremos que mantienen la vigencia del sistema CUESTE LO QUE CUESTE.
Saludos
Francisco
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0 #2 Mario Saladich 08-12-2008 03:37
Algo de lo que a mi juicio se habla poco, es sobre los mecanismos de control que necesariamente habrán de crearse para garantizar, en el caso del suicidio asistido, que sea el propio paciente el que realmente desee y solicite su muerte. Es decir, que su solicitud no sea producto, en ningún caso, de la presión psicologica que las personas de su entorno puedan haber ejercido sobre él.
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