Los privilegios de la Iglesia española

Por fin parece que el Gobierno se ha decidido a centrarle un poquito las ideas a la Iglesia. Y nos parece una decisión magnífica, la verdad, porque la relación de la Iglesia católica con el Estado español lleva décadas fosilizada. Eso es una evidencia que cualquier observador de la sociedad mínimamente espabilado puede certificar.

Como también es una realidad que no ha habido gobierno hasta el día de hoy que se haya atrevido a toserle a la Santa Madre ni a lidiar con la tempestad que eso iba a provocar. Está anunciado: ay del que se atreva a poner las cosas en su sitio, o dicho en su propio lenguaje y para que nos entendamos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dinero, vaya. Hace siglos ya que la Iglesia confunde deliberadamente al César con Dios, por lo que nombrarle el tema económico es un pecado rayano en lo mortal. Así las cosas, la relación de nuestro supuestamente “estado laico” con la Iglesia Católica se rige, por si queda alguien en este país que no lo sepa, por un concordato firmado con la Santa Sede en el año 56, durante la dictadura franquista, y renovado en el año 76 y 79.Son conocidos como Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos, Económicos, Educativos y Culturales, y en la práctica suponen un compromiso con la Iglesia Católica que la coloca en un lugar de claro privilegio frente a otras confesiones, especialmente en cuestiones económicas. El problema de esto es que mal que les pese a algunos en este país existe una Constitución que en su artículo 16.3 especifica que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Con eso en la mano, parece que urge ya desde hace tiempo la revisión de un concordato anacrónico de dudosísima constitucionalidad, pero ¿quién se atreve a ponerle el cascabel al gato? Nadie hasta ahora. Durante la legislatura anterior, y a pesar de las peticiones, el Gobierno no quiso remover más unas aguas que ya estaban suficientemente turbias. Claramente: no hubo agallas para sumar un tema más a la que ya era la “legislatura de la crispación”. Ahora, con suma timidez, hay que decirlo, la vicepresidenta ha anunciado que se llevará a cabo la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. Será, según se adelanta, una modificación suave. El anuncio hablaba de “avanzar en la condición de laicidad que la Constitución otorga a nuestro Estado”. Lo cierto es que hablar de “un avance” en un punto explícitamente reconocido en la Constitución, y teniendo en cuenta que la Constitución ya está en la treintena, parece fuera de lugar. A estas alturas la jerarquía católica ya tendría que estar colocada en su sitio, es decir, ni más ni menos que al lado del resto de las confesiones religiosas y con un sistema de autofinanciación ajustado a sus posibilidades. No estaría mal teniendo en cuenta que el caso español es único: no existe otro país en el mundo tan generoso con la Iglesia Católica con cargo a los presupuestos del Estado. Evidentemente, las otras confesiones se quejan, y no es de extrañar, la Iglesia Católica recibe cuatro mil millones de euros anuales en diferentes conceptos, mientras que el resto recibe sólo cinco y para repartir. O todos o ninguno.
El caso es que eso de codearse con los demás no está en la filosofía de la Iglesia, ni en su intención, ni en el ego de la jerarquía, que exige el mantenimiento de la situación de privilegio heredada del nacionalcatolicismo. En España, la Conferencia Episcopal ha dejado clara su intención de presentar batalla contra todas las cuestiones que se contrapongan a sus planteamientos. El regreso de Rouco Varela hace presagiar una actitud beligerante en línea con la que mostraron durante la pasada legislatura, cuando tuvimos ocasión de ver a los representantes de la Iglesia manifestándose en las calles, pancarta en mano, contra mil y un asuntos, desde la Ley de Calidad hasta el matrimonio homosexual. Qué no veremos entonces cuando se haga el amago de tocarles el bolsillo.
Animo, señores del Gobierno, y al toro. Que ya es hora de poner a cada uno en el lugar que le corresponde.