-¿Por qué era necesaria una reforma de la Ley de Calidad y sobre qué puntos fundamentales incidiría?
-Una reforma sobre la llamada ley de calidad (LOCE) es inevitable. En primer lugar a causa de la propia incapacidad de esta ley para abordar y solucionar los actuales problemas del sistema educativo: el escaso gasto público educativo; las insuficientes medidas de apoyo y atención a la diversidad de los alumnos; la falta de plazas públicas en tramos como el 0-2 y 3-5, así como la carencia de Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior en casi la mitad de los institutos y muy numerosos centros concertados; el distanciamiento y falta de compromiso de la educación con los retos morales y políticos que la sociedad demanda (papeles sociales iguales para varones y mujeres, interculturalidad, tolerancia, solidaridad...); el sesgo social (en contra de los alumnos provenientes de familias más desfavorecidas) del fracaso escolar y la manipulación de éste; la importante falta de control social y de la comunidad educativa de los fondos entregados  a los centros privados (conciertos); la desigualdad en las condiciones de trabajo y salariales de trabajadores, pagados con fondos públicos, que realizan similar trabajo; la reducción en la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, etc...
Además era imposible aplicarla por sus propios problemas organizativos y de financiación: sin un catálogo de cualificaciones al que poder referir el contenido modular de los PIP (programas de iniciación profesional), sin una distribución por centros de éstos y de los itinerarios, sin financiación para la gratuidad del 3-5, etc..., no se podía implantar la LOCE.
Por último, al aislamiento social (una ley contra las organizaciones mayoritarias de padres, profesores y alumnos) ha correspondido el aislamiento político: sólo la ha apoyado el PP y Coalición Canaria (al contrario que la LOGSE) y el debate político en el parlamento, con un tiempo de escasos segundos por enmienda, ha sido un remedo y una burla de un debate de altura sobre la educación que necesitamos.

-Estudiantes en la calle y asociaciones estudiantiles han exigido al Gobierno que garantice de una vez por todas la oferta de plazas en centros públicos; que se cuente más con ellos en el transcurso de la vida escolar. ¿Este tipo de cuestiones están contempladas en esta reforma?
- De la reforma de la LOCE no se sabe mucho, pero hay unas referencias claras: el texto de la enmienda alternativa que el PSOE presentó en el debate de totalidad de la ley de Calidad; lo que dice al respecto su amplio programa electoral de educación y lo que pidió la comunidad educativa en la calle. La Constitución (art. 27) obliga al Estado a garantizar el ejercicio del derecho a la educación con una programación general de la enseñanza en la que los poderes públicos deben tener la iniciativa (inversiones). Respecto a que los estudiantes recobren en el Consejo Escolar un papel de participación decisiva en la elección del director, hay -desde el PSOE- mensajes contradictorios y preocupantes. Véase la reglamentación tan poco participativa que ha hecho la Consejería de Extremadura (en manos del PSOE) para la designación del director y la ausencia de referencias a este tema (director elegido por el Consejo Escolar) en los comunicados del Gobierno.

- ¿Para cuándo el acceso a un sistema educativo laico, respetuoso con el resto de creencias y tradiciones y sin privilegios de ningún tipo como hasta ahora viene sucediendo?
- Sobre este tema hay algunas iniciativas que nos permiten albergar cierta esperanza: suspensión de la obligatoriedad de cursar el área de educación religiosa y vuelta a la situación anterior (RD de 1994): religión confesional voluntaria, no evaluable... Y, sobre todo, la revisión de los Acuerdos España-Vaticano, en los que hay una confusión deliberada entre el derecho a la educación (incluyendo todas las religiones y sus manifestaciones artísticas, literarias, filosóficas,... pero impartida por el profesorado) y el derecho a la transmisión de una ideología o creencia religiosa, algo personal y voluntario y que no es competencia del Estado cuya labor es velar por que no se limite.